¿Ajustando mecanismos o apretando tuercas?

Elías Amor Bravo, economista

Una de cal y otra de arena. Así parecen desenvolverse las actuaciones que se vienen desarrollando en la economía castrista hacia los llamados “cuentapropistas”. A pesar de que fuentes oficiales cifran en 436.342 cubanos (menos del 4% de la población) los que han elegido esta vía para desarrollar sus vidas, lo cierto es que dificultades no les faltan. En Granma, lo ha dicho con claridad meridiana un asesor de la ministra de trabajo, “los principales cambios en la nueva legislación están relacionados, de manera general, con la necesidad de adicionar nuevas figuras, eliminar limitaciones en el ejercicio de algunas actividades, así como definir mejor la denominación y el alcance de cada una de ellas... En esencia, desplegar esta forma de empleo con orden y disciplina”.

Estas declaraciones se producen en un momento en que el régimen ha autorizado, y cito textualmente, “diez nuevas actividades y comienzan a otorgarse autorizaciones para otras ocho que estaban suspendidas, pues no se contaba con un mercado lícito para adquirir las materias primas, equipos y otros insumos”.

¿Qué actividades son? Enumero algunas: “chapas de acero y de aluminio, recorterías de mármol, chatarra de aluminio y de bronce, barras, tubos de diferentes formas, máquinas de pulir pisos y botellones de oxígeno y acetileno”. Todo construcción, que se encuentra en uno de sus momentos más bajos. Y además, no se autorizarán en todo el país.

Además, la idea de las autoridades es velar “por la procedencia lícita de la materia prima utilizada en cada una de las actividades”. ¿Qué quieren decir con ésto?

Al parecer, el régimen califica como “deformaciones”, y emprende una guerra para eliminarlas, determinados comportamientos mercantiles que están en la esencia de cualquier negocio por cuenta propia. A saber, cuando el proveedor elegido no es adecuado (porque no suministra en plazo, precio y cantidad negociadas) se busca otro. Al régimen, no le gusta este tipo de liberalidades, que califica como “deformaciones”. Y así, carga contra “los productos comprados en las tiendas para luego revenderlos, lo que ha generado constantes opiniones entre la población que se queja del desabastecimiento y los altos precios impuestos por los acaparadores”

Un ejemplo, el que desarrolle una actividad por cuenta propia como "Carretillero o vendedor de productos agrícolas en forma ambulatoria", no podrá comercializar bienes importados. Del mismo modo, el "Modista o sastre" y el "Productor o vendedor de artículos varios de usos en el hogar", no podrán vender mercancías adquiridas en la red comercial ni importados, justificando ello porque pagan pocos impuestos y aranceles, lo que es un argumento falaz, ya que si pudieran aumentar su escala de producción pagarían también más impuestos y el estado recaudaría más.

Las autoridades no quieren que se compren mercancías en los establecimientos del Estado para luego “especular con ellas”. Lo que hay que preguntarse es por qué esas mercancías no se venden por el estado a los consumidores, y tratar de poner solución al problema, si realmente existen. De nada han servido regulaciones intervencionistas y predelictivas, tan características de la dictadura castrista, como el fatídico Decreto Ley 274 "De las contravenciones personales de las regulaciones del trabajo por cuenta propia", en el que se establece en el artículo 3.13 que “una de las infracciones es, precisamente, la venta de productos industriales que se adquieran en la red de establecimientos”, o el Código Penal castrista que señala en su apartado 230 “que incurre en delito quien obtenga mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia”. Más claro, ni el agua.

Ser trabajador por cuenta propia en la economía castrista se está convirtiendo en una pesadilla. No me extraña que cada vez sea mayor el número de abandonos. De ello no ofrecen cifras oficiales las autoridades pero quienes viajan a la isla a visitar a sus familias encuentran en el barrio y entre los conocidos numerosos experimentos fracasados por la intervención administrativa y las deficientes políticas del régimen.

No creo, como dicen en Granma, que “el fin de estos ajustes sea continuar desarrollando las actividades no estatales, buscar un clima de confianza y legalidad en el ejercicio de esta forma de gestión nacida para generar empleos, elevar la oferta de bienes y servicios a la población, y permitir que el Estado se concentre en actividades trascendentales para el desarrollo económico”. Demasiado bonito para ser cierto. Más bien todo lo contrario.

Limitar un sector en su fase de nacimiento, es ahogar sus expectativas de crecimiento. Las bases del funcionamiento de una economía se encuentran en el respeto de los derechos de propiedad, la eliminación de normas absurdas como el odio hacia el lucro y la ganancia, que son la base del funcionamiento de cualquier sociedad próspera. El estado se debe limitar a la regulación. Las contradicciones acabarán por enterrar un sistema que no sabe qué hacer para sobrevivir, pero que ya está condenado a muerte. Lo veremos.



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