El derecho humano a la propiedad privada y el régimen castrista

Elías Amor Bravo, economista

Hoy 10 de diciembre se celebra el día internacional de los derechos humanos. 65 años de la declaración firmada en París, un día como hoy en 1948. Un gran logro para la humanidad que ha servido para consolidar sistemas políticos democráticos, responsables e inspirados en los principios de la libertad y el respeto a la persona.

Los derechos humanos abordan un amplio conjunto de prioridades. Durante décadas, numerosos países construyeron sus sistemas políticos bajo principios ajenos a la Declaración de los Derechos Humanos. Por suerte, tras la caída del muro de Berlín, la guerra fría de la segunda mitad del siglo pasado quedó atrás, y en la actualidad, salvo contadas excepciones, la mayoría de países del mundo respeta y practica los derechos humanos en sus sistemas políticos.

Por desgracia, uno de los países en que la Declaración sigue sin ser aplicada de forma efectiva es Cuba, bajo la dictadura castrista imperante por más de medio siglo. Un buen ejemplo de ello es el derecho referido en el artículo 17º de la Declaración de los Derechos Humanos, donde se contiene el enunciado básico que convierte a la propiedad en un derecho. De forma explícita, se afirma que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Para añadir a continuación, que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Un derecho que el régimen castrista no sólo no respeta, sino que pisotea continuamente y se niega a aceptar. Una ola de confiscaciones que se inició en los primeros momentos de la llamada “revolución” y que culminó con la odiosa nacionalización de toda la propiedad en 1967, lo que supuso de facto, la erradicación del derecho de propiedad en Cuba.

En tales condiciones, se puede interpretar como una flagrante agresión a un derecho humano fundamental la prohibición de los cubanos al acceso a la propiedad privada, a los activos de todo tipo que permiten a las personas construir un patrimonio con el que afrontan situaciones de crisis. En ausencia de un marco jurídico de derechos de propiedad que rija el funcionamiento de las instituciones de la economía, el régimen castrista viola de manera sistemática, un derecho humano fundamental de las personas.

En segundo lugar, la prohibición expresa del ejercicio del derecho a la propiedad incrementa la dependencia del estado, lo que refuerza el carácter totalitario del régimen comunista, que posee así un control indirecto sobre la vida de las personas que trasciende el marco político y administrativo. Control político que se ejerce no sólo desde las edades tempranas, sino a lo largo de toda la vida, y que impide desempeñar la libertad de elección como móvil principal de las decisiones individuales.

En tercer lugar, genera distorsiones muy graves en los patrones temporales de consumo y ahorro de las personas, al eliminar el componente de la riqueza no humana en la determinación de la renta permanente, uno de los modelos económicos fundamentales para explicar el crecimiento económico a medio y largo plazo.

Los cubanos, al no poder computar ese elemento de riqueza asociado a los derechos de propiedad que se van adquiriendo a lo largo de la vida, se sitúan, de forma sistemática, a niveles de renta permanente, y de consumo, inferiores a los de ciudadanos de otros países, lo que genera una persistencia y rigidez del consumo y un continuo deseo de acceder a más bienes y servicios en cuanto se produce una mejora temporal de las rentas (por ejemplo, el efecto de las remesas de las familias en el exterior).

En cuarto lugar, reduce la capacidad de creación de capital social, entendido éste como la suma de lo estatal (lo único autorizado en el régimen castrista) y el privado puesto a disposición de la economía (prácticamente inexistente). La demanda agregada de la economía se sitúa así, de forma tendencial, a niveles inferiores a los que podría alcanzar si se autorizara a los individuos a realizar inversiones para su propio patrimonio.

Son 55 años en los que el derecho de propiedad ha sido excluido del ordenamiento jurídico de la dictadura castrista. Una apuesta que va en contra de la racionalidad humana, que tiene graves consecuencias sobre el funcionamiento de la economía y que representa un lastre ideológico difícil de justificar en el mundo globalizado en que nos encontramos y en la sociedad de la información y el conocimiento que ya se ha instalado en nuestro tiempo. El régimen castrista navega contracorriente de la historia. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Hoy, 10 de diciembre de 2013, es un buen día para constatar este agravio y reivindicar, de una vez, el derecho humano a la propiedad privada para todos los cubanos.