Sin democracia, no esperen responsabilidad fiscal

Elías Amor Bravo, economista

Uno de los problemas más acuciantes derivados de las reformas emprendidas por Raúl Castro bajo el epígrafe de los llamados “lineamientos” es cómo establecer un sistema tributario en una economía que conserva rasgos de estalinismo radical. Si difícil resulta el diseño de sistemas fiscales en las economías mixtas de mercado, en las que conviven la propiedad privada y la pública en los procesos de generación de renta y riqueza, en una economía dominada por el estado casi al 100% la posibilidad de fijar impuestos, y cobrarlos, parece más complicada. Un auténtico galimatías.

En un artículo en Granma se han hecho eco de los 4,7 millones de pesos que no se han recaudado en la provincia del mismo nombre como consecuencia de, y cito textualmente, “la actitud evasiva de quienes debieron aportar ese monto, que es la cantidad exacta de dinero dejado de pagar en la provincia de Granma por la subdeclaración de más de 1.400 contribuyentes de solo dos de las figuras autorizadas al trabajo no estatal: transportistas y elaboradores-vendedores de alimentos”.

¿A quién le extraña que ésto ocurra?

Para empezar, el poder para establecer impuestos, el Power to Tax que los economistas de Public Choice como James Buchanan y Gordon Tullock han estudiado con detalle, obedece a un contrato social democrático previo, en el que la sociedad organizada acepta que se detraiga una parte de sus ingresos para contribuir a los fines tradicionales de la Hacienda democrática: asignar recursos, promover la justicia social y facilitar una distribución equitativa de la renta. Ese pacto es el que permite a los gobiernos obtener ingresos y responder de su gestión a los ciudadanos en los procesos electorales que se celebran períodicamente.

En tales condiciones, ¿qué sentido tiene en una sociedad socialista que se vanagloria de cumplir estos objetivos, querer fijar más impuestos? Cierto es que los trabajadores por cuenta propia obtienen unos ingresos que, de alguna manera, deben contribuir a financiar los impuestos, pero el régimen castrista debe saber que en tanto no se desarrollen estructuras democráticas, la evasión fiscal será un comportamiento generalizado.
Además se dan otros factores que conviene tener en cuenta.

Por un lado falla la cultura fiscal en la población. El artículo lo señala explícitamente, “a nadie sorprende que en el primer año de vigencia de una nueva Ley Tributaria ocurran irregularidades asociadas a ella, máxime cuando fueron tantos los años divorciados de un régimen fiscal objetivo que fertilizara una apropiada cultura en este campo”, para entonces entrar en el nudo de la cuestión, “la determinación abierta de burlar lo establecido por ley, incorpora otra variante de indisciplina social que necesita ser remediada a tiempo, aunque también con otras conducentes al entendimiento colectivo sobre la importancia universal de los impuestos y los modos de recaudarlos, a fin de superar rápido la mala impresión que parece haber suscitado en algunos”.

No me extraña que estas cuestiones vayan a las reuniones de la asamblea nacional convocadas para este mismo mes. Sobre todo, cuando el 92% de los trabajadores por cuenta propia declararon ingresos inferiores a los realmente obtenidos, con la consiguiente merma tributaria.

Es evidente que, ante este fenómeno, emplear la inspección con dureza, podría suponer una elevada mortandad de trabajadores por cuenta propia, y eso al régimen no le interesa, porque precisamente está reduciendo el insoportable aparato estatal, es verdad que a cuenta gotas, pero no le queda más remedio que hacerlo. Por lo tanto, ¿qué hacer contra las indisciplinas detectadas?

Un régimen poco acostumbrado a la indisciplina, seguramente se empleará con especial contundencia contra los que tratan de escapar del fisco castrista. Inspecciones, actas, procesos administrativos y un auténtico quebradero de cabeza, que para algunos no es la solución más adecuada. La ONAT, oficina encargada de la gestión tributaria, no parece tener procedimientos ni metodologías eficaces para hacer frente a estas situaciones. Cunde el desánimo. Transportistas, taxistas, vendedores y elaboradores de alimentos, están en el punto de mira de la acción represora fiscal. Ya veremos cuánto duran.

Si el régimen necesita continuar estimulando el trabajo no estatal como vía de dinamizar la economía sin autorizar el ejercicio de responsabilidad que supone la propiedad privada y las instituciones del mercado como asignador de recursos, que se prepare para más evasión fiscal. Se contribuye al presupuesto del Estado cuando éste es democrático y respeta la acción privada. Cuando el sentido de pagar los impuestos procede de una decisión administrativa impuesta por un sistema en el que no existe libertad, mal asunto. Cuando es la expresión de un acto democrático, de un pacto social, de un gran acuerdo colectivo entre los que tienen, los que no y aquellos que democráticamente, tienen la responsabilidad de actuar en el intermedio de la economía, cabe esperar otra cosa.

Yo lo siento porque en el régimen castrista no existen actualmente las condiciones para ese pacto social ni mucho menos para una acción colectiva democrática. Como consecuencia de ello, preveo más multas, más disciplina y control sobre la población; la imposición obligatoria y por la fuerza del pago del tributo, de forma discriminada y sin un marco legal al que referir las eventuales sanciones. Eso, en la economía castrista, no existe y por ello, el Power to Tax del régimen es nulo.


Esta vía fiscal es un ejemplo de lo que ocurre en las dictaduras que tratan de apropiarse, en vano, de los valores democráticos y libres de la acción colectiva. Lejos de buscar la solución en las propuestas que se plantean en el artículo de Granma, “más el diálogo y la capacitación, que se multiplique la promoción de los deberes fiscales como un acto de alta responsabilidad ciudadana, que la fiscalización sea cada vez más eficiente en su gestión de imponer orden, a la par de sembrar cultura tributaria de un modo creciente” entre otras, no tienen sentido si no existe ese pacto democrático previo que permite a los gobiernos responder ante los electores de sus decisiones y su actuación. Sin ese marco jurídico democrático, la aspiración del régimen de perpetuarse en el poder recaudando ingresos de los trabajadores por cuenta propia, solo se podrá conseguir con más represión y castigo. No hay que esperar comportamientos voluntarios de nadie. Sino todo lo contrario. 

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