Alquiler, ¿para qué? ¿a quién?

Elías Amor Bravo, economista

Uno de los problemas más graves que han generado las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar castrista durante más de medio siglo es el de la vivienda.

El régimen ha vivido de la destrucción masiva de riqueza inmobiliaria tras las confiscaciones decretadas al comienzo de la llamada “revolución”, privando a la mayoría de ciudadanos del ejercicio de los derechos de propiedad, esencia de la naturaleza histórica de la República desde sus orígenes.

Varias generaciones de cubanos han tenido que resignarse a una infraestructura de vivienda que no tienen parangón en otros países del mundo. Basta dar un paseo por algunas calles de las principales ciudades y poblaciones del país para comprobar el estado de postración, atraso y destrucción del capital inmobiliario que aún sobrevive a las penurias y la pésima gestión del régimen.

Hace algunos años, para fomentar la obtención de ingresos, el gobierno autorizó a los dueños de viviendas alquilar habitaciones a extranjeros de visita en la Isla, una actividad que ha sido fundamental para muchas familias y que ha beneficiado a aquellos que contaban con residencias más adecuadas para ello. Un pequeño porcentaje del total.

Ahora, se anuncia que las autoridades deciden levantar la prohibición que existía en la Resolución 353 de 2011, por la cuál los ciudadanos, personas naturales, no podían alquilar viviendas y locales comerciales a las inmobiliarias estatales, al tiempo que imponen unos precios muy elevados para el escaso presupuesto de los cubanos.

Como tantas otras reformas introducidas por medio de normativa publicada en la Gaceta Oficial, esta tiene escaso recorrido, y no hay que esperar gran cosa. ¿Por qué?

Primero, los precios. Las “tarifas mínimas” reguladas por el gobierno se sitúan en unos niveles que, como otros tantos bienes y servicios, necesitarán de apoyo exterior (remesas de las familias emigrantes) para que los ciudadanos puedan alquilar las viviendas. Con sueldos medios mensuales de 20 $, el alquiler por metro cuadrado de $5 mensuales para las viviendas y $7 para los locales comerciales está lejos del presupuesto de las familias. Esto sin tener en cuenta que existen precios más elevados en el caso de almacenes o de aquellas viviendas que cuenten con piscina, parqueo o tengan una consideración de valor cultural, por citar algunos casos.

Segundo, los precios se tendrán que pagar en CUC -en paridad con el dólar-, una las dos monedas de circulación vigente en la isla y que es la que permite el acceso a la mayor parte de bienes y servicios a la población, escapando de las restricciones abrumadoras de la canasta normada y la libreta de racionamiento, que se resisten a desaparecer. Mala señal para la pretendida y anunciada unificación de las dos monedas en circulación. Además, la norma señala que las personas que alquilen con esta modalidad tendrán que abonar también los servicios de agua, luz y teléfono en pesos convertibles.

Tercero, teniendo en cuenta los precios y la forma de pago, el mercado de inquilinos no será demasiado amplio. Dado que las remesas enviadas por las familias se destinan a la adquisición de bienes básicos de consumo, como alimentos, productos de limpieza o ropa y calzado, la normativa del alquiler se antoja como una maniobra más de la dictadura militar para detraer recursos de la economía y obtener más ingresos para el estado. Más o menos lo mismo que pretenden con los precios de los autos.

Es fácil llegar a una conclusión. Si los activos inmobiliarios pertenecen de forma directa o indirecta al estado castrista, que incluso posee empresas para el alquiler de dichos activos, el inquilino que cobra las rentas y todos los servicios (luz, agua, etc) es el mismo. El que todo lo posee. El que permite que las infraestructuras se caigan hechas pedazos con esa imagen de destrucción del patrimonio urbano. Una vez más volvemos al origen del problema: un estado intervencionista que posee más del 95% de la riqueza del país y se niega a abrir espacios para el ejercicio de la economía libre de mercado.

¿Van a mejorar las cosas? Lo dudo. El inquilino no tendrá incentivo para invertir en aquello que nunca será suyo. Si además, debe dedicar al pago de la renta más del 70% de sus ingresos mensuales, poco podrá hacer de más.

Lo más probable es que continúe la crisis de la vivienda y que sigan escaseando locales en condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevas actividades emprendedoras y oficios por cuenta propia que son los que están sosteniendo la ineficiente economía de la dictadura militar.

En absoluto estoy de acuerdo que la medida vaya a mejorar las condiciones de los pequeños emprendedores y trabajadores por cuenta propia, cuyos ingresos les impedirá ubicar sus actividades en locales de precios muy elevados para su rentabilidad. Si de verdad quieren conseguir ese objetivo, lo que deben permitir es el acceso a la propiedad privada dentro de un marco jurídico estable que regule la demanda y oferta de transacciones. En 2011 el régimen autorizó la compraventa de vivienda. Los resultados son bien conocidos. Nada de nada. El sector de construcción podría convertirse en un elemento dinámico de la oferta de locales y viviendas. Si hasta ahora no lo ha hecho es porque subsisten trabas que se tienen que eliminar.