El mercado del automóvil y la economía castrista: nuevos problemas a la vista


Elías Amor Bravo, economista
La creación de mercados a golpe de decreto prosigue en la economía castrista, y hoy toca el turno al automóvil. En esencia, después de años de trabas, prohibiciones revolucionarias y demás, los cubanos y extranjeros residentes en la isla van a poder comprar libremente automóviles nuevos o usados en empresas comercializadoras de propiedad estatal que irán abriendo sus puertas por toda la Isla. Igualmente se autorizan las mismas operaciones con todo tipo de ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos rurales, paneles, camionetas y microbuses.
Conviene recordar que hasta hoy 3 de enero de 2014, la venta de automóviles y otros medios de transporte privado en Cuba se encontraba regulada por el Estado y los nuevos solo podían ser vendidos a personas autorizadas por su desempeño laboral en empresas estatales, artistas y deportistas destacados. El conjunto de la población era completamente excluido del uso y disfrute de automóviles.
Para los cubanos, se trata de una novedad histórica en los últimos 55 años. No me cabe la menor duda que este tipo de decisiones se corresponden con un riesgo calculado por las autoridades. El mercado del automóvil es muy importante en cualquier economía. Genera ingresos para el estado, por la vía impositiva, y mejora notablemente la calidad de vida de los que tienen acceso a los vehículos, al tiempo que como instrumento de trabajo, facilita el desarrollo de numerosas actividades de transporte con las que también se pueden recaudar impuestos. El automóvil es un instrumento impositivo, se vea como se vea, y creo que esta es la idea del régimen.
Como si no se puede entender la acumulación de cargas que recaen sobre el automóvil procedente del exterior, y que rondan según distintos cálculos, el 50% del valor original del vehículo. La norma reguladora no lo puede dejar más claro, y señala “esas ganancias serán entregadas a un Fondo de Financiación del Transporte Público”.
Excepcionalmente, la norma prevé que el cuerpo diplomático acreditado en la Isla pueda comprar autos libres de impuestos. Y se da un impulso a la creación de un mercado de segunda mano, con autos procedentes de entidades estatales de alquiler a turistas, llegándose en este caso a fijar el precio a partir del original más la depreciación por el uso.
Hechas estas precisiones, lo primero que se tiene que constatar es que este mercado nace segmentado por ingresos, ya que el acceso a los autos solo se podrá materializar por aquellos que tengan fuentes de renta suficientes para comprarlos. Dicho de otro modo, si el sueldo mensual de un cubano trabajando para el estado se sitúa en 21 dólares al mes, el acceso a autos con un precio medio de 10.000 dólares parece difícil, por no decir, imposible. Quiere ello decir que sólo los que obtengan ingresos elevados en actividades por cuenta propia o reciban remesas del exterior podrán tener acceso a estos automóviles.
El mercado del automóvil nace mostrando las notables desigualdades que el régimen ya no quiere esconder, pero que existen y, desde luego, no va a alcanzar a toda la población. De hecho, nada se ha establecido respecto de la financiación crediticia que se podría destinar a la adquisición de los automóviles. De forma muy similar a lo que viene sucediendo con el acceso a los hoteles, los paladares o las tiendas en moneda convertible, que dejan fuera aún a amplios segmentos de la población cuyos ingresos no les permiten disfrutar de esos lujos.
A nivel macroeconómico, también se observan signos preocupantes. Todos los automóviles que se vendan procederán del extranjero (Cuba carece de industria propia o de plantas de fabricantes mundiales) lo que aumentará el coste de las importaciones, y su traslación al déficit externo, con las tensiones que ello genera, más aún, en un momento en que la previsible unificación monetaria del CUP y CUC exige una cierta estabilidad en los equilibrios macroeconómicos.

En tales condiciones, no cabe esperar gran cosa de estas decisiones. Lo mismo que con la venta de viviendas, el acceso a los hoteles o las tiendas. Se trata de reformas involucionistas, que tratan de apagar tensiones internas, sobre todo en los jóvenes como ya denunció Raúl Castro, pero que van a generar otros problemas, no menos graves. Mayor consumo de gasolina, contaminación, necesidad de inversiones en las carreteras para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes. En suma, trasladar al exterior señales de normalidad, que no lo es. Tapar agujeros, resolver problemas puntuales para que aparezcan otros. Ese tira y afloja en que se han convertido los “lineamientos” que, al menos de momento, no han dado los resultados previstos. Ahí está el crecimiento del 2,7% frente al 3,6% previsto para el PIB en 2013.

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