El mercado del automóvil y la economía castrista: nuevos problemas a la vista
Elías
Amor Bravo, economista
La
creación de mercados a golpe de decreto prosigue en la economía
castrista, y hoy toca el turno al automóvil. En esencia, después de
años de trabas, prohibiciones revolucionarias y demás, los cubanos
y extranjeros residentes en la isla van a poder comprar libremente
automóviles nuevos o usados en empresas comercializadoras de
propiedad estatal que irán abriendo sus puertas por toda la Isla.
Igualmente se autorizan las mismas operaciones con todo tipo de
ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos
rurales, paneles, camionetas y microbuses.
Conviene
recordar que hasta hoy 3 de enero de 2014, la venta de automóviles y
otros medios de transporte privado en Cuba se encontraba regulada por
el Estado y los nuevos solo podían ser vendidos a personas
autorizadas por su desempeño laboral en empresas estatales, artistas
y deportistas destacados. El conjunto de la población era
completamente excluido del uso y disfrute de automóviles.
Para
los cubanos, se trata de una novedad histórica en los últimos 55
años. No me cabe la menor duda que este tipo de decisiones se
corresponden con un riesgo calculado por las autoridades. El mercado
del automóvil es muy importante en cualquier economía. Genera
ingresos para el estado, por la vía impositiva, y mejora
notablemente la calidad de vida de los que tienen acceso a los
vehículos, al tiempo que como instrumento de trabajo, facilita el
desarrollo de numerosas actividades de transporte con las que también
se pueden recaudar impuestos. El automóvil es un instrumento
impositivo, se vea como se vea, y creo que esta es la idea del
régimen.
Como
si no se puede entender la acumulación de cargas que recaen sobre el
automóvil procedente del exterior, y que rondan según distintos
cálculos, el 50% del valor original del vehículo. La norma
reguladora no lo puede dejar más claro, y señala “esas
ganancias serán entregadas a un Fondo de Financiación
del Transporte Público”.
Excepcionalmente,
la norma prevé que el cuerpo diplomático acreditado en la Isla
pueda comprar autos libres de impuestos. Y se da un impulso a la
creación de un mercado de segunda mano, con autos procedentes de
entidades estatales de alquiler a turistas, llegándose en este caso
a fijar el precio a partir del original más la depreciación por el
uso.
Hechas
estas precisiones, lo primero que se tiene que constatar es que este
mercado nace segmentado por ingresos, ya que el acceso a los autos
solo se podrá materializar por aquellos que tengan fuentes de renta
suficientes para comprarlos. Dicho de otro modo, si el sueldo mensual
de un cubano trabajando para el estado se sitúa en 21 dólares al
mes, el acceso a autos con un precio medio de 10.000 dólares parece
difícil, por no decir, imposible. Quiere ello decir que sólo los
que obtengan ingresos elevados en actividades por cuenta propia o
reciban remesas del exterior podrán tener acceso a estos
automóviles.
El
mercado del automóvil nace mostrando las notables desigualdades que
el régimen ya no quiere esconder, pero que existen y, desde luego,
no va a alcanzar a toda la población. De hecho, nada se ha
establecido respecto de la financiación crediticia que se podría
destinar a la adquisición de los automóviles. De forma muy similar
a lo que viene sucediendo con el acceso a los hoteles, los paladares
o las tiendas en moneda convertible, que dejan fuera aún a amplios
segmentos de la población cuyos ingresos no les permiten disfrutar
de esos lujos.
A
nivel macroeconómico, también se observan signos preocupantes.
Todos los automóviles que se vendan procederán del extranjero (Cuba
carece de industria propia o de plantas de fabricantes mundiales) lo
que aumentará el coste de las importaciones, y su traslación al
déficit externo, con las tensiones que ello genera, más aún, en un
momento en que la previsible unificación monetaria del CUP y CUC
exige una cierta estabilidad en los equilibrios macroeconómicos.
En
tales condiciones, no cabe esperar gran cosa de estas decisiones. Lo
mismo que con la venta de viviendas, el acceso a los hoteles o las
tiendas. Se trata de reformas involucionistas, que tratan de apagar
tensiones internas, sobre todo en los jóvenes como ya denunció
Raúl Castro, pero que van a generar otros problemas, no menos
graves. Mayor consumo de gasolina, contaminación, necesidad de
inversiones en las carreteras para mejorar la seguridad vial y
reducir los accidentes. En suma, trasladar al exterior señales de
normalidad, que no lo es. Tapar agujeros, resolver problemas
puntuales para que aparezcan otros. Ese tira y afloja en que se han
convertido los “lineamientos” que, al menos de momento, no han
dado los resultados previstos. Ahí está el crecimiento del 2,7%
frente al 3,6% previsto para el PIB en 2013.
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