La nueva política de cooperación al desarrollo de la UE: sector privado y régimen castrista

Elías Amor Bravo, economista

La Comisión Europea considera que uno de los objetivos fundamentales de su política de cooperación al desarrollo debe ser la promoción del sector privado. Así se desprende del contenido de un nuevo EU policy paper –conocido como "Communication" – en el que se abordan estas cuestiones.

La Unión Europea valora positivamente que el sector privado suministra alrededor del 90% de los empleos existentes en los países en desarrollo y, por tanto, es un socio fundamental en la lucha contra la pobreza. Su papel como inversor resulta fundamental en sectores como el agrícola, donde el objetivo de la cooperación es dar de comer a cerca de 9 mil millones de personas en 2050. En muchos países en desarrollo, la expansión del sector privado se basa en micro empresas, en pequeñas y medianas empresas que son un potente motor de la creación de empleo y riqueza, según se desprende del informe de la Comisión.

Por ello, la Comisión apuesta por un nuevo modelo estratégico destinado asegurar que el sector privado en los países en desarrollo tenga un impacto positivo en la sociedad.

Este nuevo diseño de la política de cooperación de la Unión llega en un momento aparentemente dulce en las relaciones con el régimen castrista que, ya no esconde que su disposición al diálogo con la Unión obedece a la urgente necesidad de obtener divisas con las que afrontar una eventual pérdida de los apoyos petroleros de Venezuela.

En la economía castrista el sector privado es inexistente. De más de 5 millones de trabajadores, poco más de 400.000 lo hacen en las actividades por cuenta propia autorizadas por el régimen en un conjunto de oficios pertenecientes a la rama de los servicios básicamente. Las normas básicas del modelo castrista siguen prohibiendo el ejercicio de los derechos de propiedad y sus dirigentes se reafirman en su intención de que la propiedad privada nunca regrese al socialismo que se identifica en la denominada “actualización”.

Esta posición del régimen de los Castro, contraria a la existencia de una economía privada, contrasta con los enunciados del Comisionado de Desarrollo de la Unión Europea, Andris Piebalgs, quién se muestra un claro defensor del papel de las empresas privadas como agentes de la cooperación. Y cito sus palabras " El sector privado tiene que jugar un papel crucial para ayudar a la gente a salir de la pobreza, pero tenemos que asegurarnos que los beneficios de esa actividad recaigan sobre el conjunto de la sociedad y no sólo sobre unos pocos. Por eso, la nueva Comunicación es tan importante, ya que asegura que las empresas deben encontrarse con un entorno en los países en desarrollo, más favorable para las inversiones, y sobre todo, más responsable para que todas las oportunidades económicas se puedan aprovechar en positivo”.

Cabe preguntarse qué ha hecho el régimen de los Castro para crear un entorno más favorable para la inversión. Si se exceptúa la extranjera, claro, en el Mariel, donde cualquier criterio de sostenibilidad deja mucho que desear. Los cubanos siguen siendo proscritos como inversores y el régimen se empeña en que no puedan crear riqueza, ni empleo, ni hacer que sus pequeñas actividades por cuenta propia puedan crecer. Evidentemente, nada que ver con los nuevos objetivos de la cooperación al desarrollo europea.

La Unión Europea quiere además apoyarse en la economía informal para sus objetivos de cooperación. Cabe preguntarse cómo lo podrá hacer en Cuba, donde la persecución a las llamadas “ilegalidades” se ha convertido en una de las principales obsesiones del régimen, negado a que cualquier actividad privada independiente y libre pueda plantar cara a los designios ideológicos y políticos. Sin embargo, la Unión quiere dirigirse a esas empresas informales. Ya se verá si lo consigue en la Isla.

La ambición europea en la cooperación al desarrollo en la economía castrista debe salvar no pocos obstáculos. Sería deseable que este nuevo enfoque dejase fuera de contexto a todos los proyectos “ideológicos” que han visto la luz en los últimos años, y que se han ido amparando por el régimen en un intento de monopolizar en beneficio propio los beneficios derivados de los mismos.

Si los nuevos programas de la Unión se dirigen a aumentar la productividad y la mejora de las condiciones de trabajo en la economía informal, para ayudar su trasvase hacia las actividades formales allí donde resulte posible, ya se verá qué cabida tienen en la Isla, donde los programas de formación, asesoramiento y entrenamiento por organizaciones independientes se someten a un riguroso control y vigilancia por las autoridades.  


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