Los riesgos de la inversión extranjera en Cuba
Elías Amor Bravo, economista
Hasta junio del 2014 en
Cuba, según datos ofrecidos por la subdirectora general de inversión
extranjera, Ivonne Vertiz, hay un total de 208 negocios con
participación de capital extranjero. De esas empresas, tan solo 9
todo su capital es extranjero. El turismo es el sector con más
participación de inversión foránea, con un 42 % del total de los
negocios existentes. A continuación se encuentra el sector de
energía y minería, con un 13 % del total. Desde el punto de vista
internacional, las principales inversiones extranjeras proceden de
España, Canadá, Italia, Venezuela, Francia y Reino Unido.Un balance de resultados que ciertamente dejan mucho que desear.
En una entrevista en
Granma la subdirectora general de inversión extranjera, ha informado
lo que ya sabíamos. Hasta la fecha, "se ha recibido intereses
dirigidos a los sectores de la minería, explotación de
hidrocarburos, generación eléctrica, administración de centrales,
campos de golf y hoteles, entre otras". Más de lo mismo. El objetivo
del régimen con la Ley de inversión extranjera, “de propiciar un
ambiente favorable para la inversión de capital foráneo en Cuba en
aras del desarrollo económico-social del país” no parece haber
dado los frutos esperados. Los entrecomillados corresponden a frases de la subdirectora en el artículo.
Y eso que el régimen
lanzó a bombo y platillo la Feria Internacional de La Habana, para
dar a conocer la llamada cartera de oportunidades, una especie de
“piñata” en la que se indican los intereses de negocios a
desarrollar e información sobre las políticas sectoriales aprobadas
por el gobierno de la Isla.
Ya tuve ocasión de
explicar en otro trabajo lo que pienso de esta cartera de
oportunidades castrista. No me voy a extender mucho más. Para atraer la
inversión extranjera en un mundo globalizado y competitivo, se necesita mucho más
que “proyectos respaldados por estudios de pre-factibilidad
técnico-económica”.
Tal vez por ello,
apenas se han presentado intereses para invertir en las prioridades
anunciadas por el régimen, a saber, “producción e
industrialización de alimentos, desarrollo de producciones
industriales para exportar y sustituir importaciones en las ramas de
la ligera, la química, la metalmecánica y la electrónica” y lo único que ha aparecido sea más de lo mismo.
El objetivo de
diversificar la apuesta de la inversión extranjera en la economía
castrista ya se puede calificar de fracaso. A pesar de la “cartera” los
inversores se han dirigido a lo mismo de siempre: turismo, energía y
minería. De poco sirve que el Mariel se venda a precio de saldo si
no hay nada que exportar, porque la producción nacional apenas
abastece las necesidades de la población, y las importaciones están
limitadas por una permanente insuficiencia de recursos financieros.
El balance de las
inversiones extranjeras suspende. Ni siquiera la apuesta
del régimen por las llamadas “asociaciones económicas
internacionales” ha dado los frutos esperados. Es falso pensar
que este tipo de negocios depende solo de la existencia de un
“régimen fiscal especial”. Si lo que se pretende realmente es promover la
satisfacción de las necesidades del pueblo cubano, hay que procurar
la creación y consolidación de un mercado interno fuerte y
sostenible, lo que resulta improbable con salarios medios de 12
dólares al mes.
De ese modo, el régimen
ha visto con satisfacción que las inversiones extranjeras siguen
moviéndose en las coordenadas de la “empresa mixta”, en la que
las autoridades políticas se reservan la "acción de oro", el 51% y
por tanto la decisión, al tiempo que las infraestructuras continúan
siendo de capital estatal. Después de las empresas mixtas los
contratos de asociación económica internacional, se han
concentrado, hasta ahora, en la exploración de hidrocarburos y
minerales y los contratos de administración hotelera.
Las inversiones
extranjeras en Cuba no podrán contribuir a los objetivos que se
plantean si no se modifica el entramado intervencionista de la
política económica y la ausencia de derechos de propiedad. Además,
esto queda muy claro cuando en la Constitución cubana “se
establece que la propiedad estatal no puede transmitirse en
propiedad, salvo los casos excepcionales en que la transmisión de
objetivos económicos se destinen a los fines del desarrollo del país
y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del
Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros”, supuestos que
ciertamente son bastante improbables en las condiciones actuales.
Esto es lo que va a
suceder con los proyectos de inversión en actividades como los
campos de golf, bajo la forma de empresa mixta. La subdirectora nos ha dejado
muy clara la posición del régimen “en cumplimiento del precepto
constitucional, los terrenos para construir estos complejos
inmobiliarios se transmiten en derecho de superficie a las empresas
cubanas para su aporte al capital de la empresa mixta. Esto permite
que la empresa mixta ostente el derecho a construir y a adquirir la
propiedad de lo construido, la cual disfrutará mientras dure el
derecho otorgado sobre el terreno”.
Pero entonces viene lo
realmente importante, “al vencimiento de este derecho, la propiedad
del complejo inmobiliario se revierte al propietario del terreno
(Estado). El procedimiento para liquidación de los activos de una
empresa mixta, se establece en el Decreto Ley 325 Reglamento de la
Ley de Inversión Extranjera”, es decir, el inversor extranjero
nunca será propietario de derecho alguno en la economía castrista.
Este punto es importante de tener en cuenta para saber en qué se van
a invertir los recursos económicos, y lo fácil que puede resultar
en aquel régimen dejar a cualquier empresario fuera de un negocio. Ha
habido casos suficientes para construir toda una extensa historia de
ataques a los derechos de propiedad.
Por mucho que quieran
revestir el asunto, con cesiones de suelo de hasta 99 años o
"perpetuas", para construir en terrenos ajenos, la cuestión de los
derechos de propiedad, al menos actualmente, sigue estando como
estaba. Para cubanos y para extranjeros. El único propìetario de
los activos en Cuba es el estado castrista, y lo seguirá siendo mientras no se
produzca una reforma constitucional en profundidad.
Lo asombroso es que se
insista en que “los compradores de los inmuebles ubicados en los
desarrollos inmobiliarios los adquieren a título de propiedad”. Me
parece una notable contradicción y una grave imprudencia desde el punto de vista legal, y yo
recomendaría, ante todo, mucha cautela.
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