Ante el comienzo del XI Congreso de la ANAP

Elías Amor Bravo, economista

Un artículo en Granma anuncia que hoy comienza el XI Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de Cuba. Como ya he señalado en otros trabajos, la importancia de ANAP en la economía castrista es muy destacada, si se atiende a sus cifras: alrededor de 380.000 productores pertenecientes a 3.343 organizaciones. Tal y como se señala en la nota de Granma, los asuntos que se van a tratar en las sesiones que se extenderán hasta el día 17, no son de poca importancia. De un lado, el incremento de los volúmenes productivos y su impacto en los precios de los alimentos y en la economía del país, de otro, el ámbito jurídico con especial atención a las relaciones contractuales que se establecen entre las bases productivas y el Estado, así como el uso eficiente de los suelos y el funcionamiento de la organización de cara a su objeto social en las comunidades.

Nadie puede negar que se trate de cuestiones de menor relevancia. En un momento como el actual, en que se abren grandes expectativas de cambio y transformación en el régimen castrista, no prestar atención a este tipo de cuestiones sería una grave irresponsabilidad.

El problema es que las dos se encuentran estrechamente relacionadas con las instituciones que rigen el sistema político e ideológico implantado por los hermanos Castro desde 1959, y como se tendrá ocasión de exponer en este trabajo, si esas bases jurídicas y legales no se apartan de forma drástica, difícilmente se podrá encontrar solución.

Lo saben bien los agricultores cubanos integrados en la ANAP. Han observado que los incrementos de los volúmenes de producción tienen un impacto en los precios de los alimentos que no se corresponde con las previsiones. Si el aumento de la oferta agrícola va asociado a precios más elevados en los mercados de consumo, es porque el mecanismo oferta y demanda que regula de forma automática las decisiones de los compradores, se encuentra trastocado e impide su funcionamiento más eficiente. Los productores cubanos se ven obligados a vender al Acopio estatal una parte de su producción que, rara vez, llega a los mercados, porque la distribución logística es ineficiente, al estar controlada por el estado. Esa ausencia de mayores niveles de producción en los mercados, que termina por deteriorarse en los campos de cultivo, es lo que incide en el desfavorable comportamiento de los precios en los mercados de consumo, y lo que obliga al estado a canalizar subvenciones a la producción, haciéndola cada vez más ineficiente. Mientras que las decisiones de producir, de vender, de distribuir, de hacer crecer la dimensión de las parcelas, de obtener libremente todo tipo de insumos,dependan de la intervención del estado, nada se podrá hacer para mejorar la eficiencia de la producción y ese objetivo de los “lineamientos” que insiste en la sustitución de importaciones.

Los granjeros de Estados Unidos, que también se benefician de importantes subvenciones de sus gobiernos estatales y federal, están muy interesados en vender sus excedentes en Cuba. No es extraño. Un mercado con grandes necesidades y una economía improductiva definen un marco excelente para irrumpir en Cuba gracias a los acuerdos que se puedan firmar entre los dos gobiernos. Pero eso no beneficia a los productores de la ANAP, que deben estar prevenidos de la competencia que van a sufrir procedente del Norte, con precios más competitivos y mucho más eficiente. O se preparan para afrontar esa mayor competencia, o serán barridos, y nadie, ni Raúl Castro, ni el régimen castrista, ni la ANAP podrá hacer nada para evitarlo. De eso deben hablar. Y empezar a pensar en cómo hacer frente a esos retos. Soluciones existen. Lo que se tiene que hacer es aplicarlas.

Y qué decir de las normas jurídicas y contractuales que regulan las relaciones entre los agricultores cubanos y el estado castrista. ¿Papel mojado? ¿Alguien sabe cuando se ha hecho cumplir uno de estos contratos? ¿Quién es el responsable en caso de incumplimiento? ¿Existe algún tribunal capaz de actuar contra los intereses del estado incumplidor, que en la mayoría de los casos, suele ser el responsable del infortunio de esas relaciones asimétricas y desiguales?

No cabe duda que este es otro aspecto fundamental que debe preocupar en ANAP. Su solución pasa igualmente por un giro de 180º en el sistema jurídico e institucional en favor de la protección de la propiedad privada, su extensión a todos los ámbitos y la creación de un marco de derechos de propiedad que otorgue garantías a los legítimos dueños para ejercer cualquier acción en los tribunales, en defensa de sus intereses. Mientras que este modelo de funcionamiento no exista en la economía cubana, los problemas seguirán existiendo, y lo que es peor, se irán agravando con el paso del tiempo.

En momentos en los que se aventuran cambios, hay que aprovechar el viento cuando sopla a favor. Desplegar las velas de la libertad económica, de los derechos de propiedad y del mercado como instrumento de asignación de recursos frente a un estado intervencionista que pretende el control absoluto del sistema, puede ser una buena actuación para la ANAP. Hacerlo más tarde, puede ser peor. Sin duda, mucho peor.


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