En defensa de los trabajadores por cuenta propia

Elías Amor Bravo, economista

A pesar de que ya son 580.828 trabajadores por cuenta propia, la categoría más cercana al empleo privado, emprendedor, todavía representan un porcentaje bajo respecto a otros países. Si se comparan con los 4.474.000 ocupados que tiene la economía, se obtiene que un 13% del empleo se dedica a actividad privada, en tanto que el 87% depende del estado.

Una anomalía con respecto a la economía mundial donde, en todos los países, el empleo privado aventaja ampliamente al estatal. Por citar un ejemplo, en España, los 3 millones de empleos dependientes del estado contrastan con los 19 millones de la economía, llegando a un 15% del total. Resultados similares se obtienen en otros países, donde el empleo estatal alcanza porcentajes similares. La excepcionalidad de Cuba aparece si cabe, más desproporcionada e insostenible.

Además algunos rasgos sociológicos del trabajo por cuenta propia merecen ser destacados. El 29% son jóvenes y el 34%, mujeres. Hasta un 15% también trabaja en el sector estatal, con un alto nivel de pluriempleo, y hasta un 10% son jubilados cuyas pensiones obligan a retomar actividades productivas. A nivel territorial, y con estrecha relación con la distribución de la población, seis provincias concentran el 65% de los emprendedores privados, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

Estos datos generales confirman que el trabajo por cuenta propia es un elemento fundamental de la economía, ya que ofrece oportunidades que no se encuentran en el sector presupuestado, permite a quienes lo desarrollan romper con las cadenas de dependencia estatal y aseguran, al menos de momento, una cierta estabilidad con relación a la presión estatal que se encarga de regular las actividades que se autorizan.

No en vano, lo más representativo del trabajo por cuenta propia se mantiene en actividades de alimentación (paladares, cafeterías, vendedores ambulantes), un 9%; el transporte de carga y pasajeros, el 8%; el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, 6%; los agentes de telecomunicaciones, 5%; y los trabajadores contratados por los emprendedores, 26%, en lo fundamental asociados a las actividades de alimento y transporte.

El pasado mes de diciembre entraron en vigor una serie de normas para regular la actividad emprendedora en Cuba. Los resultados han sido analizados en Juventud Rebelde. En este post vamos a comentar algunos aspectos.

Primero, destacar que el escaso desarrollo del número de emprendedores y del trabajo por cuenta propia viene motivado por el hecho que el régimen solo autoriza 123 actividades para este sector, llegando incluso a unificar 96 de ellas, precisamente en los oficios más solicitados. Lo que han conseguido es limitar y condicionar más todavía la expansión de estas actividades. Es obvio que la concentración y/o eliminación de licencias ha generado el consiguiente malestar.

Tan solo una fracción de los trabajadores por cuenta propia, unos 15.466 según datos oficiales, ejercen más de una actividad y la mayor parte en el sector de alimentación. En los paladares, por ejemplo, donde se limitó el número de plazas se prohibió la actividad de barman o la venta de alimentos a domicilio, lo que ha supuesto menos ingresos para los establecidos. Los inspectores multan a paladares que venden golosinas a los niños que acuden con sus familias a comer.

Los trabajadores por cuenta propia están preocupados por el entorno de incertidumbre en que deben realizar sus actividades, y que el gobierno no disminuye, sino que aumenta. Existe preocupación por la eliminación del límite de 50 capacidades para el servicio de restaurant, bar y cafetería, y poder establecer más de una actividad de este último tipo en un mismo domicilio legal; y en concreto en la actividad de panadero-dulcero se reclama la posibilidad de vender bebidas no alcohólicas. Y sobre todo, les alarma las fusiones de licencias, y los casos alarmantes que se están produciendo, como por ejemplo, que en un local por la mañana se puedan servir desayuno como cafetería, y en el horario de almuerzo y comida servir comidas como restaurante.

Esta posibilidad ha sido eliminada por las autoridades y algunos trabajadores por cuenta propia no entienden por qué. Lo cierto es que las fusiones de momento avanzan en alimentación, pero ya se está pensando en otras como la de artesanía y la de talabartería, atendiendo a la afinidad de estas labores, o las personas con licencia de fotografía que en sus locales plastifican carnés, hacen llaveros, fotocopian, por citar ejemplos de lo que viene.

Segundo, ha aumentado la burocracia en la concesión de licencia para el ejercicio de las actividades en la alimentación, excepto en los bares y recreación. Ahora se concede con previa aprobación de los grupos multidisciplinarios en los territorios, que están integrados por Planificación Física, Salud Pública, la Administración Tributaria (ONAT), Trabajo, Higiene y Epidemiología, y Turismo. Una burocracia que alarga los procesos y los complica notablemente. Y que además genera notables asimetrías, por cuanto la carga de regulación y control que recae sobre los privados, nadie la observa sobre los establecimientos estatales, que se caen a pedazos o no soportan la mugre del paso del tiempo.

Tercero, otro aspecto controvertido ha sido la apertura de las llamadas cuentas bancarias fiscales. De acuerdo con la información aportada por el Banco Central de Cuba, en diciembre se habían abierto solamente 10.763 cuentas bancarias fiscales por quienes están obligados a operar este tipo de cuentas. El 73% de las cuentas pertenece a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios. Los datos no se pueden valorar, pero es obvio que la medida no ha sido aceptada de buen grado, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las inspecciones.

Cuarto, los trabajadores por cuenta propia piden más flexibilidad en horarios, servicios, actividades; reclaman mayor rapidez en los trámites burocráticos sobre todo por parte de las autoridades municipales; que se corrijan las irregularidades que se advierten en numerosas actividades, en particular disposiciones que se exigen para determinadas actividades que no están contenidas en las normas que regulan las mismas, lo que se interpreta como arbitrariedades de las autoridades. Existe igualmente reclamos en favor de mercados mayoristas bien surtidos y a precios módicos que permitan dar servicios adecuados a los clientes. Como han destacado las autoridades, los trabajadores por cuenta propia cumplen las normas de contratación y de formalización de relaciones laborales garantizando lo establecido en el código de trabajo.

Finalmente, existe un acuerdo bastante generalizado entre los trabajadores por cuenta propia que desde el pasado mes de diciembre el control ha aumentado notablemente, y en ello parece que tiene una influencia determinante la atribución a los consejos de administración provinciales y locales de las tareas de vigilancia, que ejercen su actividad a partir de las directrices establecidas desde los ministerios. A resultas de ello, al cierre de diciembre se impusieron 793 medidas por incumplimiento de la legislación. De ese total, 610 fueron notificaciones preventivas y 183 multas, el 18% por ejercer de manera ilegal.

Más control, más impuestos, más cuentas bancarias fiscales y más represión puede tener un resultado imprevisible sobre un sector que está naciendo con muchas dificultades.