¿Por qué disminuye el número de empresas en la economía castrista?

Elías Amor Bravo, economista

No cabe duda que uno de los fracasos del modelo económico social comunista castrista ha sido la actividad empresarial. Desde 1959, cuando se produjeron las primeras nacionalizaciones, hasta 1968 cuando se culminó el proceso con la “ofensiva revolucionaria”, que hizo desaparecer la propiedad privada en Cuba, el régimen de los Castro no ha sido capaz de potenciar un sistema económico productivo y eficiente basado en la actividad empresarial. Ello es incuestionable. No se trata de explorar aquí los motivos de esa incapacidad. Son bien conocidos, y son el origen de la mayor parte de los problemas de solvencia y credibilidad de la economía.
La situación actual es peor. La apuesta del régimen por la nueva constitución no despeja estas cuestiones. Ni mucho menos. Por el contrario, las entorpece. Esto es lo que cabe concluir de un artículo de Lisett Izquierdo en Cubadebate, que presta atención al “sistema empresarial cubano”, y que nos sirve de referencia en esta entrada del blog.
Nada de lo que se ha hecho desde 2011, e incluso antes, ha servido para poner orden en la actividad de las empresas castristas, donde “ni se han desatado las viejas ataduras, ni se les ha otorgado mayores facultades y mucho menos, logrado más eficiencia y organización, más capacidad para exportar”. 
Por el contrario, los últimos datos de ONEI certifican que en 2018 se ha vuelto a producir un descenso en el número de empresas existentes en la economía, un proceso que es bien visible desde 2011 cuando se contaba un total de 2.422, que han quedado reducidas a las 1.776 actuales. La participación de las empresas en el conjunto de lo que denominan “entidades” ha descendido del 22,1% en 2011, al 18,5% de 2018. En suma, en los últimos ocho años han dejado de existir 646 empresas en Cuba. ¿Será por las pérdidas, o quizás hay algo más?
Los datos son alarmantes, por cuanto este proceso de destrucción de la base productiva de la economía ha ido acompañado de una evolución creciente de las entidades del sector presupuestado, las que dependen del estado para existir, y aunque en Cuba realmente todos los activos son de propiedad estatal, las empresas por su capacidad para producir y vender, generan sus ingresos en un ámbito de actividad distinto al que depende del déficit público.
Existen serias dudas sobre el significado y capacidad de las actuaciones del régimen para dar solución a este problema de destrucción empresarial y de potencial productivo. En vez de adoptar la única decisión coherente desde el punto de vista económico, que es definir un marco jurídico estable para la libre empresa privada y los derechos de propiedad, las autoridades del régimen anuncian estudios e investigaciones de las llamadas OSDES, organizaciones superiores de dirección, una tímida apuesta por la concentración empresarial a fin de mejorar la escala técnica productiva. Sin embargo, sus resultados dejan mucho que desear. Según Murillo, las OSDES, “son procesos complejos y que hay que estudiarlas e implementarlas con gradualidad”, “cuyas plantillas han crecido excesivamente y que han frenado la independencia de las empresas”, justo lo contrario que se necesita para dinamizar la actividad económica.
En dicha línea, la agrupación de las OSDES, una línea que parece que quieren ensayar para dar a las “entidades una mayor fortaleza para salir al mercado, para encadenarse productivamente y obtener mejores estrategias de proyección de desarrollo” no parece que sea una solución adecuada. Al final acaban quedando tres en la economía: la Unión Eléctrica, Ferrocarril y Cuba-Petróleo. Monopolios que lejos de ganar eficiencia y competitividad, para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, se convierten en plataformas de poder y de generación de ingresos cautivos que no benefician su propio funcionamiento y sostenibilidad. Nada de participación en igualdad de condiciones, nada de respetar la propiedad socialista de todo el pueblo. Viendo cómo se organiza el entramado empresarial castrista, se percata uno de que estos enunciados están vacíos de contenido y en modo alguno representan la realidad de la economía. Y si las OSDES no son solución al problema empresarial, cabe decir lo mismo de las UEB, las unidades empresariales de base, un elemento más del sistema productivo, creado por el régimen sin aparente razón alguna.
Mientras estas OSDES y UEBs sigan dependiendo para su funcionamiento de los recursos asignados centralmente por el régimen y respondan después, con sus beneficios, de las extracciones de renta decididas por el titular de las mismas, el mismo régimen otra vez, no podrán funcionar con la necesaria autonomía, ni mucho menos elaborar y aprobar planes y políticas orientadas a una mejor ejecución de las actividades que les correspondan.
Muchas de las empresas que han desaparecido desde 2011, han sido víctimas de una política del régimen mal enfocada, dirigida a “lograr empresas eficientes”. El cierre ha venido motivado por un reconocimiento de que “estaban muy lejos de ser eficientes y que no se justificaban como empresas por sus dimensiones y niveles de operaciones”. La solución: convertirlas en UEBs, sin personalidad jurídica, pero ello en modo alguno ha supuesto una mejora del funcionamiento de la economía, y ahí están los resultados del PIB desde 2011.
Ese empeño castrista en hacer las cosas de forma diferente, está en el origen de la "reconversión silenciosa" que se está produciendo en la estructura empresarial. En vez de apostar por privatizaciones u otras fórmulas de gestión privada, que siempre dan mejores resultados, se enrocan en complejidad jurídicas pseudosocialistas que no consiguen atajar el problema en origen, que es cambiar la falta de rentabilidad de las empresas y su eterna dependencia de los subsidios estatales para no cerrar.
En la economía libre de mercado, cualquier empresa con pérdidas puede ser solvente si mejora la gestión. Y ello no depende de “transformaciones organizativas, flexibilización del objeto social, la creación de reservas para capital de trabajo, así como de un fondo de compensación por parte de las OSDE” como han implementado las autoridades castristas, sino producir de forma competitiva e inteligente, atender de manera adecuada las necesidades de los clientes y desarrollar procesos tecnológicos para mejorar la eficiencia apostando por socios tecnológicos.
Las actuaciones que se proponen implementar para este año, no van a mejorar la situación. Los dirigentes del régimen deberían saber que el problema no se arregla "con la aprobación de la política para categorizar a empresas de alta tecnología, ni el perfeccionamiento de entidades de la comisión de implementación, la preparación de los directivos y trabajadores, o la elaboración del régimen jurídico que regule integralmente la actividad empresarial del país, tanto estatal como no estatal". Todo ello es lo mismo de siempre, más burocracia e intervención. Los árboles que impiden ver el bosque. El año que viene seguirá disminuyendo el número de empresas.

Cuadro 1.- Evolución del número de empresas y entidades en la economía castrista

Entidades Empresas %
2011 10.963 2.422 22,1
2012 10.556 2.250 21,3
2013 10.246 2.235 21,8
2014 10.024 1.992 19,9
2015 10.014 1.956 19,5
2016 9.820 1.904 19,4
2017 9.628 1.801 18,7
2018 9.563 1.776 18,6
Fuente: ONEI


Gráfico 1.- Evolución del número de empresas (rojo) y de entidades (azul) en la economía castrista
(número índice, 2011=100)







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