No. El gobierno no se equivoca. Son los otros
Elías Amor Bravo, economista
La mejor explicación del despotismo ilustrado, y del
profundo carácter autoritario de un régimen totalitario, se puede encontrar en
un titular de Granma, en la edición del 12 de febrero. No tiene desperdicio,
y dice así, “Las políticas diseñadas por el gobierno tienen que aplicarse
bien”. Díaz-Canel afirma que “el mejor trabajo político e ideológico que
podemos hacer es trabajar bien todos los días”, tras intervenir este lunes en
la reunión de balance anual del Ministerio de Justicia para evaluar los resultados
del trabajo de 2018 y las proyecciones de 2019.
La primera conclusión que cabe extraer de esta información
de Granma es que el gobierno en Cuba no se equivoca, lo hace todo bien, y el
diseño de sus políticas es el más adecuado a la realidad. El gobierno no comete
errores. Corolario, el problema es que no se aplican bien las medidas que se adoptan desde la cúpula del poder. Y todos los funcionarios, a callar. Trasladar la
responsabilidad propia desde el gobierno, a otros niveles inferiores del estado, no solo es un rasgo endémico del régimen castrista que,
cuando agota la cadena interna de responsables, achaca todos los males al
embargo o bloqueo, sino que es un desprecio a las reglas fundamentales de la gestión pública moderna, donde los gobiernos son responsables últimos, ante los ciudadanos, del desempeño de la administración que gestionan. Esta vez, sin embargo, estamos en Cuba ante un hecho insólito. Un
gobierno, que no reconoce errores, que asume que hace lo correcto en cuanto a las medidas, y traslada hacia abajo la responsabilidad
de posibles fracasos, simplemente porque no se aplican bien.
No existe en este gobierno la más mínima duda sobre la
calidad de sus medidas, o llevado a extremo, al cuestionamiento de las mismas. Lo que hace el gobierno se cumple y basta. Nadie tiene el más mínimo derecho a disentir. Lo que toca es obedecer y trabajar bien. El gobierno acierta en el
diseño de las políticas que lanza a la sociedad, incluso aunque las mismas sean una aberración. El gobierno hace bien
su trabajo porque posee la mejor información posible, la única que se puede poner en valor, en cierto modo, está
imbuido de un don natural que lo hace ser excelente. Solo así es posible
comprender esa grandeza que se desprende de las palabras de Díaz-Canel. Este es el modelo que se pretende implantar en Cuba con la nueva constitución del 24F. Ya me dirán.
La pregunta que inmediatamente nos viene a la cabeza, en
la misma línea es, si la política del gobierno es la correcta y no admite
críticas, entonces, ¿por qué esa política no se aplica bien? Es decir, ¿por qué ocurre esta
situación? Debatir sobre estos temas nos lleva a las profundas raíces torcidas
del régimen comunista que se adueñó de Cuba y los cubanos durante 60 años.
Porque en realidad ¿qué sentido tienen las políticas
públicas si no se aplican bien? Es evidente que en un país, como Cuba, donde el
estado ejerce un poder y control desmedido sobre la economía y sociedad,
cometer errores o no aplicar bien las políticas, es una vía al desastre. Los gobiernos no son responsables ante los ciudadanos, porque no existen elecciones democráticas y plurales que permitan corregir por la vía política los desastres cometidos por unos y por otros.
Cuando
Díaz-Canel exhorta a los cuadros y dirigentes a “trabajar bien todos los días,
porque es el mejor trabajo político e ideológico que se puede realizar”, no
hace otra cosa que señalar con el dedo a los presuntos culpables de los
fracasos. El no tiene culpa. Está absolutamente convencido de ello, al igual que los déspotas ilustrados del siglo XVIII. En esto ha acabado la llamada revolución castrista. Los cuadros y dirigentes están obligados a
trabajar bien y si no lo hacen, ya veremos. Sin embargo, no es fácil, cuando tantas cosas se hacen mal. En
este punto, conviene empezar a pensar con seriedad dónde puede estar el
problema.
Y no parece que esté en la falta de mano de obra
cualificada. En una potencia educativa como Cuba, que alardea de que todo el
mundo puede estudiar en la universidad, los errores en la aplicación de las
políticas del gobierno no deben tener relación con la competencia profesional
de los cuadros. Por muy complejo que sea el entorno global en que nos encontramos,
atribuir a una presunta falta de cualificación de los dirigentes, o no saber
trabajar con varias soluciones para distintos problemas, no deja de ser una
majadería. Si el problema no está en la cualificación de los dirigentes, ni en
los jóvenes que acceden a los empleos, entonces por qué se aplican mal las
políticas del gobierno.
La burocracia puede tener alguna influencia. Díaz-Canel
dijo algo sobre este tema, pero desgraciadamente no entró con la suficiente
profundidad en el asunto, tal vez para quitar su parte de responsabilidad, que
es prácticamente toda. En efecto, al citar las “incontables y absurdas trabas y
burocracias que entorpecen la implementación de las medidas del gobierno” y su
influencia muy destacada en los fracasos de las políticas, en cierto modo lanza
la responsabilidad sobre su propio gobierno. Básicamente porque esa burocracia es responsabilidad directa del gobierno y sus políticas.
Adelgazar la administración podría ser una solución, pero en Cuba, desde 2006, lo único que aumenta es el número de entidades pertenecientes al sector presupuestado. Más burocracia, más papeleo, más tiranía del estado. Por ello, pienso que culpar a los gestores de estas
trabas, parece injusto, por cuanto varias generaciones han estado desenrollando
la madeja, sin haber llegado nunca a los niveles de éxito y acierto que solicita
el dirigente comunista. ¿De verdad alguien cree que Fidel Castro en sus tiempos
gloriosos habría dicho algo así de los cuadros del país? ¿Es que acaso
Díaz-Canel no se da cuenta que a el, y solo a el, corresponde eliminar esas
trabas burocráticas indolentes?
Además, Díaz-Canel insistió en su intervención que para cumplir las
políticas del gobierno, los encargados de su ejecución necesitan “lograr
lugares ordenados, limpios, donde prevalezca la cultura del detalle”, un
mensaje que viene a indicar que las condiciones de trabajo tal vez no son las
más adecuadas, que las oficinas de la administración se caen a pedazos por falta de mantenimiento, que no se limpian. Un desastre. Entonces, una vez más hay que preguntarse ¿a quién corresponde embellecer y lograr eso que Díaz-Canel llama “una buena presencia”, si no es a
él?
Es interesante constatar que este mensaje fue dirigido,
tanto a la administración estatal, que depende directamente de él, como la no
estatal, y aquí más de un trabajador por cuenta propia tiene que empezar a
preocuparse. Porque aun cuando la oferta de servicios del sector por cuenta
propia presenta unas condiciones mucho mejores que los desvencijados
establecimientos estatales, la contundencia de la actuación de los inspectores,
no se hará esperar.
Y lo más significativo de todo esto, es que el mensaje de Díaz-Canel se
dirigió al ministerio de justicia, “por el amplio ejercicio legislativo que
deberá desplegarse luego del referendo constitucional del 24 de febrero”,
mostrando lo que es evidente. En Cuba, la separación de poderes del estado de
derecho, amparado en las leyes, no cuenta. Cuidado, que sus últimas palabras
son todo un alegado dirigido a juristas, y dice así, “cuando atendemos bien
encontramos comprensión, eso da confianza a la población en sus instituciones
de Gobierno”.
¿Cuánto de cierto hay en este discurso, y cuánto de
mensaje electoral ante la votación del próximo 24F? La cuestión a dilucidar en
este punto es si en una época normal, Díaz-Canel habría hecho este tipo de
reflexiones que al final sucumben en el ostracismo propagandista de Granma. ¿A quién se
dirige este mensaje? ¿Quién debe preocuparse realmente por aplicar mal las
políticas de un gobierno excelente? La refriega puede llegar a tanta gente, que
no es fácil determinar el blanco.
Al final, cabe concluir que la gestión pública en Cuba
necesita mucho más que hacer bien las cosas. La gente se queja de una
administración burocrática, que tiene muy poca agilidad para cumplir sus
mandatos, que no aplica de forma adecuada las normas, y donde existen bolsas de
incumplimiento ético, conductas que tienen poco que ver con valores como la
decencia y la responsabilidad. De todo esto se queja Díaz-Canel y Granma lo
publica. Qué otra cosa puede hacer?
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