Que nadie se quede desamparado: repartiendo la miseria una vez más

Elías Amor Bravo, economista 

Convencidos de la necesidad de seguir aplicando las mismas políticas de siempre, para que “nadie se quede desamparado”, los comunistas se preparan para el reto de la tarea ordenamiento y anuncian el firme compromiso de mantener los precios minoristas actuales, sistemas de venta, y controles establecidos para los artículos correspondientes a los programas de canastilla, entre otros. Otra cosa es que lo logren y que salga bien.

Repartir la pobreza ha sido la nota característica de la actividad del Ministerio del Comercio Interior desde el lanzamiento en 1962 de la nefasta libreta de racionamiento que eliminó, de un plumazo, la libertad de elección de los consumidores cubanos. Ahora, en la Tarea Ordenamiento, este ministerio se  ha propuesto “mantener la protección a las personas vulnerables” es decir, continuar repartiendo la pobreza, en vez de reconocer que el modelo no funciona y que cualquier alternativa es mucho mejor para los cubanos.

Las presuntas “complejas transformaciones del sector comercio” referidas por el ministro Murillo no son tales, porque ni han logrado elevar la eficiencia y la calidad de los servicios, ni han servido para mejorar la atención a los colectivos vulnerables a los que dice atender.

El origen de este fallo sistémico en el comercio castrista se encuentra en ese concepto obsoleto denominado “canasta de bienes y servicios de referencia” que ni sirve como punto de referencia para nada, ni es útil para determinar la adquisición de bienes y servicios imprescindibles para las personas, o sea, el consumo mínimo, y mucho menos, asegura el suministro adecuado de la otra “canasta”, la denominada “canasta familiar normada” que a duras penas resiste con apenas 19 productos alimenticios y 4 no alimenticios.

Según el ministerio, la canasta familiar de productos alimenticios tiene un costo, que no precio, de alrededor de 18 pesos, se pretende incrementar hasta los 180 pesos, para alcanzar, cuando se añadan otros bienes y servicios básicos de referencia, la cifra de 1.528 pesos, equivalente a la nueva pensión mínima. La pobreza repartida. Es la esencia del modelo social comunista. Ni siquiera la canasta de incrementa a los 2.100 del salario mínimo. No, el gobierno quiere a los cubanos pobres, incapaces de mejorar su nivel de vida, y sometidos a cálculos realizados por burócratas que se creen superiores y que pueden decidir sobre el consumo de los demás.

Esta situación, que es única de países con un modelo social comunista de estas características, es insostenible, y precisamente, ante un escenario de devaluación de la moneda, acompañada de tensiones inflacionistas de precios y salarios, como el que ocurrirá el próximo día 1 de enero, entran en crisis y saltan hechos pedazos.

De modo que el gobierno tiene encima de la mesa varios ejes problemáticos.  Primero un número de productos y servicios cuyo precio se pretende liberalizar y eliminar los subsidios, pero que podrán ser tan altos que no habrá demanda. Segundo, una serie de productos que se mantienen subsidiados para que la población tenga acceso a los mismos. Tercero, las dudas sobre si el subsidio debe ir al productor o al consumidor.

Cuestiones sobre las que, si no se tiene una idea clara, pueden ocurrir auténticos desastres que afectarán de forma muy negativa a todos los cubanos, pero sobre todo, a los vulnerables. El efecto de mantener este sistema provoca efectos negativos en los precios relativos, prima la situación de unos consumidores con respecto a otros y crea notables desigualdades e injusticias. Algunas mucho mas graves que las generadas por el mercado.

En ese sentido, el objetivo de mantener subsidios en la canasta de la infancia, o en las dietas médicas de carne y leche, las dietas de retrovirosis y para las embarazadas, a los niños con intolerancia a la lactosa, y las dietas de las enfermedades crónicas en la infancia obligará a inmovilizar gastos del presupuesto para estas funciones que, si bien no son elevados, suponen un esfuerzo adicional que nunca acaba siendo del gusto de los destinatarios. Por ejemplo, Murillo estimó en 21 millones de pesos el coste de la atención a los niños con déficit nutricional).

En realidad, con estos cálculos para las ventas de productos en la bodega, para determinar la canasta familiar, para calcular los nuevos precios sin subsidios, para fijar los productos que se venden por ciclo (son los que no se venden necesariamente el primer día del mes) como el huevo, las pastas alimenticias, el pollo, embutidos, picadillos, combustibles domésticos y el café, el gobierno pierde el tiempo.

Y se puede afirmar que esto es así, porque nadie mejor que el mercado para determinar, oferta y demanda, los precios de equilibrio. Nadie puede saber en Cuba cuál puede ser ese precio resultante, de modo que los subsidios concedidos por el gobierno son un despilfarro, toda vez que los mismos solo tienen su razón de ser si los precios de equilibrio de mercado son muy elevados y exigen esa compensación.

Por ejemplo, ¿por qué se tienen que mantener subsidios en la venta del uniforme escolar, la canastilla para embarazadas o el calzado profiláctico (ortopédico)? ¿por qué en estos productos si, y en otros no? Hay que explicar a la población que las empresas cubanas que producen estos bienes son ineficientes, y sus costes y productividad están descompensados, por lo que no pueden fabricar a economías de escala. Y no logran acceder a esa escala técnica eficiente porque el gobierno no permite que las empresas de su propiedad remonten el vuelo. Es una alimaña que se muerde la cola e impide prosperar.

Para el régimen comunista es fundamental controlar, limitar, evaluar, dirigir y someter a las empresas, estatales y privadas, para evitar que sean eficientes y no precisen del gobierno para llegar con sus productos y servicios a los clientes. Que si menús balanceados de la asistencia social, que si merienda escolar, que si alimentos comercializados de forma liberada en la red del comercio interior; concentrar los esfuerzos en el reparto de la miseria existente, y no orientarse de una vez por todas a incrementar los niveles de oferta, producir más, hacerlo con eficiencia alcanzando economías de escala crecientes, no es lo que debe hacer el gobierno.

El absurdo convencimiento comunista de que los precios se pueden controlar, desemboca en la falta de productos. Los cubanos conocen bien esta perversa relación. Lo veremos con los materiales de la construcción como el cemento, las tejas de fibrocemento, algunos elementos de pared y carpintería metálica, que desaparecerán de los mercados si el gobierno se esfuerza en toparlos, con graves consecuencias para la construcción de viviendas que tanta falta hacen en Cuba.

¿Y qué decir de la red de la gastronomía popular (donde entran comedores obreros, y las cafeterías de funerarias, centros estudiantiles, hospitales y otros establecimientos atendidos por formas de gestión estatales o no estatales)? Más bien poco. La dirección de estos establecimientos por los dirigentes comunistas de los consejos de la administración municipales ha dejado un escenario de falta de servicio, escasez y poca calidad, que justifica, hoy más que nunca, el traspaso a la gestión emprendedora privada de todos los establecimientos a ver si de una vez por toda, ofrecen sus servicios en condiciones adecuadas.

Al final, los comunistas creen que todos sus fallos y errores se pueden corregir con los presupuestos del Estado, y esta creencia, como otras muchas, tiene que ser desterrada para siempre.  La gestión por el sector privado de los servicios técnicos y personales del hogar (peluquería, barbería y otros del Programa energético), ha mostrado que lo privado puede ser más eficiente y generar servicios mucho mejores que la provisión estatal. Ciertamente, en ningún país del mundo, el estado sirve meriendas o corta el pelo. Esto solo ocurre en Cuba y así funciona la economía del país. Mal, muy mal.


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