Préstamos a los trabajadores para los salarios insuficientes: ¿de qué desamparo hablan?

Elías Amor Bravo, economista

La ministra de trabajo y seguridad social compareció en mesa redonda para explicar con abundantes números la relación entre la Tarea ordenamiento y las competencias sociales de su departamento. Y dijo nada más comenzar, que “en Cuba no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social, y eso ha sido obra de la Revolución”. Triunfalismos y propaganda aparte, lo que dijo la ministra merece ser analizado con cierto detalle.

¿Es solvente el sistema de protección social en Cuba? ¿Cambiará como consecuencia de la Tarea Ordenamiento? ¿Deben los cubanos confiar en el sistema de Asistencia Social de la “revolución”.

Empezando por el final, el sistema de seguridad social que protege al trabajador y su familia este año 2021 tiene poco que ver con el que existía hace tan solo unos años. Su declive ha venido causado por el agotamiento de los presupuestos y un incremento notable de la población protegida, como consecuencia de un rápido y continuo envejecimiento de la población. El escenario es crítico, como ocurre en otros países afectados por las mismas tendencias, pero a diferencia de ellos, el régimen no tiene planes concretos para afrontar la situación.

Sin embargo, los cubanos saben que las prestaciones monetarias que el sistema destina a cubrir riesgos de enfermedades, casos de invalidez total y parcial, la maternidad e, incluso, el fallecimiento del trabajador protegiendo a los familiares que tienen derecho, han experimentado un descenso significativo en términos reales. El sistema está agotado y no tiene capacidades para financiar el escenario que tiene por delante.

En términos de suficiencia, este año 2021 el presupuesto de la seguridad social para las pensiones alcanzó 33.139 millones de pesos, una magnitud solo comparable con los gastos destinados a salud y educación. Para la asistencia social hubo un incremento de 5,8 veces de la prestación mínima, establecida en 1.260 pesos (conviene tener presente que el salario mínimo se quedó en 2.129 pesos, un 69% superior). Parece mucho, pero cuando se desaten los efectos de la espiral de precios motivada por la devaluación, el poder adquisitivo será claramente inferior. En Cuba, la jubilación empobrece un 30% a las personas. Por otra parte, el presupuesto de la asistencia social no es contributivo, sino que es asumido íntegramente por el presupuesto del estado, y alcanza un importe de 2.707 millones de pesos para 2021. Seguridad social y asistencia social suponen casi el 3,5% del PIB.

Durante años los cubanos creyeron que la “revolución” había creado en Cuba un sistema único a nivel mundial de protección social, del que podían sentirse orgullosos. Sin embargo, la llegada de turistas españoles, italianos, canadienses jubilados en busca de aventuras amorosas, permitió confirmar que en sus países de origen existían sistemas mucho más completos y avanzados de protección social que el creado por la “revolución”, que les permitía no solo disfrutar en Cuba largas estancias con sus pensiones de jubilación, sino mantener a una o dos familias.

Algo inaudito para un cubano que recibía la misma pensión después de 30 años de trabajo al servicio de la “revolución”. Algunos de estos pensionistas españoles, prejubilados con edades relativamente jóvenes, 55 a 60 años, asombraban aún más a la audiencia en Cuba cuando les informaban que sus empresas compensaban las pensiones hasta la jubilación definitiva. Los cubanos no podían entender que ¿las empresas? Pagasen nada que tuviera carácter social.

Pero en esto, como en otros muchos hechos sociales, los cubanos se encontraron ante un la dura realidad de un escenario que derribaba lo que habían construido adoctrinados como si se tratase de una gran hazaña de la “revolución”. Además, los jubilados españoles dispuestos a disfrutar de una nueva vida en Cuba con sus pensiones, viajaban a España varias veces al año para traer medicinas que en las farmacias cubanas habían desaparecido y para pasar sus revisiones sanitarias, por supuesto gratuitas, en los modernos hospitales españoles.

El choque fue espectacular y acrecentó la insatisfacción con el sistema de seguridad social cubano.  Ni siquiera las prestaciones a ancianos sin recursos ni amparo, a personas no aptas para trabajar sin familiares en condiciones de prestarles ayuda, llegaban a fin de mes. Tan solo aquellos ancianos que recibían remesas del exterior mostraban alguna diferencia en el nivel de vida. Las diferencias entre el “paraíso de los trabajadores” y los países de procedencia de los turistas llevó a mucha gente a ver desde una posición crítica lo que les ofrecía su régimen.

Lamentablemente, la ministra dedicó la mesa redonda a presentar los distintos programas de su ministerio y su mensaje se centró en el número de personas atendidas en cada caso. En vez de realizar un análisis coste beneficio de los recursos presupuestarios destinados y los indicadores de resultado, la ministra aludió a los números, sin más. En el Sistema de Atención a la Familia (SAF), un total de 76.810 personas. Otros 12.018 fueron subsidiados por la asistencia social. Tan solo citó de pasada las causas de las inasistencias de los beneficiarios del servicio, por motivo de los precios, lo que obligó a revisar lo ocurrido.

El rechazo vino porque los precios fijados quedaron entre 8 y 13 CUP que, por bajos que parezcan, para las personas insolventes parece que suponen una barrera infranqueable que no se puede asumir, a pesar de la insistencia de la ministra en que no se trata de precios elevados. Ahora que está de moda perseguir a quienes suben los precios en el trabajo por cuenta propia, alguien debería prestar atención a este tipo de situaciones en el ámbito del sector estatal.

Más números. La ministra dijo que en el país existen 157 hogares de ancianos, de los cuales 49 están certificados por el Ministerio de Salud Pública. Esa certificación es importante porque está relacionada con precios más altos. Las tarifas son muy distintas, los hogares de ancianos certificados: 1 260 cup y los hogares de ancianos no certificados: 126-189 cup.

En estos hogares, 2.324 adultos mayores permanecen en régimen de internado, sin indicar cuantos en cada tipo, solo que de ellos, 513 asumen el pago con sus ingresos, con ayuda de su familia, en tanto que otros 1.811 reciben subsidios de la asistencia social.

El número de las 300 casas de abuelos permitió afirmar que 234 están certificadas, con un total de 7.440 adultos mayores, de los que 2.996 asumen el pago con sus ingresos, o con ayuda de su familia y otros 4.444 reciben subsidios de la asistencia social.

Finalmente, con relación a la protección a las madres que tienen hijos con discapacidad, citó que hay 4.037 madres cuyo empleo es cuidar a su hijo. Un grupo de ellas está protegida por su salario: 3.202 madres y hay otro grupo de 739 que cuentan con solvencia económica en el núcleo, y solamente se les consideran los años de servicio. Por último, hay otras que son insolventes económicamente y se les da una prestación monetaria.

Estas personas, cuando llegan a la edad de jubilación, pueden acceder a ella. Calificó la prestación como “servicio de lujo” de la asistencia social.

Pues bien, sumando por todos los programas y conceptos, resulta que estamos ante 92.000 personas como destinatarios de los mismos. ¿Mucho, poco, suficiente? Echamos en falta una valoración objetiva de una realidad que admite muchas tonalidades sin duda.

Según la ministra, el origen de los recursos para financiar todos estos programas procede de la eliminación de subsidios y gratuidades bajo el principio de mejor subsidiar personas que subsidiar productos, logrando alcanzar 700 millones de pesos destinados al presupuesto de la asistencia social de este año para personas vulnerables, que en número de 29.934 personas han solicitado esta protección para este año. De estas personas, a 4.443, la protección fue un empleo.

En este punto, llegó el anuncio "estrella" del programa, una iniciativa relacionada con la Tarea ordenamiento que afecta a los trabajadores que se han visto afectados de alguna manera con el nuevo salario. 

En concreto, personas que estaban de vacaciones con el salario anterior y los que se encontraban de licencia, mientras gastaron el anticipo en las festividades por fin de año. En cualquier caso, la ministra reconoció públicamente que este mes de enero es un hecho objetivo que hay grupos de trabajadores que tienen ingresos insuficientes para asumir los aumentos de precios.

En tal caso, el ministerio decidió asumir el aumento de los precios, y a tal fin, ha facultado a los jefes de las entidades laborales a conceder, a solicitud del trabajador, un financiación salarial de 1.000 pesos ante la insuficiencia de ingresos por cualquier causa. Se trata en suma de un préstamo que el trabajador deberá devolver en un plazo que no exceda de cuatro meses. Pasado el mismo, se descontará de su salario. De momento, se desconoce el alcance de esta medida y su justificación real, ya que no figuraba en la Tarea ordenamiento. Una lástima que la ministra no ofreciera esa información.

La revolución, según la ministra, no quiere que nadie quede desamparado. Podemos decir que es una forma de ver las cosas. Realmente son 62 años de abandonar gente a su suerte sin escuchar las demandas reales de los ciudadanos. Tan solo una demanda es un buen ejemplo de ese desamparo: la libre elección.

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