Sin mercado, la política de precios es un fracaso rotundo

Elías Amor Bravo, economista

Una de las consecuencias más evidentes de la Tarea Ordenamiento ha sido el comportamiento dispar, errático, ineficiente de los precios, lo que ha provocado cierto malestar en la población, al tiempo que el gobierno ha tenido que retirar algunos precios y tasas aprobados.

Esta pésima gestión por el estado de un proceso, la formación de precios, que en cualquier economía del mundo se realiza por el mercado de forma más eficiente, ha ido finalmente acompañada de una intensa y malévola campaña de descrédito y acusaciones en la prensa oficial contra los comerciantes, a los que se culpa de especuladores, de violaciones e incumplimientos, al tiempo que se exigen medidas delatorias y penales para castigar estos comportamientos.  

Un río bien revuelto, de los que gustan al régimen castrista, porque en ellos obtiene ganancia el estado, utilizando la propaganda y demagogia para ofrecer una imagen distorsionada del proceso, atacar las instituciones básicas de la economía de mercado, y defender el obsoleto modelo social comunista imperante.

La posición oficial insiste en que la sociedad se queja de los  precios desmesurados y arroja todas las culpas al sector emprendedor privado. Esto fue lo sugerido por la señora Bolaños  ministra de Finanzas y Precios, en cierto modo, responsable principal del desbarajuste con los precios en la economía, cuando en Mesa redonda anunció  que, del 1 al 13 de enero, solo en temas de precios, su ministerio recibió 497 comunicaciones: 419 consultas y 78 denuncias directas. ¿Muchas, pocas, las justas?

¿Cuál es la posición oficial sobre lo que está ocurriendo?

Básicamente, el régimen reconoce que la Tarea ordenamiento ha provocado una transformación de los precios, y ello guarda relación con la ”implementación de los Lineamientos de los Congresos partidistas, así como con la Estrategia económico-social aprobada por el país para impulsar la economía y enfrentar la crisis provocada por la COVID-19 y el bloqueo”. De modo que, con estos apoyos, a ver ¿quién alza su voz crítica y alternativa en Cuba contra esa muralla de política partidista comunista, por cierto, errónea en su diseño y de pésima aplicación?.

La posición oficial señala que los precios cambian, en primer lugar, como consecuencia de los efectos de la devaluación del peso cubano, “proceso que conlleva, necesariamente, al incremento de los costos”. Ya lo avisamos en este blog, y lo que es peor, a las tendencias inflacionistas que ahora se están produciendo, se suman la reforma general del salario y pensiones, la eliminación de subsidios y gratuidades, así como la expansión monetaria que está fuera de control o el aumento del déficit público, por encima del 20%, entre otros.

También se explica la inflación actual como consecuencia del aumento de una buena parte de los precios de los bienes y servicios mayoristas y minoristas, pero no se informa que los precios y tarifas de los bienes del sector presupuestado y muchos servicios públicos del estado social comunista también han registrado incrementos de precios que, en algunos casos (electricidad, gas, transporte) las autoridades han tenido que rectificar. Aquí sería conveniente retrotraerse a los efectos provocados por el aumento de salarios decretado por el gobierno en el sector presupuestado a mediados de 2019 lo que vino a trastocar los precios.

El problema fundamental es creer que la economía de intervención estatal sin derechos de propiedad tiene algo que hacer por medio de los controles de precios, la centralización de precios o los precios topados contra los efectos inflacionistas de esa devaluación. Esta limitación también se advirtió en este blog hace tiempo. La devaluación pone en relación el valor de la economía cubana con el del resto del mundo y esto no se puede controlar por el estado intervencionista, sino que exige que las fuerzas productivas se manifiesten y se contabilicen.

Sí se pretende que los precio sean aplicados de forma correcta en sus aumentos, hay que apartar al estado de los procesos y dejar que sean oferta y demanda los que determinen los equilibrios en los mercados. Un precio alto se corrige a la baja vía exceso de oferta. Un precio bajo, aumenta necesariamente empujado por el exceso de demanda. El mercado asegura los equilibrios y la eficiencia. Solo así es posible incrementar la riqueza y la productividad que necesita la economía cubana para mejorar las condiciones de vida de la población.

Pero la posición oficial dice que se han mantenido los precios minoristas de productos destinados a los consumidores con determinadas dietas médicas, entre ellos, enfermedades crónicas de la infancia, embarazo, retrovirosis crónica, fórmula basal e intolerantes a la lactosa en infantes. También se mantienen los precios de todos los alimentos específicos para niños, en particular los que tienen déficit nutricional, bajo peso y talla. ¿Alguien sabe de qué porcentaje del total de bienes y servicios de la economía se está hablando con estos precios que se mantienen estables? Pues alrededor del 0,5% del total, e incluso se anuncia que algunos serán revisados.

Después la posición oficial hace referencia, en el caso de la venta liberada de productos industriales, a unos 133 que mantienen sus precios estables en la red de establecimientos de mercados ideales, así como otros 92 productos alimenticios liberados, fuera de la libreta de abastecimiento, que incluyen las galletas de sal y las salchichas. Liberados, no liberados, son conceptos asociados a la intervención estatal que solo ocasionan problemas de abastecimiento a la población.

En la nómina de precios estables hay otros 209 productos que se comercializan en la cadena de tiendas minoristas, y que son de alto impacto en la población, 489 productos de construcción que en venta liberada mantienen el mismo precio de comercialización. Algunos servicios de transporte como los ómnibus y taxis ruteros en La Habana, o los viajes en catamarán, también se mantienen estables. Algo similar sucede con los medicamentos, pues aquellos que están asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes, los productos de óptica, medicina natural y tradicional, y los servicios de reparación de calzado ortopédico, mantienen estables sus precios.

Bien. Después de este enunciado nominal de precios que se centralizan por el gobierno para que no suban, lo que hay es algo así como un 10% de los precios de todos los bienes y servicios de la economía. Habrá que ser realistas a la hora de determinar los efectos que los controles tienen sobre el nivel de bienestar de la población. Distorsiones e ineficiencia.

En numerosas ocasiones, hemos explicado en este blog que la política de precios de Cuba es uno de los fracasos más evidentes del modelo social comunista. Desde que al comienzo de la llamada “revolución” se decidió controlar los precios de los alquileres, el desastre llegó sin paliativos al resto de sectores de la economía. La Tarea Ordenamiento confirma que el sistema no funciona y que se debería cambiar.

Como se ha señalado, los procesos de determinación de precios en una economía siguen las leyes de la oferta y demanda de los mercados, y con ello aportan eficiencia. No necesitan de que un ministerio de finanzas y precios elabore una nomenclatura de productos y servicios por sus características y por el impacto que tienen en la población, la llamada “canasta familiar normada”, y esta tarea es una facultad del Consejo de Ministros. Realmente estos productos apenas llegan al 3% del total y cada vez menos.

El gobierno regula también por Decreto Ley los productos cuyos precios no corresponden al consejo de ministros, sino que dependen del ministerio o de otras autoridades como organismos de la administración central del estado, institutos, consejos provinciales, organizaciones superiores de dirección empresarial, de las empresas y hasta el nivel de unidades económicas de base.

La posición oficial justifica que “el ejercicio de esas facultades no es arbitrario” y puede que tengan razón, pero si que es el origen de los problemas y asimetrías, así como las tensiones inflacionistas que aparecen en la economía con cierta frecuencia, y que acaban con los mercados vacíos como consecuencia de las políticas de precios topados.

Y esta vez no ha habido que esperar mucho para observar los efectos perniciosos del modelo. En algunos casos, hilarantes, como los precios en los comedores obreros o la merienda en horario laboral, que no contemplan la necesidad de hacer frente a unos costes más elevados, lo que ha provocado aumentos de precios en algunas instituciones, sobre la base de inventarios del año anterior. Al final, todo esto ¿qué acaba produciendo? Lo que se denuncia en Granma: deterioro de la calidad del servicio, en tanto que las autoridades apuntan a dirigir la actividad del comedor obrero hacia la autogestión, el autoconsumo y una mayor búsqueda de ofertas. Otro modelo de gestión.

También se refieren al transporte obrero, donde había tarifas de 0,25 pesos por cada pasajero por kilómetro, y luego de analizar el impacto que podía tener en el cobro de los trabajadores, se rebajó a 0,17 pesos, una reducción del 30 % en ómnibus de hasta 40 pasajeros. Habrá que ir a trabajar caminando.

Otro tanto, ocurre con la limpieza de fosas, un servicio por valor máximo de 280 pesos, y por el efecto que puede tener en determinadas fosas que requieren limpiezas reiteradas.

Convendría tener en cuenta que todos estos casos se tratan de servicios prestados por el sector presupuestado, que dependen del gobierno, y que podría ejercer ese control de forma directa, para lo cual ejerce una inspección en la formación de los precios mayoristas.

Las autoridades insisten que la mayor preocupación está relacionada con los precios para la población para lo que se realizan inspecciones al comercio minorista, tanto del estatal como no estatal, con las que se pretende actuar contra los incumplimientos, un 65 % de los mismos tiene que ver con los mercados agropecuarios y  la comercialización de diferentes productos de esa naturaleza, así como en servicios gastronómicos. A resultas, se han retirado más de 600 licencias y 750 decomisos de un total de 52.685 inspecciones realizadas. ¿Demasiadas inspecciones o pocas denuncias realmente? ¿En dónde estamos?

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