La tierra no da para más, el desastre se avecina

Elías Amor Bravo, economista

El campo cubano ha sido uno de los grandes olvidados de las 176 medidas. Es verdad que hay un eje dedicado a la agricultura, que contiene solo 7 medidas menos del 4% del total, pero es que, además, en la medida que no se abordan los problemas estructurales que afectan al sector, no cabe esperar gran cosa.

La prensa oficial ha construido un relato optimista, en el que destacan que “nuevas oportunidades se abren en la agricultura para producir más alimentos, incorporar áreas sin explotar y aprovechar mejor las capacidades existentes”, pero cualquier guajiro cubano sabe por qué estas medidas no van a dar resultado. La tierra debe ser de quién la trabaja. Esta máxima, que es inspiración comunista, en Cuba es imposible, y ello ha condicionado la dinámica del sector agropecuario desde los primeros instantes de la llamada “revolución” cuando la llamada “reforma agraria” acabó por hundir un sector hasta entonces próspero y productivo.

Luego fueron 67 años de fracasos continuos del sector, y ahora se sacan de la chistera estas tristes 7 medidas con las que pretenden lograr la recuperación de la producción agropecuaria. Por mucho que este sea uno de los objetivos prioritarios del llamado Programa Económico y Social del Gobierno 2026, el camino a recorrer exige un nuevo marco técnico, jurídico y productivo que la constitución comunista de 2019 se encarga de dejar claro que no va a cambiar.

Y esta resistencia ideológica a dejar de pensar en la tierra como un factor de producción que obligatoriamente debe estar en manos del pueblo y gestionada por el estado, es lo que lleva a trabajadores por cuenta propia, cooperativistas y productores del sector agropecuario a pensar que por muchos enunciados que se realicen por las autoridades, el sector seguirá estando atrasado e improductivo.

Al parecer, existe acuerdo bastante general en que resulta imperativo eliminar los obstáculos históricos que han limitado al sector, entre los que cabe citar, el régimen de propiedad de la tierra, la distribución mayorista, la extensión de las reglas del mercado, la acumulación de renta y riqueza. Ninguna de las medidas se inscribe en estas coordenadas, de modo que el campo seguirá como siempre, esperando que llegue su momento.

Como no se modifica el régimen de propiedad de la tierra, los comunistas ponen todo el énfasis en la transformación del régimen de uso y explotación de la tierra, que es una cosa totalmente distinta. El régimen de propiedad, cuando es privado, otorga al titular del activo todo tipo de derechos para operar con absoluta libertad en aquello que le interese para acrecentar el valor de su propiedad. Cuando la tierra es cedida o arrendada, ni siquiera es posible solicitar préstamos sobre cosecha, porque los bancos carecen de un activo como valor de respaldo.

Por lo tanto, si no se altera en 180º el principio de que la tierra es propiedad socialista de todo el pueblo (lo que acaba siendo un control centralizado por parte del estado del factor principal de producción) no se podrá ver cómo mejora el sector agropecuario. Es verdad que las nuevas normas amplían el derecho real de usufructo, por tiempo indeterminado, y que podrá otorgarse a personas naturales y jurídicas estatales, privadas o mixtas, en función del proyecto productivo presentado, pero esto no sirve, es ineficiente e inadecuado para estimular la producción agropecuaria. La tierra es de quien la trabaja. De nada sirve que la extensión de tierra arrendada no dependa de límites prefijados, sino de las necesidades reales de cada propuesta. En cualquier momento, el arrendador (el dirigente comunista local) puede decidir retirar las tierras cedidas al productor, y se acabó el cuento de la lechera.

Este modelo de la entrega de tierras, que entró en funcionamiento con las reformas raulistas, es un banco de falsedades porque no es verdad que haya favorecido la producción privada. Los campesinos que arriendan tierras al estado producen en suelo del estado, por lo que la producción se obtiene en el factor estatal y debe ser adscrita al mismo. Los esclavos que producían en la hacienda del señor no eran los titulares de la producción, sino que lo era el señor. En Cuba, salvando distancias, es lo mismo. Miles de campesinos se esfuerzan por sacar producciones en tierras cedidas por el estado, que no son suyas. La producción no puede ser privada, porque el campesino se encuentra restringido para hacer viables sus producciones de acuerdo con sus intereses. El campo cubano sigue siendo un espacio de ineficiencia estatal.

Con las nuevas medidas, el régimen se olvida de los productores individuales y decide abrir las puertas del campo a la empresa estatal administradora, para que asuma un más activo: ya no será un actor distante, sino el responsable de gestionar la entrega, coordinar con las cooperativas y garantizar el cumplimiento de los plazos. Hay serias dudas de que la entrada de la ineficiente y burocrática empresa estatal pueda arreglar los problemas de distribución del sector agropecuario. La poca seguridad que tienen los dirigentes con esta iniciativa se observa cuando establecen que el procedimiento se pueda completar en un plazo de 20 a 25 días mediante mecanismos ágiles, apoyados en herramientas geoespaciales que agilizan la delimitación de terrenos. Mientras se perfecciona el respaldo jurídico, la administración provisional permitirá que los productores comiencen a trabajar sin esperar la conclusión de toda la documentación legal.

Otra iniciativa que se considera válida, pero que está mal enfocada va a permitir que, quien solicite tierras pueda optar entre vincularse a una cooperativa o directamente a una empresa estatal, ampliando las alternativas organizativas. Esta medida significa que los dirigentes comunistas siguen sin entender al productor individual que, precisamente lo que busca es autonomía y libertad para sus sueños y decisiones.

¿Por qué estas medidas en favor de las empresas estatales en el campo cubano? Al parecer, alrededor del 80% de la tierra en Cuba es administrada por empresas estatales en representación del pueblo, lo que justifica que sean estas las responsables de entregar las áreas en usufructo. Una vez más, la titularidad del factor de producción tierra se convierte en la principal restricción. En vez de liberalizar las fórmulas más flexibles, ahora en el caso de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (cpa), donde la tierra es propiedad privada de los socios, cualquier entrega deberá ser aprobada por su Asamblea General, respetando su autonomía. Las empresas, en lo adelante, deberán consultar con las cooperativas asentadas en las áreas solicitadas y acompañar todo el procedimiento desde el inicio.

La participación de las cooperativas podría ser un instrumento para mejorar el sector agropecuario. Pero hay mucho trabajo que hacer, sobre todo, apartar a los dirigentes comunistas del control de las cooperativas agropecuarias y de las de Créditos y Servicios. Hay que avanzar en la homologación de la normativa sobre cooperativas como la que existe en España, por ejemplo, donde las cooperativas funcionan como empresas rentables orientadas por el beneficio con respeto a lo social. Y punto.

La forma de organizar la estructura del sector ha llevado a que surjan dudas entre los productores sobre la eventual conservación de la vigencia de los actuales certificados de usufructo. Los usufructos ya otorgados mantienen plena validez y pasan automáticamente a regirse por las nuevas disposiciones. El problema no es la regulación, sino que los usufructos pueden ser suprimidos con total libertad por los dirigentes comunistas locales que gestionan la tierra. Y mientras que no se supere este escenario, no hay mucho que hacer ni a nivel técnico productivo, financiero o de comercialización.

Los dirigentes anuncian nuevas normas que introducen modificaciones en materia de herencia, bienhechurías y viviendas vinculadas al usufructo, y trasladan a los tribunales los procesos de reclamaciones hereditarias.

Aspecto que merece especial atención es que las medidas reconocen una realidad existente: productores agropecuarios que administran grandes extensiones, generan empleo y sostienen niveles de producción comparables a los de muchas empresas.

Y aquí aparece una de las nuevas disposiciones que más atención ha reclamado, que es el permiso para la creación de empresas privadas agropecuarias. Este sería el caso de los usufructuarios con decenas de hectáreas dedicadas al tabaco, frutales o plátano, que emplean a más de un centenar de trabajadores, y que si así lo quieren podrán constituirse formalmente como empresarios y acceder a facultades previstas para ese tipo de actores. Los dirigentes comunistas cubanos no son conscientes de que, para aprovechar el aumento de la escala de producción, el régimen de propiedad de la tierra es esencial. Y si no se modifica estos experimentos pueden acabar muy mal.

Igualmente, se aumentan las facultades de las cooperativas, incluyendo la posibilidad de realizar operaciones de comercio exterior de forma directa, importar tecnologías e insumos, combustibles y gestionar financiamientos externos, sin duda, una herramienta para fortalecer la autonomía económica y ampliar las capacidades de gestión del sector.

La disponibilidad de insumos es uno de los factores que más inciden en los resultados de la producción agropecuaria. Durante años, los productores se han quejado de las dificultades para adquirir fertilizantes, bioproductos, combustible y piezas de repuesto. Las nuevas medidas establecen que cualquier actor económico podrá importar, producir y comercializar insumos agropecuarios, tanto en divisas como en pesos, incluyendo cooperativas, empresas estatales, mipymes y trabajadores por cuenta propia.

También se valoró positivamente la producción de biofertilizantes y abonos orgánicos desarrolladas por colectivos laborales. Estas iniciativas podrán crecer y convertirse en negocios plenamente reconocidos y podrán encadenarse con socios en el exterior, establecer contratos o crear empresas mixtas.

Además, se prevé la creación de mercados de insumos en divisas con participación nacional y extranjera, y mecanismos bancarios que faciliten operaciones mediante tarjetas, transferencias y comercio electrónico. Estas medidas irán acompañadas de incentivos fiscales, con reducciones significativas en aranceles e impuestos aduaneros.

Las nuevas medidas facultan a las cooperativas para realizar directamente exportaciones e importar insumos, equipos y tecnologías, así como gestionar financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en Cuba y en el exterior. Esta apertura al comercio exterior representa un cambio significativo para insertar a los productores cubanos en los mercados internacionales.

En materia de comercialización, se descentraliza la formación de precios y se reconoce el papel del mercado, pero no como en otras economías occidentales. Las entidades estatales, las cooperativas y productores podrán participar en la conformación de precios, superando esquemas centralizados que desestimulaban la producción, pero nada se indica sobre como ejecutar este proceso.

Se promoverá la descentralización territorial del Fondo de Fomento Agrícola y la creación de un Banco para el Fomento Agrícola, especializado en respaldar proyectos de producción de alimentos, viejas ideas que nunca se han llevado a la práctica. Cierto es que estas transformaciones constituyen uno de los cambios más amplios de los últimos años para estimular la producción agropecuaria. Sin embargo, tanto autoridades como productores coincidieron en que el éxito dependerá de la implementación efectiva, sobre todo por los bancos.

Para llevar a término las medidas, el Ministerio de la Agricultura deberá actualizar más de una decena de normas, pero cada organismo, gobierno local y entidad financiera deben conocer con precisión los cambios y actuar en consecuencia. ¿Lo lograrán o estamos ante un desastre que se avecina?