¿A dónde llevan las cooperativas en el régimen castrista?

 

Elías Amor Bravo, economista

La actualización del modelo económico y social que impera en Cuba desde hace medio siglo se está realizando con “carácter experimental”. Así se establece en una nota publicada en Granma, en la que se analizan dos normas que entran en vigor próximamente, el alquiler de locales estatales a los trabajadores por cuenta propia y la creación de cooperativas en actividades no agrarias.

La apertura del cooperativismo a sectores nuevos se plantea como una “experimento”, con la constitución de “200 asociaciones de ese tipo en todo el país, que abarcarán sectores como el transporte, la gastronomía, la pesca, los servicios personales y domésticos, la recuperación de materias primas, la producción de materiales y los servicios de la construcción”.


Una vez más, conviene añadir algunas recomendaciones a estos “experimentadores de ideas económicas” que, por otra parte, ya han sido comprobadas en otros países.


La creación de una cooperativa es decisión libre y autónoma de sus trabajadores. Nada se exige o requiere del modelo de gestión. El castrismo quiere que esa gestión sea “colectiva”. Ya empezamos con mal pie.

El éxito de la cooperativa, y posiblemente, su eventual fracaso, reside en esa libertad de los socios para conducir su proyecto a donde consideren conveniente. Por eso, las cooperativas pueden nacer porque una empresa con forma jurídica distinta (capitalista, como gusta decir a los castristas) fracasa, y los trabajadores deciden asumir su control para evitar su desaparición. Esta es una fórmula que, en general, se ha considerado positiva, por cuanto supone de mantenimiento de la producción, el empleo y la renta.


En otras ocasiones, las cooperativas nacen por la voluntad expresa de sus socios, y su arranque y consolidación es similar al de cualquier otro tipo de empresa. Sin interferencias del poder estatal.


Tanto en un caso como en otro, la economía social es profundamente democrática en sus decisiones, aspira a la estabilidad y el diálogo social, el consenso y la participación de todos los implicados en la actividad. De nada sirve tener una “asamblea”, como órgano rector, si se encuentra dominada y manipulada por el partido único.


Del modelo de cooperativa de éxito a lo que se pretende impulsar en la economía castrista con las reformas de los llamados “Lineamientos”, existe una gran distancia. Por todo ello, y considerando las expectativas que las autoridades de la planificación central otorgan a este “experimento”, ya me aventuro a señalar que será un fracaso. Y ello por varias razones.

Primero, porque las cooperativas, por naturaleza, no son una creación del estado o del poder económico popular, sino de los trabajadores y profesionales, que son los dueños de los medios de producción, adoptan decisiones económicas racionales basadas en cálculos de costes e ingresos, y la ideología pasa a ocupar un segundo plano, sin interferencias del poder.


Más bien al contrario, la economía social se ha convertido en un importante grupo de presión en aquellos países donde se implanta, ejerciendo una acción reivindicativa sobre los gobiernos en defensa de sus intereses, como cualquier otro sector privado empresarial.


Nada hay que esperar de estas cooperativas castristas, penetradas y controladas por el partido único y la dirigencia popular, y en las que nadie, como ocurre desde 1959, es dueño de su trabajo y de los resultados del mismo, ante la ausencia de un marco jurídico estable de derechos de propiedad.


Por mucho que se empeñen en afirmar que “las nuevas entidades contarán con personalidad jurídica y se constituirán voluntariamente por sus socios con fines económicos y sociales, a lograr mediante la gestión colectiva”, o que “las nuevas asociaciones podrán usar y disponer de los bienes que le pertenezcan, gestionar los arrendados, así como cubrir sus gastos con los ingresos que generen mediante su trabajo”, si el marco jurídico que regula el sistema económico castrista es otro bien distinto, no observo muchas posibilidades reales de cumplir con estos mandatos de la norma específica.


El ejemplo lo tenemos al comprobar que, por un lado se señala “que estas cooperativas no se subordinarán administrativamente a ninguna entidad estatal!” en tanto que, al mismo tiempo se afirma que “deberán ajustarse a las normas generales establecidas por los organismos rectores de las actividades que realicen”. Por mucho que se esfuercen en quitar fuerza a este último argumento, en un mar de arbitrariedades administrativas como el régimen castrista, no observo que se estimule el trabajo del cooperativista con este tipo de decisiones.


Segundo, y con carácter más técnico, pienso que pretender extender el modelo agropecuario de cooperativa a sectores como los transportes, la construcción de viviendas, de manera simplista significa no comprender las notables diferencias que existen entre unas y otras. Para empezar, la complejidad de los procesos productivos es muy superior. Las formas de comercialización son también completamente distintas. Los requerimientos financieros y tecnológicos son completamente distintos, al igual que las necesidades de capital para empezar a funcionar.


Tercero, porque nada hay más absurdo que creer que una empresa estatal castrista puede llegar a funcionar como cooperativa. Aunque la norma lo permita, la cuestión es distinta. ¿Qué empresa estatal puede tener incentivo alguno en devenir cooperativa? ¿No es más de lo mismo?, pensarán. ¿Es que acaso basta con una autorización de arrendamiento para creer que la empresa estatal ya es una cooperativa?


Cuarto, se limita ex profeso la contratación de trabajadores por las cooperativas bajo la advertencia de que así se fomenta el trabajo de los socios. Bien. En aquellas cooperativas de material de construcción, donde el objetivo sea fabricar cemento, los mismos operarios que preparan el producto, se encargarán de la gestión financiera, comercial y administrativa. Buen comienzo. Si existen empleados de este nivel de cualificación, no creo que aparezcan muchos problemas. Y está la cuestión de los impuestos, que queda pendiente, y de la que sin hacer referencia, cabe esperar que tienda a detraer recursos como se está haciendo de los trabajadores por cuenta propia, lo que puede propiciar una elevada mortandad de estas cooperativas en sus primeros estadios.


No está la economía castrista, abierta a un inminente periodo especial si se corta el suministro de petróleo venezolano, para andar con este tipo de experimentos. Las autoridades que dirigen los asuntos económicos deben percatarse de que el tiempo real para la adopción de decisiones que permitan a la economía superar su ineficiencia, atraso y el modelo intervencionista creado durante más de medio siglo, contrario a la razón humana, se agota. Ya no es momento para “experimentos” sino para adoptar las únicas medidas que pueden alterar el curso de los acontecimientos: generalización de un marco jurídico de derechos de propiedad y fomento de la economía de mercado a todas las actividades.

Tomado de: www.miscelaneasdecuba.net, 11 de diciembre 2012