La gestión medioambiental en la economía castrista: un nuevo fracaso anunciado

Elías Amor Bravo, economista

En la reunión del consejo de ministros presidida por Raúl Castro y celebrada el viernes 21 de este mes se abordaron una serie de cuestiones relacionadas con la marcha de la economía nacional.

Uno de los temas de mayor interés fue planteado por Salvador Pardo Cruz, titular de Industrias, que expuso un diagnóstico sobre la situación del reciclaje de materias primas en el país, “y la política que comenzará a aplicarse en este sector con el fin de modificar el enfoque de su dirección, basada fundamentalmente en la aplicación de incentivos e instrumentos económicos y en la introducción de nuevos modelos de gestión”, de acuerdo con los “Lineamientos”.

El reciclaje de materias primas es una actividad que, en la mayor parte de las economías del mundo que no se encuentran sometidas a trabas y ataduras como la castrista, ha alumbrado un nuevo sector productivo que, contribuyendo a la protección del medio ambiente, obtiene beneficios de su adecuada gestión.

Reciclaje, reutilización y reducción son los principios de la política medioambiental que están en la base del nacimiento de un sector económico moderno, altamente productivo, con notable capacidad de generación de empleo y con importantes niveles de inversión en I+D y tecnología. Un sector en el que las empresas privadas obtienen beneficios gestionando una de las grandes demandas sociales que es precisamente la protección y el cuidado del medio ambiente.

Ahora bien, tratar de identificar en la empobrecida e ineficiente economía cubana las bases de este sector puede parecer una broma de mal gusto. El ministro señaló “entre las principales dificultades que obstaculizan la actividad, la inexistencia de una política de reciclaje, los lentos procesos de aprobación de bajas técnicas a los equipos en desuso, la exigua logística para enfrentar la dispersión de las fuentes generadoras, la aplicación de precios no estimulantes a algunos productos reciclables y el insuficiente número de casas de compra a la población”.

Un diagnóstico que pone de manifiesto las graves carencias que presenta la economía castrista, su absoluta desestructuración y la ausencia de unas bases mínimas para su sostenibilidad a medio plazo. Además, este diagnóstico, como casi todo lo que se viene haciendo en la economía castrista, pretende situarse por encima de la verdadera realidad del problema que es la ausencia de actividades emprendedoras que puedan actuar con libertad en la promoción de esta actividad. 

Y aunque las autoridades estén por “priorizar los procesos inversionistas” asociados al reciclaje, surgen varias cuestiones que es preciso atender. En primer lugar, quién va a invertir. Segundo, en qué se va a invertir realmente cuando la sociedad cubana aprovecha prácticamente todo lo que tiene a su alcance. Y tercero, existen dudas sobre la sostenibilidad de estas actividades en la economía castrista, en sus condiciones actuales de falta de libertad económica y ausencia de derechos de propiedad. 

De nada sirve la actualización de una Ley de Reciclaje, ciertamente antigua ya que fue adoptada en 1975 hace casi 40 años, para conducirla hacia temas de responsabilidad social a aplicar en el sector productivo y en la población. Más aun cuando la base para la responsabilidad social es inexistente en la economía castrista. Sin empresas privadas que orienten parte de sus beneficios hacia la sociedad a la que prestan servicios, es difícil que la RSE pueda abrirse camino en el régimen castrista. Eso sí, la actualización de la norma no pierde la costumbre de confiscar, decomisar cualquier activo que sea apetecible, y de ahí que se incluya “la facultad estatal de decomisar los medios abandonados y la chatarra no declarada”.

Lamento disentir del ministro por su entusiasmo por la autorización a las llamadas formas no estatales de gestión a la actividad de recuperación de materias primas en las pequeñas y medianas fuentes generadoras. Esta no es la solución, ya que vuelve a ser un parche limitado, como la entrega de tierras a los arrendatarios o los cuenta propistas en un número reducido de actividades.

La experiencia confirma que la gestión medioambiental no se puede parcializar, y exige modelos globales que integren al conjunto de actividades económicas y tecnologías existentes. Exige, sobre todo, recursos financieros que en la economía castrista son limitados. Tengo la impresión de que con la política de reciclaje de materias primas, las autoridades buscan cubrir un expediente de los llamados “lineamientos” que transformar la realidad. 

Los resultados se verán pronto. También serán un fracaso.