¿Pueden ser las cooperativas no agrarias una solución para la economía castrista?



Elías Amor Bravo, economista

Un artículo en Granma explora esta cuestión, y presta atención a varias de estas cooperativas no agrarias que acaban de nacer al pairo de las últimas autorizaciones decretadas por el régimen castrista.

El fenómeno del cooperativismo agrícola ha sido uno de los escasos mecanismos que permitía la llamada “revolución” para desarrollar dentro de ciertos límites, actividades económicas al margen del control de la planificación central. Estas cooperativas han coexistido con reglas y procedimientos emanados del poder político que han hecho muy difícil su operatoria, y son numerosos los casos de relación directa y estrecha entre el partido único que dirige el país y los mandos de las cooperativas.

Han superado con creces la carrera de obstáculos del castrismo y han llegado a nuestros días con fuerza suficiente para que el régimen decida extender esa fórmula organizativa, al parecer ideológicamente compatible con el sistema económico estalinista que se resiste a desaparecer en la Isla, al resto de actividades.

El artículo de Granma presta atención a las primeras 124 cooperativas no agropecuarias y centra el análisis en varias experiencias relacionadas con el transporte de viajeros.
Un sector que es bien conocido de los cubanos, por sus deficiencias y pésima calidad en la prestación. Imágenes de transporte público abarrotado circulando en graves condiciones de siniestralidad por las calles de las grandes ciudades, recurso a las bestias de carga para el transporte de viajeros, retrasos y pésimas combinaciones en el ferrocarril e inexistencia de tráfico marítimo, son algunos de los indicadores de la influencia del sistema de planificación central y ausencia de propiedad privada sobre un sector que es básico para la calidad de vida y bienestar de la población.

La experiencia de cooperativas en el transporte debería poner fin a esa indolencia, y al parecer algo se mueve en la ineficiente economía castrista, como esa cooperativa de Artemisa a la que se refiere Granma. Los socios parece que sólo hablan de ventajas respecto de la situación anterior, en la que trabajaban para el único empresario en la Isla, el Estado. Pero todavía existen trabas y obstáculos en cuanto al cumplimiento de “encargos sociales y horarios establecidos”, lo que indica que el sistema no está por la máxima libertad en la prestación del servicio. Ya veremos cómo acaba todo.

En segundo lugar, el artículo presta atención a la cooperativa creada en La Habana por los llamados taxis ruteros, que no sólo han ganado en confort y limpieza, sino en aceptación popular en la medida que contribuyen, dice Granma “a aliviar las tensiones que a diario enfrenta este servicio en La Habana”.

Los directivos y socios de la cooperativa tienen iniciativas en la dirección correcta. Básicamente, quieren crecer, y “promueven una alianza con otra cooperativa similar, buscan duplicar la cifra de vehículos arrendados con que trabajan, y esperan que sus ingresos crezcan respecto al salario que tenían como empleados públicos”. Impecable. Nada que objetar. El éxito puede estar asegurado. Vamos a ver qué reacción tiene el dueño de sus activos (instalaciones, autos, piezas, etc) el Estado castrista, cuando observe que esas rentas aumentan. Les deseo mucha suerte.

Otro caso que se analiza en Granma es una cooperativa reparadora de vehículos en La Habana, conocida como Base 10, situada en el Cerro, en Vía Blanca y Primelles. En esencia, un taller de automóviles que ofrece a sus clientes servicios de chapistería, pintura y tapicería, teniendo entre los principales a empresas estatales como Etecsa, Cubataxis, Transtur y Rencar, cuyas decisiones suelen ser más políticas que económicas. En total 55 profesionales que unen sus esfuerzos para ofrecer un servicio más comprometido, eficiente y mejor organizado que cuando trabajaban bajo las directrices del Estado castrista. Dado el estado que presenta el parque móvil en la Isla no me extraña que tengan trabajo. Ojalá tengan éxito.

Lo que más sorprende de estas historias de cooperativas es que se acepten de buen grado, y que la prensa oficial las atienda de manera preferencial. Qué lejos quedan los alegatos contra todo lo que no fuera poder económico estatal, planificación central y dirección política de la economía.

Tal vez corran tiempos nuevos, no exentos de dificultades, pero es difícil que alguien con un cargo de tan extensa denominación, como Grises Tristá, “jefa de Perfeccionamiento Empresarial de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso”, pueda estar equivocada cuando sitúe el incentivo y la mejora de retribuciones como clave del éxito de las nuevas cooperativas. Lenguaje nuevo, formas también nuevas en la dirigencia del régimen. ¿Están realmente preparados para ello?

Cualquier “forma organizativa” que no esté sometida a directrices políticas, a la que no se permita crecer ni tener incentivos, puede tener éxito alguno. Las cooperativas no agrarias pueden acabar ocupando un papel fundamental en la economía si se les permite ser propietarias de sus activos y capitalizar en su propio beneficio las ganancias. Lo mismo que las empresas privadas, que actualmente siguen proscritas en la economía castrista. Creer que las cooperativas pueden comportarse de forma distinta es una equivocación. Mientras el Estado castrista mantenga su control asfixiante sobre la economía, poco o nada se podrá hacer. Tienen miedo hasta de las cooperativas.


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