¿Pueden ser las cooperativas no agrarias una solución para la economía castrista?
Elías Amor Bravo, economista
Un
artículo en Granma explora esta cuestión, y presta atención a
varias de estas cooperativas no agrarias que acaban de nacer al pairo
de las últimas autorizaciones decretadas por el régimen castrista.
El
fenómeno del cooperativismo agrícola ha sido uno de los escasos
mecanismos que permitía la llamada “revolución” para
desarrollar dentro de ciertos límites, actividades económicas al
margen del control de la planificación central. Estas cooperativas
han coexistido con reglas y procedimientos emanados del poder
político que han hecho muy difícil su operatoria, y son numerosos
los casos de relación directa y estrecha entre el partido único que
dirige el país y los mandos de las cooperativas.
Han
superado con creces la carrera de obstáculos del castrismo y han
llegado a nuestros días con fuerza suficiente para que el régimen
decida extender esa fórmula organizativa, al parecer ideológicamente
compatible con el sistema económico estalinista que se resiste a
desaparecer en la Isla, al resto de actividades.
El
artículo de Granma presta atención a las primeras 124 cooperativas
no agropecuarias y centra el análisis en varias experiencias
relacionadas con el transporte de viajeros.
Un
sector que es bien conocido de los cubanos, por sus deficiencias y
pésima calidad en la prestación. Imágenes de transporte público
abarrotado circulando en graves condiciones de siniestralidad por las
calles de las grandes ciudades, recurso a las bestias de carga para
el transporte de viajeros, retrasos y pésimas combinaciones en el
ferrocarril e inexistencia de tráfico marítimo, son algunos de los
indicadores de la influencia del sistema de planificación central y
ausencia de propiedad privada sobre un sector que es básico para la
calidad de vida y bienestar de la población.
La
experiencia de cooperativas en el transporte debería poner fin a esa
indolencia, y al parecer algo se mueve en la ineficiente economía
castrista, como esa cooperativa de Artemisa a la que se refiere
Granma. Los socios parece que sólo hablan de ventajas respecto de la
situación anterior, en la que trabajaban para el único empresario
en la Isla, el Estado. Pero todavía existen trabas y obstáculos en
cuanto al cumplimiento de “encargos sociales y horarios
establecidos”, lo que indica que el sistema no está por la máxima
libertad en la prestación del servicio. Ya veremos cómo acaba todo.
En
segundo lugar, el artículo presta atención a la cooperativa creada
en La Habana por los llamados taxis ruteros, que no sólo han ganado
en confort y limpieza, sino en aceptación popular en la medida que
contribuyen, dice Granma “a aliviar las tensiones que a diario
enfrenta este servicio en La Habana”.
Los
directivos y socios de la cooperativa tienen iniciativas en la
dirección correcta. Básicamente, quieren crecer, y “promueven una
alianza con otra cooperativa similar, buscan duplicar la cifra de
vehículos arrendados con que trabajan, y esperan que sus ingresos
crezcan respecto al salario que tenían como empleados públicos”.
Impecable. Nada que objetar. El éxito puede estar asegurado. Vamos a
ver qué reacción tiene el dueño de sus activos (instalaciones,
autos, piezas, etc) el Estado castrista, cuando observe que esas
rentas aumentan. Les deseo mucha suerte.
Otro
caso que se analiza en Granma es una cooperativa reparadora de
vehículos en La Habana, conocida como Base 10, situada en el Cerro,
en Vía Blanca y Primelles. En esencia, un taller de automóviles que
ofrece a sus clientes servicios de chapistería, pintura y
tapicería, teniendo entre los principales a empresas estatales como
Etecsa, Cubataxis, Transtur y Rencar, cuyas decisiones suelen ser más
políticas que económicas. En total 55 profesionales que unen sus
esfuerzos para ofrecer un servicio más comprometido, eficiente y
mejor organizado que cuando trabajaban bajo las directrices del
Estado castrista. Dado el estado que presenta el parque móvil en la
Isla no me extraña que tengan trabajo. Ojalá tengan éxito.
Lo
que más sorprende de estas historias de cooperativas es que se
acepten de buen grado, y que la prensa oficial las atienda de manera
preferencial. Qué lejos quedan los alegatos contra todo lo que no
fuera poder económico estatal, planificación central y dirección
política de la economía.
Tal
vez corran tiempos nuevos, no exentos de dificultades, pero es
difícil que alguien con un cargo de tan extensa denominación, como
Grises Tristá, “jefa de Perfeccionamiento Empresarial de la
Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos
aprobados en el VI Congreso”, pueda estar equivocada cuando sitúe
el incentivo y la mejora de retribuciones como clave del éxito de
las nuevas cooperativas. Lenguaje nuevo, formas también nuevas en la dirigencia del régimen. ¿Están realmente preparados para ello?
Cualquier
“forma organizativa” que no esté sometida a directrices
políticas, a la que no se permita crecer ni tener incentivos, puede
tener éxito alguno. Las cooperativas no agrarias pueden acabar
ocupando un papel fundamental en la economía si se les permite ser
propietarias de sus activos y capitalizar en su propio beneficio las
ganancias. Lo mismo que las empresas privadas, que actualmente siguen proscritas en la economía castrista. Creer que las cooperativas pueden comportarse de forma distinta es una equivocación. Mientras el Estado castrista mantenga su control asfixiante sobre la economía, poco o
nada se podrá hacer. Tienen miedo hasta de las cooperativas.
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