Y ahora, más controles sobre las tierras arrendadas

Elías Amor Bravo, economista

Si es que no hay quien entienda nada. La política de entrega de tierras, que no de venta y de acceso a derechos de propiedad, se presentó, en su momento, como una de las medidas “estrella” de los llamados Lineamientos, un intento de “promover la recuperación de las producciones agrícolas, y dar un uso adecuado a extensiones que a lo largo del país se encontraban ociosas”. Ociosas, porque estaban en manos del estado, y éste, lejos de esforzarse en producir y obtener rendimientos de la agricultura, las dejaba consumir por la plaga del marabú. A tal fin, se desarrollaron numerosas leyes y disposiciones normativas que entraron en vigor a partir de 2008, extendiéndose hasta 2012. Transcurrido un tiempo más que suficiente para evaluar el impacto de esta medida, el resultado es controvertido.
Este es el tono de un artículo entrevista publicado en Granma, hoy, con el título, “El control de la tierra asegura producciones”. Introducir de nuevo el control es un método muy querido en el régimen castrista, pero que, a la vista de lo que ha sido la experiencia histórica, no es la solución más adecuada para producir más y mejor, que es lo que hace falta. Ya nos esperábamos algo parecido. No es compatible el régimen castrista con el ejercicio de los derechos y libertades individuales, incluso en el ámbito económico, donde una economía de planificación central que controla los medios de producción, de signo estalinista, se resigna a dejar paso al único modelo que ha mostrado su eficiencia y utilidad social.
En vez de volver a expropiar y confiscar las tierras que se han cedido en forma de arrendamiento, porque sería un pésimo indicador del signo reformista que se pretende dar a nivel internacional a las políticas, la nueva estrategia consiste en que las personas que se convirtieron en usufructuarios de las tierras se vean sujetas a un férreo control por parte de las autoridades, para evitar que puedan obtener beneficios crecientes de la explotación de las tierras, y cumplan, sin más, las consignas de quién concentra todo el poder en el país.
A tal fin, el Mi­nisterio de la Agricultura ha puesto en marcha acciones de tipo pseudopolicial para ejercer un control más estricto de las tierras entregadas. En estos términos se expresó en declaraciones a Granma, Eddy Soca Bal­do­quín, director general del Centro Nacional de Control de la Tierra.
Revestido de una falsa modalidad de control del cumplimiento del contrato de usufructo, el aparato represor de la economía se pone en marcha para domesticar el avance experimentado por los pequeños arrendatarios de la tierra, frenando así cualquier aumento de rentabilidad. Según el diagnóstico de este funcionario, “se han detectado en las fincas entregadas un sinnúmero de ilegalidades, pues las personas han construido bienechurías, han realizado algunas acciones constructivas sin cumplir las formalidades establecidas, incumplen las producciones contratadas o han dedicado las tierras a otras actividades ajenas al objetivo con que les fueron entregadas, y hoy es imprescindible erradicar tales irregularidades”.
Ilegalidades que cualquier guajiro cubano sabe que son necesarias para poder producir con una cierta racionalidad, sobre todo en tierras que se encontraban absolutamente invadidas por las plagas y el marabú, sobre las que se ha tenido que realizar una ingente cantidad de trabajo indirecto antes de ponerlas en explotación.
Sin embargo, lo que realmente quiere el régimen es más que evidente: “ponerle orden a la producción”. En definitiva, evitar lo que llaman “desviaciones que se manifiestan con los productos agropecuarios (…) y que el fruto de la tierra llegue a manos del pueblo por las vías establecidas, a menores precios, y no a través del contrabando”.
Para ello, una sugerencia: no hace falta control. Si realmente se quiere que la producción llegue a los consumidores en condiciones de cantidad y calidad, la vía es justo la contraria: la libertad. Autoricen la libertad de los distribuidores, permitan a los agricultores asociarse con los intermediarios y constituir cadenas de comercialización privadas, independientes de Acopio y de la maraña estatal que paraliza los intercambios en la economía, y olvídense del control burocrático.
Con adecuados canales de distribución, los productores sabrán que tienen que sembrar para atender las necesidades de los consumidores, y lo harán bien. El proceso de control burocrático solo servirá para lo mismo de siempre: que los que realmente producen y trabajan pierdan la motivación, la ilusión y la responsabilidad en lo que se hace, y dejen de producir, abandonando sus proyectos. No me cabe la menor duda que cuanto más control se realice, aparecerán más presuntas “ilegalidades”, y con ello, no se conseguirá otra cosa que entorpecer el trabajo productivo y la adecuada comercialización de las producciones. Una última consideración. Si existe venta ilegal en Cuba, tal vez valdría la pena preguntarse si la misma no se produce por culpa del sistema de control, vigilancia y represión. Y no al revés. La economía nos enseña que es precisamente así. 



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