Influencia en la población de las medidas de precios topados

Elías Amor Bravo, economista

 

Una nota en Granma, titulada “Comercialización agropecuaria, de la especulación al ordenamiento paulatino” confirma lo que ya sabíamos: ¿las cosas pueden ir a peor? Por supuesto que sí.

Para empezar, la especulación, si existe en la economía castrista, es consecuencia de las normas jurídicas y las regulaciones que constriñen y limitan la actuación de los agentes económicos. La comercialización en Cuba, en los últimos 57 años, ha sido un ejemplo de ineficacia, provocando escasez, colas, racionamiento y elevaciones de precios. La culpa para el régimen es de los intermediarios a los que califica de especuladores. Y lo peor de todo es la comparación de la agricultura con el béisbol, cuando se trata de dos actividades que nada tienen en común, por mucho que se empeñen.

Se extrañan en Granma que después de la publicación en la Gaceta Oficial Ex­traor­dinaria No.15, de las nuevas medidas de control de precios se haya, y cito textualmente, “destapado un cartapacio de expectativas entre la población”.

Es lo mismo que llevó a las autoridades a través del diario oficial del régimen a desmentir los rumores sobre la reducción del cambio entre el CUC y el CUP. Todo son rumores. Una población que vive atemorizada, sin libertad de elección, a merced de decisiones políticas muchas veces irracionales, se alimenta del rumor. Y sufre. Un sufrimiento que va a más cuando el régimen anuncia una serie de medidas contundentes contra lo que llaman “la especulación”, la única actividad que, cuando funciona, permite a los cubanos mantener una cierta cantidad de bienes y servicios más o menos estable. Lo que la población desconfía es del aparato estatal de acopio y de las tiendas estatales y bodegas, casi siempre vacías, y con un género de pésima calidad, que apenas da satisfacción a las demandas menos exigentes.

No es extraño que el cubano de a pie especule, rumoree y sufra con estos vaivenes que se reproducen en los últimos 57 años en la realidad económica y social de un país en el que la libertad de elegir ha quedado confiscada para tres generaciones completas. Lo que Granma llama con cierto tono despectivo, “especulación popular” no es ni más ni menos que la angustia provocada ex profeso por la dirigencia comunista que sueña con mantener a la población bajo control y eliminar, de un plumazo, cualquier atisbo de libre elección. Ordenar, controlar, intervenir, perseguir y reprimir, son actividades que forman parte del día a día de las autoridades del régimen y poco le importa que la gente pueda elegir.

Los cubanos lo saben, y por eso especular y se muestran incrédulos con los cambios y los experimentos porque contemplan con estupor que la dirigencia comunista es incapaz de mantener, de manera sostenible en el tiempo, los abastecimientos a los mercados en condiciones de cantidad y calidad aceptables.

De nada sirve que a esta operación se vinculen 242 empresas, 160 delegaciones municipales y 3.708 bases productivas.Y en el comercio minorista 515 mercados agropecuarios y 2.387 placitas y puntos de ven­ta, en todo el país, y106 mercados agropecuarios, 182 mercados arrendados a formas productivas, 35 puntos de venta cuya producción es estatal y 9 agros del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en la capital.

No es una cuestión de sumatorios, sino de procedimientos. De la única forma que se puede proteger al consumidor es con la plena libertad de producción y venta, eliminando de una vez por todas los intermediarios y acopios estatales. Además, es bueno saber que la capacidad de compra de una moneda, en este caso del peso cubano, no depende de la bajada de precios de los alimentos. Si existiera en Cuba un índice de precios al consumo, formado con los procedimientos estándar por una cesta de bienes y servicios, se podría obtener alguna conclusión sorprendente sobre qué es lo que afecta al poder de compra de los salarios. Lo hemos dicho en varias ocasiones, no es cierto que se proteja al consumidor y a los productores con precios topados. Tampoco se consigue con ésto reducir la demanda de importaciones. Todo lo contrario. Habrá escasez, necesidad de más importaciones con déficit en la balanza comercial, más gasto público para subvencionar los precios y déficit. En suma, descontrol e ineficiencia.

En numerosas ocasiones, he señalado que muchas de las decisiones que adoptó el régimen castrista durante el período especial para superar la grave crisis derivada de la pérdida de las ayudas soviéticas, permitieron vislumbrar la luz al final del oscuro túnel del estalinismo. Precisamente, en cuanto empezó a fluir el oro negro venezolano, Fidel Castro en persona dio marcha atrás y eliminó la mayoría de aquellas decisiones que, técnicamente, eran correctas.

Ahora puede estar pasando lo mismo, nuevamente para desgracia de los cubanos. Se excluyen de las normas de precios tasados a los mercados agropecuarios de oferta y demanda y los que se encuentran arrendados por cuentapropistas, además de los vendedores ambulantes, conocidos como carretilleros. ¿Qué se pretende? ¿Tal vez eliminar estas nuevas organizaciones que se han mostrado ante los cubanos como mucho más eficaces y dinámicas para facilitar la libre elección?

Si en vez de arremeter contra estos agentes económicos, pensando que su aprovisionamiento se puede realizar con las unidades de precios máximos publicados, realizando la reventa posterior de las mercancías, y cito textualmente a Granma, “con márgenes co­me­rciales disparados a boca de mer­cado” otorgaran más flexibilidad y libertad a la actuación de productores y vendedores, otro gallo cantaría. Están regresando al control coercitivo de la actividad económica, algo parecido a las nacionalizaciones de los años 60, cuando pusieron fin a cualquier iniciativa privada en Cuba.

Quienes dirigen la economía castrista deberían convencerse, a lo mejor ya es demasiado tarde, que este tipo de decisiones son contrarias a la racionalidad económica. En las economías libres de mercado nadie tiene que velar in situ para que los comerciantes mantengan una buena relación precio-calidad. En la economía de mercado, el consumidor libremente penaliza y castiga a los que no lo hacen bien, y del mismo modo, recompensa a los buenos. Y esa es la mejor política, sin necesidad de agentes estatales ni acopios, ni cosas parecidas. Si los cubanos pudieran comprar y vender libremente, el mercado actuaría como en otros países, regulando las condiciones de la demanda y oferta, sin necesidad de una intervención administrativa, jurídica y en su caso, penal.

Qué lejos está Cuba del resto del mundo y qué precio tan alto pagan los cubanos por esta obsesión ideológica que no tiene otra justificación que la vuelta atrás al colectivismo castrista. Un país que, antes de 1959, nunca tuvo problemas de abastecimiento, ni de consumo o demanda, se encuentra atrapado en el rumor, la angustia y la preocupación por si mañana desaparece la malanga del mercado. El régimen castrista debe abandonar esa obsesión compulsiva que tiene con los intermediarios y promover el desarrollo del sector de la distribución comercial en Cuba, antes de que cunda el caos. Es un sector que tiene grandes posibilidades de empleo y de actividad, al que no se debe menospreciar. Las cartas están encima de la mesa. El retorno al pasado trae consecuencias conocidas. La solución es avanzar, y si realmente están cambiando, que lo hagan. Por su bien.