Más precios topados: problemas a la vista
Elías M. Amor Bravo, economista
Alguien, en la dirección central de la
economía castrista, ha llegado a la conclusión que para “aumentar
de manera gradual la capacidad de compra del peso cubano” no hay
medidas más adecuadas que topar los precios de los alimentos. Gran error.
Esta decisión, que después
analizaremos con detalle, parece ser respuesta a la posición más
reaccionaria del VII Congreso del Partido único, cuando se planteó
en relación con el comportamiento de los precios de los productos
agropecuarios, la necesidad de aplazar las reformas hacia una mayor
liberalización de los mercados por un intervencionismo estatal
directo en la distribución. Dicho de otro modo, después de los
experimentos de Mayabeque e Isla de Pinos, el régimen da marcha
atrás. Lo ha venido haciendo desde 1959. Nada nuevo bajo el sol. Los
principales dañados, como siempre, los cubanos. Veamos por que.
El propio régimen ha reconocido cuál
es el motivo por el que aumentan los precios en Cuba: “el factor
primordial en el crecimiento de los precios reside en un nivel de
producción que no satisface la demanda”. Para adentrarse después
en que los “avances en esta materia están condicionados por
factores objetivos y subjetivos” sin especificar muy bien cuáles.
A partir de ello, se concluye que “no podemos quedarnos con los
brazos cruzados ante la irritación de los ciudadanos por el manejo
inescrupuloso de los precios por parte de intermediarios que solo
piensan en ganar cada vez más” y como conclusión, los precios se
topan.
Después de culpar a los intermediarios
de un problema estructural de la economía, que es la baja
producción, que tiene su origen en las instituciones existentes,
inadecuadas para el funcionamiento eficiente, el régimen, el sector
más duro, el que menos confianza tiene en la libertad económica,
anuncia este conjunto de medidas de fijación de precios, cuyo
objetivo es “incrementar el acopio de productos agropecuarios de
alta demanda y su comercialización a la población a precios máximos
establecidos”.
Primera falsedad. Que con esta
actuación se consiga la “protección al consumidor y a los
productores agropecuarios, pues asegura estabilidad en los niveles de
precios”. Falso. Ni protege ni asegura nada. A los consumidores les
permite dar rienda suelta a una demanda contenida que termina siendo racionada
por la escasez. A los productores, les obliga a malvender sus
cosechas, no obtener la rentabilidad esperada de su trabajo y
esfuerzo, y al año siguiente, casi seguro abandonar.
Existe
abundante literatura científica en la Economía que cuestiona este
tipo de medidas por sus graves consecuencias sobre aquellos a los que
se pretende proteger y defender. En vez de ello, lo que se tiene que
hacer es crear un marco jurídico para que la actividad económica de
producción, comercialización y venta se desarrolle libremente,
poniendo en juego oferta y demanda en absoluta libertad bajo las
señales de los precios. Esa es la única receta que funciona. Lo
demás es perder el tiempo.
Nunca ha sido bueno dirigir una
economía con regulaciones y disposiciones publicadas en una Gaceta, como la
Oficial de la República de Cuba. Aquí ahora, las Resoluciones 157-C
y 162 del 2016, del Ministerio de Finanzas y Precios, vuelven a
trasladar efectos negativos sobre el comportamiento de los agentes
económicos, y previsiblemente, ni van a conseguir que se mantengan
precios máximos de venta a la población de productos agrícolas
seleccionados. Lo normal es que en unas pocas semanas, los productos
escaseen y los cubanos vuelvan a padecer privaciones. Tiempo al
tiempo.
Tampoco está claro que estos precios
máximos se vayan a establecer a los productos de primera calidad, de
acuerdo con las regulaciones vigentes. Conforme los mercados se
vacíen a resultas de una mayor demanda que oferta, los consumidores
no tendrán más remedio que pagar precios más elevados por lo que
quede en los anaqueles de las bodegas. Al final, este tipo de
procesos de fijación de precios acaba siendo incompatible con la
discriminación en términos de distinta calidad.
Alguien se ha cubierto en salud, cuando
se establece que “los precios tienen en consideración las épocas
de cada cultivo: la óptima, donde los rendimientos son superiores; y
fuera de esta, en que disminuyen”. Esto es absolutamente normal y
en una economía de varias cosechas anuales en la agricultura, como
la cubana, no se debería producir si la distribución comercial, los
intermediarios, esos profesionales que se consideran los “enemigos” del régimen, tuvieran
capacidad para almacenar y conservar en frío los productos. En tales
condiciones, la oferta se mantendría sin tensiones durante el año.
Excluir los mercados de oferta y
demanda de la política de precios fijos es otro grave error, porque
pretender que los vendedores de estos mercados no vayan a reaccionar
a la política de precios del estado, es arriesgado. Al final, lo
que puede acabar ocurriendo es que los mercados agropecuarios
estatales e incluso los más pequeños, de los trabajadores por
cuenta propia, terminen vaciándose en poco tiempo, y en tales
condiciones a los consumidores no les quedará más remedio que
aprovisionarse a precios más altos en los mercados de oferta y
demanda. Todo el coste económico destinado a subvencionar la compra
de alimentos tirado a la basura una vez más.
El último error, la decisión adoptada
de fijar, para el resto de los productos agrícolas que se acopian
por empresas estatales, con precios no centralizados, márgenes
comerciales no superiores al 40%. Otro grave error que producirá la
desaparición de numerosos productos porque su coste de producción
será superior al precio, desanimando el cultivo. Más ineficiencia,
imposible.
Enredado en estas cosas el Ministerio
de Finanzas y Precios castrista da una de cal y otra de arena, e
impone su ideología al funcionamiento de la economía. Mal consejo.
Con este tipo de medidas de precios topados, las consecuencias son
bien conocidas por los cubanos: escasez y racionamiento, colas,
necesidad de recurrir a la economía sumergida o la "bolsa negra",
florecimiento de los especuladores que no intermediarios, y al final, precios que aumentan
de forma desorbitada, además de un gasto público en aumento para subvencionar los productos, que se podría destinar a otros fines, como por ejemplo, las inversiones públicas en infraestructuras.
Descontrol económico, déficit y efectos contrarios a
los buscados. Así lleva la economía de planificación central estalinista del régimen castrista 57 años. Acabarán lamentándose de lo que
han hecho.
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