Unos presupuestos inútiles e irreales para 2023

Elías Amor Bravo economista 

El aval de la asamblea al presupuesto de 2023, presentado por la ministra de finanzas y precios, la señora Bolaños, significa que hay respaldo a las cuentas públicas. Pero ¿es que acaso podía existir alguna posición alternativa en Cuba?

Desde luego. Este escenario presupuestario se viene repitiendo de año en año, sin que nadie haya alzado una voz para cambiar las cosas o incorporar alguna modificación, por pequeña que sea, en las cifras presentadas por el régimen. En otros países ocurre lo contrario, y las cuentas del estado suelen incorporar modificaciones y ajustes que contribuyen a reflejar mejor la composición variada de los intereses y demandas sociales. En la “democracia de partido único” de la señora Modigliani, eso es imposible.

En tales condiciones, la asamblea ha dado su respaldo a unos presupuestos que dicen combinar “la necesaria reducción del déficit, la contención de la inflación y el respaldo a los principios de equidad y justicia social”. Tres objetivos, en principio contradictorios, dispares, que vienen a mostrar las enormes dificultades que existen dentro del régimen comunista cubano para mantener intacto el modelo económico obsoleto que sostiene la nación.

El régimen sienta así las bases fundamentales de su política fiscal para 2023, y las cuentas del presupuesto del estado reciben la aprobación unánime de los diputados del 10º período de sesiones. Todos responsables solidarios del mismo desastre que se avecina. Y se puede afirmar que estas cuentas de la ministra Bolaños lo son, por numerosos motivos, unos los técnicos relacionados con la elaboración presupuestaria, y otros políticos e ideológicos.

Entre los primeros, no hay disciplina presupuestaria alguna, tan solo maquillaje superfluo, y se destaca la continuidad de las cifras abultadas de gasto para financiar los principales sectores y programas sociales. Se otorga prioridad a la salud pública, educación, cultura, deporte y asistencia social, los logros de la revolución, pero las actividades productivas dependientes del estado se quedan sin recursos, o los ven menguar de forma continua, rompiéndose una de las bases del modelo.

En suma, en 2023 se destinan gastos por 251.222 millones de pesos, superiores en 16.071 millones al resultado de 2022, un 7% más, cifra que no se corresponde con el crecimiento del PIB previsto en el plan, un 3%. Los gastos crecerán más del doble de la economía volviendo a invadir espacios que podrían estar ocupados por el sector privado.  

La ministra informó que, para sostener el consumo de bienes y servicios como medicamentos, tarifa eléctrica, gas licuado, agua, transporte, leche fresca, entre otros, se destinarán 39,7 millones de pesos, cifra que incluye el efecto del precio de los combustibles. 

Es decir, el 16% del gasto total se destina a sostener las “falsas gratuidades”, cada vez más escasas y de menor calidad, origen de muchas quejas de los ciudadanos. Entre el gasto de los logros de la revolución y el de financiación de la canasta normada, prácticamente no queda espacio para las inversiones, que vuelven a quedar como el pariente pobre. Un pésimo diseño para una economía que aspira a crecer.

El régimen pierde así una nueva oportunidad para consolidar las cifras del presupuesto de gastos, en un retorno a una posición más sostenible (tras los esfuerzos realizados por el COVID-19) haciendo crecer los gastos sin respaldo de la producción nacional: el círculo vicioso del modelo comunista.

Entre los motivos ideológicos y políticos, la ministra Bolaños volvió a responsabilizar al embargo/bloqueo de Estados Unidos de que en 2023 se mantengan las restricciones económicas y financieras, que, en su opinión, tiene un efecto destacado en la gestión presupuestaria. También atribuyó al incremento de la inflación a nivel global, otro motivo de posible efecto negativo sobre las cuentas.

Ni una palabra de reconocimiento de las responsabilidades propias derivadas de una pésima gestión. Todo lo más, la ministra explicó que se requiere una transformación urgente en los sistemas de control en el cumplimiento tributario que, junto con medidas regulatorias para captar mayores ingresos, genere un crecimiento en la recaudación. Su trabajo y su responsabilidad, a fin de cuentas.

Sin embargo, no conviene perderse con este tipo de discursos: el objetivo es recaudar más, al coste mínimo, si bien no queda claro que lo consigan con el diseño presupuestario de 2023. En todo caso, hay que avisar que se avecina mayor presión  recaudatoria sobre el sector no estatal para obtener más ingresos que luego se destinan a otros sectores. La ministra aludió de forma expresa a la lucha contra la “evasión fiscal”, a la que incluso calificó como un fenómeno contrarrevolucionario.

Por su parte, los ingresos tributarios y no tributarios se estimaron en 241.724,3 millones de pesos, una cifra inferior a la alcanzada por los gastos, ya que solo financiarán el 80% del total del gasto proyectado, y eso que se supone que tendrán un crecimiento del 17% con respecto a 2022.

El régimen vuelve a plantear un presupuesto inicial en déficit, acentuando los desequilibrios internos, sobre todo de control monetario con la inyección de más papel moneda en la economía y un nuevo aumento del endeudamiento en términos de PIB. La peculiar forma de financiar el déficit con la emisión de bonos soberanos que se colocan obligatoriamente en los bancos supone una vía de expansión monetaria provocada por el presupuesto, y que sigue sin solución.

A resultas del aumento de los gastos sin respaldo de producción real, se reconoció para 2023 un déficit presupuestario de 68.126,6 millones de pesos, en este caso, inferior en más de 7.700 millones al proyectado en 2022, un -9%. Es cierto que se cumple el objetivo de ir reduciendo, paulatinamente, el déficit fiscal, una actuación que la ministra reconoce como necesaria para contener la espiral inflacionaria, incrementando las producciones y servicios fundamentales en la dimensión territorial. Pero se insiste en que ese ritmo de reducción es insuficiente, y que el régimen no ha establecido una estrategia de consolidación fiscal, como otros países, que devuelva credibilidad a sus cuentas públicas.

Este año 2022, finalmente, el déficit quedó situado en 75.827 millones de pesos, una cifra que podría haber sido incluso superior si no se hubiera producido lo que la ministra Bolaños calificó “como un discreto sobrecumplimiento de los ingresos tributarios y no tributarios”, que crecieron de forma modesta un 102% y un 98% con respecto al plan. Habrá que esperar a la liquidación para constatar los manejos para equilibrar las cuentas.

En todo caso, el crecimiento de la recaudación tributaria, en presencia de una economía de bajo crecimiento del PIB, tiene que ver con el aumento de los precios, la inflación, que impulsa al alza de forma artificial los valores nominales de las variables económicas. De hecho, el régimen ha sido uno de los beneficiados del aumento de los precios, que actúa como un impuesto injusto sobre las clases más desfavorecidas.

Finalmente, la ministra Bolaños expuso algunas de las nuevas medidas encaminadas a lograr la disciplina presupuestaria y recaudar más. Otra cosa es que lo logren. Hay motivos para que ello no sea así.

• Aplicar un solo régimen de tributación para el pago de los tributos en el trabajo por cuenta propia.

El objetivo de esta medida no es otro que consolidar la aplicación del principio de progresividad en el pago del impuesto sobre ingresos personales, simplificando la gestión presupuestaria. Recaudar más y hacerlo de la forma más sencilla posible. El problema es que un solo régimen de tributación puede acarrear consecuencias negativas en determinadas especialidades del trabajo por cuenta propia, reduciendo su número, y por ende la recaudación. Nunca es bueno tratar igual a los que son diferentes, más aún, en política fiscal.

• Definir valores mínimos de ingresos para el cálculo de los tributos

En concreto, en el caso de los impuestos sobre ventas e ingresos personales, que tienen un gran poder recaudatorio, a fin de incrementar la recaudación, el control y reducir la subdeclaración. Se trata de anticipar con mayor seguridad lo que el fisco espera recaudar y por ello, esa fijación de mínimos de ingresos puede actuar como un factor que desincentive la actividad privada. Es el mismo argumento de antes. Las fórmulas homogéneas acaban siendo negativas en cuanto a sus efectos.

• Se deja sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las mipymes, por un periodo de seis meses cuando surgen de una reconversión y de un año cuando son de nueva creación.

Una medida injusta, ya que afecta a las mipymes constituidas a partir del 2023 y tiene como objetivo la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales. Se acabaron las vacaciones fiscales que habían sido un estímulo para la creación de mipymes. Las constituidas con anterioridad a 2023 y que están disfrutando de este beneficio, lo mantienen hasta el término del periodo por el que les fue otorgado.

• Modificar la base imponible del impuesto sobre las ventas y servicios de las mipymes, estableciendo que se aplique un total de ventas.

Esta medida ya se está aplicando a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas no agropecuarias, de modo que era previsible que también se extendiera a las mipymes que pierden atractivo fiscal con este tipo de decisiones, y, por tanto, van a experimentar una progresiva reducción de su número. Además, con esta medida se rompe una de las bases aceptadas para la creación de mipymes que era lograr un aumento de la escala técnica,

• Reconocer la tasa del mercado cambiario en las operaciones de importación, acceso al mercado cambiario en MLC e ingresos recibidos por los actores económicos no estatales.

Esta medida permite reconocer un mayor nivel de costo, que en la práctica lo están compensando con la subdeclaración de impuestos. La existencia de diferencias notables entre el tipo de cambio formal e informal supone un juego de ganancias/pérdidas combinadas que tiene consecuencias negativas sobre la recaudación basada en operaciones internacionales.

• Actualizar los valores referenciales de viviendas y vehículos para el cálculo de los impuestos asociados a compraventa y donaciones de estos bienes.

Más recaudación sobre hechos imponibles que simplemente ven incrementados sus valores para el fisco, sin referencia de mercado. Habrá menos compraventas, y muchas pasarán a realizarse en los canales informales, menos sometidos a la presión recaudatoria del régimen.

En resumen, estamos ante unas cuentas públicas poco creíbles, con numerosos problemas técnicos y políticos, cuya ejecución va a generar no pocos problemas. Además, se traslada al exterior una notable contradicción en los datos, que apunta a graves incoherencias técnicas, como, por ejemplo, querer que el presupuesto del estado tenga alguna influencia en el necesario proceso de absorción monetaria.

Ello se pretende lograr mediante el incremento de la recaudación, minimizando las brechas de evasión y elusión fiscal, pero al mismo tiempo, no se define un proceso de consolidación de las cuentas y el déficit inicial del presupuesto vuelve a incrementar el endeudamiento.

De otro lado, los principios de equidad y generalidad en los que se sustenta el sistema tributario cubano, con el objetivo de que los actores económicos aporten en correspondencia con la capacidad económica que generan, no se reflejan en unas cuentas que, en materia de gastos sociales, simplemente plantean una continuidad con respecto al año anterior.