La burbuja financiera se va a pinchar antes de tiempo


Elías Amor Bravo
Poco se fían los Castro de los trabajadores. Prácticamente nada. Esta es una conclusión que ya se obtenía al analizar el Decreto Ley 289 que permitía a agricultores pequeños con tenencia legal de tierras (no propiedad privada, que sigue prohibida), a trabajadores por cuenta propia (autorizados dentro de las ocupaciones que el régimen permite) y a personas que ejercen otras formas de gestión no estatal, acceder a créditos bancarios con el fin de propiciar el desarrollo de sus labores. Finalmente, el Decreto permitía a quienes desearan realizar actividades constructoras contar con un financiamiento para ese fin.
Sin embargo, se establecía que los prestatarios interesados tenían que demostrar a la entidad bancaria la fuente de ingresos futuros que se utilizarían para pagar el crédito. Hasta aquí nada nuevo. Lo problemático viene después. Ya que nadie podría obtener financiación si previamente no se presentaban las garantías que aseguraran el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Entre las garantías se señalaban, por ejemplo, los depósitos bancarios del solicitante o de terceros que estuvieran de acuerdo en ofrecerlos, y las fianzas solidarias entendidas estas como el compromiso jurídico de otra persona de pagar el importe del préstamo si quien lo solicitaba no podía hacerlo.
En una economía en la que el sistema crediticio es rudimentario, tras haber sido barrido por las reformas del Che Guevara en los primeros años de la revolución, y donde la población se encuentra totalmente descapitalizada, al no existir un sistema jurídico que garantice los derechos de propiedad de manera estable, e incluso, donde la acumulación y obtención de rentas diferenciales se encuentre hasta cierto punto penalizada, este régimen de garantías se convertía en un freno a la expansión del crédito y el crecimiento de la actividad económica.
Usura estatal
Observado el error, las autoridades han publicado nuevas disposiciones complementarias en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 4 de 21 de febrero. Pero que nadie espere gran cosa. En principio, lo que han hecho es aumentar las alternativas de garantías para obtener un crédito bancario, con lo cual se diversifican las posibilidades de asegurar el pago al Banco en caso de que el deudor se encuentre imposibilitado para cumplir con la obligación contraída. Esa "diversificación" consiste en la posibilidad de otorgar como garantía otros bienes, que no son los que se venían fijando en el Decreto Ley 288 referido.
Ante la ausencia de un sistema de derechos de propiedad jurídicamente estable, los bancos castristas han trabajado hasta la fecha "garantías líquidas, o sea con dinero". Las autoridades consideran que para afrontar la nueva realidad que vive el país, se pueda ofrecer en garantía otros activos. Y aquí es donde se ha pensado en otros objetos de valor que puedan convertirse en garantía. Veamos.
En este modelo de usura medieval castrista, incapaz de incentivar el desarrollo de la inversión, bienes que pueden servir de garantías, según las autoridades, son las joyas, alhajas o cualquier otro bien de metal o piedras preciosas; objetos de valor cultural (por el momento solo los bienes patrimoniales), vehículos de motor (preferentemente los asegurados por las empresas de Seguros), bienes agropecuarios (ganado mayor, tractores y cosechadoras autopropulsadas), viviendas destinadas al descanso o veraneo; así como solares yermos.
¿Esto qué es? ¿Qué clase de burla histrionica es ésta? ¿Estamos ante un nuevo mecanismo de extracción de riqueza?
El régimen exige que las garantías estén registradas. ¿Quién se va a arriesgar ante un sistema de derechos de propiedad inestable e incierto? Y además, a que sus bienes sean valorados a precios de mercado por una entidad llamada Intermar, según Granma, una "institución que tiene el monopolio para la actividad de evaluación de activos".  ¿De qué mercado hablamos como referencia cuando no existen mercados libres en la economía estalinista?
Del centralismo impune al centralismo disimulado
Cabe preguntarse si éste no será el origen de una burbuja de créditos en la economía castrista. ¿Acabará estallando la burbuja? Seamos sensatos. Los economistas han estudiado con detalle los mecanismos que regulan el funcionamiento de la economía real y la economía financiera. Para que esta última pueda conceder créditos y préstamos, se tiene que producir previamente algo. La economía tiene que ser competitiva, producir, intercambiar bienes y servicios a gran escala. Para seguir creciendo de escala es para lo que la economía real, física, necesita del apoyo del sistema financiero. En la economía castrista no se presenta ni una ni otra condición. El fracaso está servido.
La seguridad jurídica es inexistente. No existe un marco estable para los derechos de propiedad. Todavía se siguen permutando viviendas, cediendo espacios en las desvencijadas cuarterías y ocupando viviendas precarias que como hemos observado recientemente, son objeto de escarnio por parte de las autoridades, desahuciando a las familias que las ocupan. Sin derechos de propiedad reconocidos, el sistema financiero puede acabar en un auténtico guirigay, destruyendo lo poco que se haya podido construir con el esfuerzo de los cuentapropistas o los arrendatarios de tierras. Reformas de este calibre, lejos de mejorar las condiciones de la economía, van dirigidas a mantener un control final y fuerte sobre la actividad económica, ya que de quién son los bancos que van a conceder los créditos. Ni más ni menos que del Estado, el dueño de todo, el que precisamente no tiene interés en el éxito económico de la libertad. Los que no puedan devolver sus préstamos, serán confiscados por el Estado, sin más.
La broma es tan cruel y de tan mal gusto que se autoriza a las empresas estatales a convertirse en garantes del "trabajador por cuenta propia que tenga arrendado un inmueble, local o un bien de dicha entidad". ¿Pero es que alguien cree que las empresas estatales castristas están en condiciones de avalar a alguien? Son precisamente ellas las que impiden a la economía funcionar con eficiencia. ¿De quién van a ser fiadores? Hasta las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) ahora son autorizadas a constituir fondos de garantías, en beneficio de sus miembros que soliciten créditos, previo acuerdo adoptado por la Asamblea General de la CCS. ¿Y quién manda en la cooperativa?
Al final todo conduce al mismo origen. Al centralismo de una economía de base estalinista que no renuncia a mantener su control absoluto.
Trabas, soluciones
Si en vez de tanta garantía, y de tanto aval, confiaran más en el trabajo, en los proyectos, la creatividad, las ilusiones y las ganas de salir delante de los cubanos, otro gallo cantaría. Hay muchos países que apuestan por los préstamos personales sin aval, "ad honore" los llaman en Italia, y funcionan. Contribuyen al crecimiento porque rompen ataduras, liberan el potencial productivo y creativo de quienes los solicitan, generalmente gente con escaso capital pero buenas ideas. Los microcréditos son otra forma similar de permitir el crecimiento económico desde la política financiera. Tal vez haya que preguntarse por qué los Castro desconfían de los trabajadores, de los emprendedores, de las personas con ideas y proyectos, enmarañándolos en garantías, avales y prendas de todo tipo, cuyo origen será ciertamente cuestionable, tras medio siglo de continua expropiación y confiscación de la propiedad privada.
Esas ideas que se exponen en Granma "de viabilizar los caminos por los que transita la economía del país", de "atemperar cada medida a la realidad nuestra" de actuar "sin prisa pero sin pausa", no van a ningún sitio. La economía castrista no está en condiciones, con su complejo entramado institucional y productivo, de dar solución a los problemas de ineficiencia e improductividad que la aquejan. Los cambios que se necesitan son mucho más avanzados, complejos, integrales y de alcance. La época del parcheo ya se acabó. La burbuja crediticia se pinchó antes de hincharse. Cuánto antes se den cuenta, mejor.
Publicado en Diario de Cuba, 25 de febrero 2013

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