Lo que no debe hacer el presidente Obama (I)

Elías Amor Bravo, economista

Ahora Granma, el portavoz oficial del régimen castrista se presta a actuar como consejero político del presidente Obama. Sorprendente. Así se desprende de un artículo en el que Ariadna Cornelio y Gretter Alfonso, ambas funcionarias del Minrex, sugieren cómo puede modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba.

Vaya por delante que si esto mismo lo hubieran realizado dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, dirigiéndose en el The NYT o Washington Post a Raúl Castro para pedirle lo mismo, se habría organizado tremenda pelotera, y muy probablemente, ya se habría dado el portazo a cualquier relación entre los dos países.

Pero esas son cosas de las dictaduras totalitarias. Y en democracia, las opiniones distintas siempre son bien recibidas. Se escuchan y se cuestionan. Todo ello con absoluta libertad. A ver si en La Habana toman buena nota.

Vaya por delante que el artículo me parece, que refleja un desconocimiento de las reglas de funcionamiento de una democracia plural, en la que existe separación de poderes. No es cierto que el presidente Obama pueda utilizar sus prerrogativas ejecutivas para modificar la implementación de la política de bloqueo contra Cuba. El punto de partida simplemente no sirve.

La razón es que la responsabilidad de las leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos para defender a sus nacionales de las expropiaciones realizadas por el régimen castrista a comienzos de los años 60, no se puede escamotear, como dicen las autoras, con el “precedido desmontaje de la inmensa mayoría de las restricciones que conforman esta política, a través de acciones ejecutivas del Presidente”.

Basta con contemplar los supuestos que limitan la acción presidencial para comprobar lo poco que se puede hacer desde el poder ejecutivo.

En primer lugar, la prohibición a subsidiarias de Estados Unidos en terceros países a comerciar bienes con Cuba, recogida en la Ley para la Democracia Cubana de 1992 (más conocida como Ley Torricelli). La segunda es la prohibición de realizar transacciones con propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas por el régimen castrista, incluido en la Ley Helms-Burton. En tercer lugar, la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba con fines turísticos. Y en cuarto, la obligación impuesta al régimen castrista a pagar en efectivo y por adelantado las compras de productos agrícolas en Estados Unidos.

Las cuatro restricciones parecen razonables. Una revisión somera de las hemerotecas permite obtener suficientes justificaciones para mantener una actitud cauta con relación al régimen castrista, que sigue siendo una dictadura totalitaria que apuesta cualquier foro internacional para lanzar ataques contra Estados Unidos y maneja todos sus recursos propagandísticos para convertir a este país, “el imperio del mal”, en el gigante Goliat enemigo de todos.

Estados Unidos debe actuar frente a la dictadura comunista con la ética y dignidad de las democracias. Las Leyes emanadas por el poder legislativo de esta nación como la Torricelli, o la Helms-Burton responden a la voluntad popular y a procesos parlamentarios basados en la discusión y aprobación de normas que, en Cuba, simplemente no pueden comprender, porque llevan más de medio siglo alejados de las leyes democráticas de la pluralidad y respeto a las opiniones alternativas.

Mientras que el Congreso de los Estados Unidos siga manteniendo la responsabilidad en lo relativo al levantamiento del bloqueo contra el régimen castrisya, no parece razonable apostar por unas pretendidas “am­plias facultades del Presidente para, a través de la emisión de licencias, permitir transacciones referidas al bloqueo que es­tán reguladas por el Código Federal de Regulaciones de Es­tados Unidos”. La estrategia castrista del divide y vencerás, también en las democracias, choca contra la ética y la legitimidad de la representación popular.

En ese sentido, lo que pudimos observar el pasado 17 de diciembre del 2014, posee el significado que tiene. Nada más. Que el Presidente de Es­tados Unidos anuncie medidas para modificar la aplicación de determinadas regulaciones del bloqueo ha creado no pocas expectativas, pero solo es eso, de momento. Expectativas. El pueblo cubano sigue como siempre, tratando de “resolver” para llegar a fin de mes con uno de los salarios nominales más bajos del mundo. Y es cierto que el pasado 15 de enero del 2015, los Departamentos de Tesoro y Comercio publicaron las regulaciones administrativas para implementar las medidas anunciadas por el Pre­sidente, pero también hay qué plantearse en qué medida estas medidas realmente van dirigidas a mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, y no son otra cosa que un subterfugio para intentar que lo que sale de Estados Unidos por una vía, vuelva por la otra.

En efecto, si se eliminan algunas de las restricciones económicas, financieras y comerciales actuales, tiene que existir una compensación. Nada es gratis. Mucho menos en la economía. En ese sentido, no es difícil coincidir con las autoras del artículo en que “las modificaciones realizadas por Obama están lejos de ser todo lo que el Presidente puede hacer”, pero, y realmente esto es lo importante, lo cierto es que, al menos de momento, no deben ir a más. Los avances en materia de remesas, viajes, telecomunicaciones, etc, van a servir para generar un flujo circular de ingresos y comercio entre Estados Unidos y Cuba de efectos muy limitados sobre la población. Las pretendidas amplias facultades ejecutivas del presidente para eliminar otras restricciones vigentes tienen que esperar la decisión del Congreso.