Análisis económico de la "venta de servicios profesionales" por el régimen castrista


Elías Amor Bravo, economista 

Se nos ha repetido hasta la saciedad que uno de los denominados “logros” de la revolución castrista fue la educación. Desde el 1 de enero de 1961 los docentes de todo el país fueron movilizados para una campaña ideada por Fidel Castro, denominada de “alfabetización”, cuyo objetivo era que todos los cubanos pudieran leer y escribir.

La campaña, al margen del despilfarro de recursos económicos que supuso, y de que nunca se realizó evaluación alguna para determinar en qué medida se había conseguido alcanzar el objetivo buscado, sirvió para intuir cómo el comunismo consideraba, desde sus primeros momentos, a la educación como un arma poderosa para transformar la sociedad cubana.

Primero la creación de los “pioneros”, niños inocentes uniformados en la vestimenta y en la ideología, cuyo objetivo era ser de mayores como el Che, y buenos comunistas de las juventudes para tener acceso a la universidad y estudios superiores.

Luego llegó otra experiencia de consecuencias funestas, la “escuela al campo”, otra idea de Fidel Castro que establecía la supremacía de la agricultura sobre el resto de las actividades económicas y sociales, siguiendo un discurso fisiocrático francés del siglo XVIII.

Más tarde llegó el “Beso de la patria”, la “emulación comunista”, y demás majaderías con las que los cubanos han sido importunados y molestados en su vida privada por un régimen que necesita, por la fuerza, imponer una ideología contraria a la razón humana.

En suma, la escuela, la educación se convirtió en muy poco tiempo en un poderoso instrumento al servicio del poder revolucionario. De ese modo, se destruían las bases de la sociedad cubana tradicional, y se construía un nuevo modelo inspirado en la tradición marxista y leninista más radical.

Medio siglo después, todo parece haber cambiado. El tiempo no pasa en balde. Los revolucionarios que llegaron con aquellas ideas, se han convertido en personas de avanzada edad que se niegan a realizar los cambios hacia la libertad y la democracia, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos, que la sociedad demanda. Y además, el viejo “logro” de la revolución, la educación, ha cambiado de signo con el curso de los tiempos.

Ahora lo que predomina es la exportación de servicios profesionales de educación, fundamentalmente del programa de alfabetización “Yo sí puedo” a un total de 28 países de América Latina y África. Un negocio que, en contra de las campañas propagandísticas del régimen sobre la cooperación solidaria que el castrismo hace al resto del mundo,  su  aportación voluntaria y voluntarista a los más necesitados,  ha proporcionado a la economía castrista, según ha señalado el director de Relaciones internacionales del Ministerio de educación, Alfredo Diaz, ingresos por más de 35 millones de dólares durante el presente año.

La venta de servicios educativos profesionales, la venta de profesores, maestros, educadores, orientadores pedagógicos, de metodología de aprendizaje, por el régimen castrista a otros países se ha convertido en uno de los principales negocios de la balanza de servicios de la economía.  Sin ir más lejos, los 35 millones de dólares que representa, superan con creces a otras partidas del comercio exterior de la Isla. Una actividad en la que todos habían depositado confianza en la solidaridad y la cooperación de la que tanto alardea el régimen castrista, se ha convertido en un negocio como otro cualquiera del estado, en el que la materia prima, el producto exportado, son personas, seres humanos, sujetos de derechos regulados a nivel internacional. 

Para el régimen castrista, la venta de los servicios educativos es equivalente a la venta de cualquier otro producto o commodity. Imagino que las autoridades pensarán que si ya no se produce azúcar de caña, café o frutas para exportación, qué más da que se venda al exterior aquello que tenemos, sea lo que sea, si se compra por alguien. Y de ese modo,  el régimen concentra la venta de servicios educativos en países próximos de América Central y del Sur, el Caribe y, algo más lejos, África, con un peso destacado en dos naciones, Venezuela y Angola. El programa educativo con mayor demanda es el ‘Yo sí puedo’, un método de alfabetización que ha llegado a más de seis millones de personas en 28 países. Cifras realmente importantes que apuntan a las dimensiones que ha tomado esta actividad.

Según estadísticas oficiales del régimen castrista, actualmente unos 40.000 profesionales cubanos, fundamentalmente médicos, prestan sus servicios en 69 países. En este caso  enviados por el gobierno cubano en sus distintos programas, por los que percibe generosos ingresos. Aunque los datos del comercio exterior que elabora el régimen se encuentran detenidos desde 2008, se estima que la exportación de servicios profesionales, incluidos los educativos, proporciona a la Isla 6.000 millones de dólares al año, y ya se ha convertido en la mayor fuente de divisas del país, superando al turismo o las remesas de los exiliados.

Aquellos países que pagan al régimen castrista por estos servicios profesionales deberían ser conscientes en qué condiciones se realiza la prestación. Médicos o educadores cubanos que realizan sus servicios en estos países no lo hacen libremente, como emigrantes que ejercen su derecho a trasladarse con libertad y deseo propio a trabajar a otros países para mejorar su nivel de vida. No es éste el caso. Los profesionales cubanos son utilizados por el régimen castrista en régimen de monopolio, como cualquier mercancía. Se les mantiene al margen de la reforma migratoria y se les imponen plazos para la obtención de los pasaportes y permisos de salida, hasta que no cubren el “coste” de la inversión que el estado ha realizado en su formación. Un tipo de comercio mercantilista, más propio del siglo XVIII y XIX que de nuestro tiempo, y que debería ser objeto de reflexión a nivel internacional por aquellos países que pagan por esos servicios.  

No seré yo el que se oponga a la obtención de estos ingresos con las organizaciones empresariales privadas adecuadas, pero sí que cuestiono la fórmula utilizada, que considero que lesiona gravemente los derechos humanos.

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