A propósito de las reformas de la agricultura en Cuba

Elías Amor Bravo, economista

Una de las reformas introducidas por Raúl Castro a partir de 2008, la entrega de tierras en arrendamiento a los agricultores cubanos, ha sido un rotundo fracaso. Ya lo reconocen explícitamente las autoridades.

Las expectativas que se abrieron en su día para un modelo que pretendía mejorar la productividad agrícola y aumentar la producción de alimentos para la población, no han servido para alejar de la realidad cotidiana del castrismo la escasez, la mala calidad de los alimentos y la improductividad general del sector agrario. Algunos medios se han hecho eco, de forma precipitada, del balance que ha supuesto la entrega desde 2008 de más de 1,5 millones de hectáreas de tierra en usufructo. Una cifra que puede parecer mucho o poco, pero que no ha servido para mejorar la producción de los distintos renglones de la economía castrista.

Lo cierto es que en 2007, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, de las 6.619.500 Ha de superficie agrícola, todavía quedaba en manos del Estado comunista 2.371.200 Has, un 36%, a lo que se debería añadir, la superficie de UBPC y CPA en número de 3.034.000 Has, hasta alcanzar un total de 5.405.000 Has, o su equivalente al 82% de la superficie agrícola. En aquel momento, la propiedad que se podría denominar privada y de las CCS, alcanzaba 1.214.300 Has, el 18% restante. No existen datos del balance final del proceso, pero estas son las magnitudes en las que se debe mover el análisis.

Cuando después de cuatro años de aplicación de la reforma, las cosas siguen más o menos igual, o peor, ahora se anuncia un nuevo giro de tuerca en el sector agrario, con la inminente publicación del Decreto Ley 300 a partir del 9 de diciembre, que va destinado a actualizar el anterior, que ha sido derogado, para impulsar la deficitaria producción agrícola cubana, ante el evidente fracaso de las reformas.

Con este escenario, ahora se plantea una nueva reforma administrativa para tratar de entregar unas 975.486 hectáreas de superficie agrícola que todavía quedan pendientes. Novedad de la reforma es la eventual posibilidad de ampliar la extensión de las parcelas entregadas o la construcción de viviendas destinadas al uso familiar en los terrenos cedidos. Desde esta perspectiva de provisionalidad en la que se espera que los cubanos se entreguen a una ardua tarea, el trabajo agropecuario, en condiciones máximas de dificultad y sin llegar a ser nunca propietarios reales y últimos de la tierra, que permanece en manos del estado comunista, no cabe esperar mejores resultados en los próximos años.

Por mucho que se anuncien prórrogas de diez años en los usufructos a personas naturales y 25 a las jurídicas, una distinción que aún no se comprende muy bien, la percepción de los arrendatarios es la misma: nunca podrán vender, comprar, solicitar préstamos o modificar libremente las tierras que van a trabajar. Su dedicación a la tierra irá destinada a un dueño último de sus destinos e incertidumbres, el estado, que no desea la privatización de la economía nacional. Trabajar en vano. Trabajar para otro dueño, que en cualquier momento tiene capacidad absoluta sobre destino y hacienda. Nada nuevo bajo el sol castrista, y por ello, un nuevo fracaso que se avecina que volverá a plantear la cuestión asociada del tiempo perdido en las reformas que necesariamente precisa Cuba.

¿Por qué fracasa la reforma agraria raulista?

Primero, porque no plantea un necesario cambio de modelo, como hicieron los vietnamitas, al privatizar la tierra, permitir su traspaso y acumulación libre, así como la decisión de asignar al mercado un papel relevante en las distintas actividades de comercialización de bienes finales y productos intermedios. La consecuencia es que la atrasada agricultura de Vietnam es ahora principal exportador en Asia a los mercados de los países más industrializados.

Segundo, una vez más, se tendrá que insistir que no es a golpe de decretos, leyes o documentos administrativos como se reactiva un sector empobrecido y atrasado, sino con voluntad emprendedora, un marco jurídico adecuado para los derechos de propiedad y libertad de mercado. La experiencia castrista pone de manifiesto que en los sistemas de intervención estatal y ausencia de propiedad privada y mecanismos adecuados de comercialización, no hay forma de mejorar el funcionamiento económico. El régimen castrista, como siempre, trata de esconder el fracaso de las reformas presentando el notable aumento de expedientes y procesos que se han tramitado desde 2008, cuando comenzó la reforma. De nada sirve emplearse a fondo en el escalón intermedio de un proceso, si el resultado final es mediocre.

El asunto de la improductividad agrícola y la dependencia exterior de alimentos, que ha llevado en varias ocasiones a “saltar las condiciones del embargo, con las compras al vecino del norte de cereales y carne para alimentar a la población”, ha pasado a ocupar un primer plano en la agenda de preocupaciones de Raúl Castro, quien durante las sesiones de la Asamblea nacional el pasado mes de julio expuso el objetivo de mejorar las condiciones para facilitar el proceso de entrega de tierras en usufructo.

La preocupación del máximo dirigente comunista no consiste sólo en que el proceso no haya dado los resultados previstos, sino que, en contra de lo que se estimaba, solo han sido 172.000 cubanos los que han decidido arrendar tierras al estado comunista, una cifra relativamente ínfima si se contrasta con el empleo total en el sector agrícola. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, en 2010 trabajaban en el campo cubano 921.500 personas. Los arrendatarios por cuenta propia apenas representan un 19% del total. Un porcentaje muy deficiente en una actividad en la que es fácil establecerse de forma autónoma y que en la mayoría de países es ejercida prácticamente al 100% por la iniciativa privada empresarial. Además, el proceso de entrega de tierras se ha visto afectado por el hecho de que el 77% de los nuevos arrendatarios carecían de experiencia agropecuaria, a lo que se hace preciso añadir la falta de medios de producción, fitosanitarios, plaguicidas y esfuerzo para luchar contra la invasión de marabú en las tierras ociosas entregadas.

La economía no volverá a funcionar mientras no se acometan reformas profundas en la agricultura. Este es un sector fundamental no sólo para suministrar alimentos a la población, sino para fomentar el comercio exterior reduciendo la dependencia de las importaciones y mejorando las ventas en el exterior de la economía cubana. 

Las reformas emprendidas en 2008 no van en la dirección correcta. Su fracaso está nuevamente anunciado.