Más impuestos, menos democracia

 

Elías Amor Bravo, economista

En su famoso, “The Power to Tax”, el premio nobel de Economía, James Buchanan, estableció que el contrato social que permite a los gobiernos establecer impuestos sobre los agentes privados se basa en la existencia de un régimen democrático, plural y representativo de las distintas ideologías existentes. No existe espacio para que las dictaduras monocolores puedan fijar libremente impuestos sobre los ciudadanos.

El régimen castrista quiere mostrar ante el mundo que su apuesta por los cambios va en la dirección correcta, y ahora anuncian la implementación de “una nueva política fiscal, a la que se fija el objetivo de contribuir al aumento de la eficiencia de la economía y de los ingresos al Presupuesto del Estado con el propósito de respaldar el gasto público en los niveles planificados y mantener un adecuado equilibrio financiero”.


La cuestión es qué sentido tiene en una economía en la que todavía más del 95% de los activos pertenecen de una forma u otra al estado, fijar un sistema impositivo similar al de otras economías en las que dicho porcentaje apenas alcanza un 10% correspondiendo a los agentes privados el control del patrimonio estatal. ¿Quién va a pagar los impuestos en el régimen castrista? ¿El mismo estado comunista? ¿Los pobres cuentapropistas, que apenas llegan a fin de mes?


Vayamos por partes. La  nueva política fiscal, anunciada a bombo y platillo en Granma, tiene como punto de referencia los “Lineamientos” aprobados en el último Congreso del Partido único, teniendo en cuenta eso, si, las “características del modelo económico castrista, al que no se piensa renunciar”. 


Para darle un mayor nivel institucional, se insiste en que esta política fiscal ha sido aprobada por el poco representativo y democrático Parlamento cubano, un órgano de representación que carece de la legitimidad del pluralismo político, ya que solo responde a una ideología, que es la única aceptada por el totalitarismo imperante. La nueva norma ha sido publicada en la Gaceta Oficial de la República, lo que determina su entrada en vigor. 

¿Están preocupados los cubanos por los impuestos? ¿Se sienten próximos o ajenos a estas cuestiones? Cualquier analista de la realidad de la economía castrista sabe que un porcentaje muy elevado de las transacciones económicas se realizan en el ámbito informal, en la denominada “economía negra” no sólo por la ausencia de controles, sino porque los agentes económicos descubren que es mucho más eficiente y productiva que la oficial, intervenida y planificada por el estado. Por lo tanto, no parece que exista especial preocupación por la nueva legislación ya que la anterior, que va a ser suprimida, rara vez fue cumplida. 


Además, la política fiscal moderna y propia de las economías de mercado, tiene poco recorrido en un sistema en el que la propiedad privada es inexistente o muy limitada. Por ejemplo, uno de los fines, la reducción de desigualdades entre ciudadanos, no tiene sentido, si el modelo económico impide que esas desigualdades aparezcan, es decir, la redistribución se realiza con criterios políticos e ideológicos. No hay margen para ella.


Por otra parte, en un sistema que se califica de igualitario, en el que salarios, pensiones y rentas se establecen de forma homogénea (un médico cobra igual que un maestro o un ingeniero) las capacidades económicas de los sujetos son similares. Por ello, tampoco cumple su función la política fiscal. Los cuentapropistas que obtienen ingresos dos y tres veces superiores a la media, tendrán incentivos para ocultarlos y no pagar impuestos que, a la larga, no les van a beneficiar. Cabe esperar, por tanto, mayor nivel de evasión.


Hecha la ley, hecha la trampa. Las autoridades han previsto que, hasta que las condiciones objetivas no se presenten, se ratifica la no exigencia del Impuesto sobre Ingresos Personales sobre los salarios. Tampoco se exigirá por el momento, el Impuesto sobre la Propiedad de las viviendas. De este tributo se exime a los propietarios de inmuebles declarados inhabitables. En fin, una ley para no ser exigida. A los cuentapropistas se les exoneran tres meses. ¿Suficiente?


¿Piensan las autoridades que con esta política fiscal van a recaudar más? ¿Pero qué quieren recaudar, cuando todo el valor de la producción que se genera en la economía es titularidad del estado? ¿A qué aspiran, a recaudar a costa de un reducido sector de cuentapropistas y arrendatarios, con escasa capacidad financiera?  Fijando impuestos sobre estas actividades que son un rayo de luz en la ineficiente e improductiva economía castrista, lo único que van a conseguir es justo lo contrario de lo que dicen querer, acabar con la eficiencia empresarial de estas actividades y orientarlas a la evasión fiscal.


No va a servir de nada. Este tipo de políticas fiscales sin respaldo democrático, van directamente al fracaso y lo que es peor, sientan bases para el desprestigio social de las verdaderas políticas democráticas de carácter fiscal con respaldo en el contrato social, que serán necesarias en una futura nación libre.


Teniendo en cuenta estas cuestiones fundamentales para cualquier política fiscal, la norma no está exenta de errores técnicos que, en contra de lo que pretenden las autoridades, van a generar no pocas distorsiones dentro de la economía castrista. Por ejemplo, la variación de las bases imponibles, tipos, formas y plazos de pago según las circunstancias de la economía o particularidades de un sector o territorio, conlleva elementos de arbitrariedad que no son recomendables en el manejo de los tributos.


Para colmo, se han creado 19 impuestos, tres contribuciones y tres tasas lo que supone una notable variedad de instrumentos que dificultan la comprensión del sistema por los agentes económicos.


Paralelamente, se ha multiplicado en número de bonificaciones y regímenes especiales, sobre todo en el ámbito agropecuario, con fines tan disparatados como la promoción del uso racional de la tierra. La tierra se utiliza de forma eficiente cuando es propiedad de quien la trabaja y le obtiene rendimientos. Esta es la clave.


Diversificar la carga tributaria por sectores es un foco para el malestar, que va a llevar a los contribuyentes no beneficiados por el régimen especial a instar continuamente reclamaciones de mejora, con un foco permanente de crisis.


En cualquier caso, algunas de las bonificaciones, como la exoneración por dos años a los poseedores de tierras agrícolas estatales en usufructo son poca cosa para los esfuerzos económicos que supone luchar contra la invasión de marabú en los otrora campos ociosos bajo control estatal. De igual modo, quienes han construido sus viviendas por esfuerzo propio se les concederá, en el momento que se exija el referido Impuesto, un periodo libre de pago de este gravamen de cinco años, lo que en las actuales condiciones de falta de derechos de propiedad parece bastante arriesgado. Sorprendentemente, no estarán gravadas por el Impuesto sobre Ingresos Personales las remesas de ayuda familiar que se reciban desde el exterior, un poderoso estimulo para aflorar estas cantidades de dinero e inyectarlas como gasto de consumo en la economía.


Pocas veces las reformas impositivas que no se cimentan sobre un acuerdo social, dan los frutos deseados. La experiencia castrista no defraudará. En poco tiempo, veremos como todo esto tiene que ser reformado. Esperamos que sea en un sistema democrático y libre.

Tomado de: Misceláneas de Cuba, 21 de noviembre 2012