Sobre la distribución de utilidades en la economía castrista (I)

Elías Amor Bravo, economista

 

Una de las transformaciones más llamativas del proceso de actualización de la economía comunista cubana ha sido la distribución de utilidades a los trabajadores, como estímulo por la eficiencia económica, en suma, algo así como la productividad o si se prefiere, el pago a destajo. Que un país que se vanagloria de ser el “paraíso de los trabajadores” y que sitúa a la empresa estatal como centro del sistema, recurra a esta fórmula para compensar los bajos salarios que recibe la mayor parte de la población laboral, no deja de ser significativo. Además, ha sido una de las decisiones que ha despertado un mayor rechazo en la ortodoxia comunista, marxista y leninista, que está atrincherada en los recovecos del poder castrista,

Y lo cierto es que desde los tiempos de mayor intensidad revolucionaria, el Che y Fidel Castro ya hablaban de la “emulación socialista” y del pago al trabajo en función de su dedicación, en un intento de arrastrar una máquina económica que ya había pinchado tras las confiscaciones y expropiaciones a los legítimos propietarios que marcaron el inicio del desastre. Ahora, más de medio siglo después, que los lineamientos autoricen a las empresas estatales a pagar en función de resultados no deja de ser una vuelta al principio, lo que está ocurriendo en otros muchos campos de la vida económica en Cuba.

Sin embargo, y desde el punto de vista de la gestión empresarial moderna y eficiente, esta reforma del pago de utilidades en el régimen castrista tiene muy poco que ver con la racionalidad económica.

Vayamos por partes.

Primero, la propiedad de los medios de producción es del pueblo y el estado es el encargado de la gestión. Este es un enunciado que se repite una y otra vez en los llamados “lineamientos”. Nada de esto es cierto. Cualquier propietario de los activos exige una retribución, en forma de dividendos, por la utilización de los mismos. El pueblo debería recibir, en tales condiciones, lo que se podría calificar como participación en los beneficios generados por las empresas de su titularidad. Nunca en la vida un cubano ha recibido dividendo alguno de las empresas gestionadas por el estado. La aproximación salarial, a todas luces, se queda corta.

Segundo, la medida se aplica en unas empresas. No en todas. Tan solo en algunas empresas estatales, sociedades mercantiles y las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE). Una confusión burocrática que no ayuda a definir los pagos. Esta situación puede crear una asimetría nada favorable para generalizar en la población laboral una medida que, sin duda alguna, es muy conveniente para mejorar la productividad. Según la información publicada en Granma, si bien es cierto que el número de empresas ha aumentado desde 2014 pasando de 483 a 1.054, lo cierto es que el número de trabajadores lo ha hecho de 314 mil a 719 mil, cifras que resultan ridículas si se tiene en cuenta que casi 5 millones de cubanos prestan sus servicios en el sector estatal. Además, en Cuba, existen unas 1.800 empresas, de modo que existe todavía espacio para generalizar esta medida.

Tercero, ya están pensando en actualizar medidas que llevan muy poco tiempo siendo aplicadas. Lo de siempre. Las estrategias en economía exigen perseverancia y tiempo para que den resultado. La economía nunca funciona a golpes de improvisación, ni de medidas “estrella”, que acaban siendo estrelladas.

Cuarto, la política misma de distribución de utilidades está mal diseñada. La Resolución Número 138, por ejemplo, permitió la creación, a partir de las utilidades retenidas después de impuesto, (equivalentes al 50 %), de 11 tipos de reservas voluntarias, encaminadas al desarrollo continuo de la empresa, y fijó el modo de distribuir estos recursos. Aquí la cuestión no son las reservas, sino la determinación de los beneficios o utilidades, como les quieran llamar. Lo que importa es la generación de beneficios, la eventual obtención de la máxima separación entre ingresos y gastos. La clave para la rentabilidad de las empresas que, en la economía castrista, se encuentra mediatizada y condicionada por las múltiples formas y maneras de intervención estatal.

Un ejemplo de esa intervención es la condición exigida para el reparto de utilidades que se basa en cumplir con “los indicadores directivos aprobados para el año”, no tener auditorías financieras o fiscales donde el sistema de control interno haya sido evaluado de deficiente o malo en el periodo que se distribuye, y no tener adeudos con el Fisco, es decir, con el estado intervencionista. No será fácil encontrar muchos candidatos con criterios tan restrictivos.

No es extraño que, en la práctica, la la distribución de utilidades haya ocupado una mayor participación (hasta un 40% según datos ofrecidos a Granma por la directora general de Atención Institucional del MFP) que el resto de asignaciones previstas por el régimen, entre las que cabe citar, “amortización de créditos para inversiones, incremento del capital de trabajo, inversiones aprobadas con recursos propios, desarrollo de investigaciones y capacitación, así como a cubrir pérdidas contables de años anteriores”. Grave problema que se tiene que resolver, ya que en estas condiciones, y teniendo en cuenta la prioridad salarial, las empresas corren el riesgo de verse descapitalizadas o sin los necesarios programas de innovación y formación a sus trabajadores.

En tales condiciones, ¿qué se debe hacer?

El régimen señala que se tiene que corregir “la ausencia de proyectos concretos de desarrollo, y de documentos que avalen los estudios, las debilidades de los ejercicios anteriores y que aún se siguen arrastrando, las deficiencias en la contabilidad, que todavía en muchos lugares no constituye reflejo confiable de los hechos económicos; la dilación de los plazos; así como las falencias en la preparación de los procesos desde la dirección de la empresa, carente de una visión clara de desarrollo y de una argumentación objetiva de las reservas que se solicitan, la falta de capacitación para recapitular cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las entidades en cada uno de los conceptos de reservas a solicitar”.

Como siempre, burocracia y más burocracia para resolver un problema de fácil solución en la economía de mercado.

En este sistema económico, el dueño de una empresa es el menos interesado en descapitalizar la misma o frenar sus posibilidades de innovación, desarrollo y competitividad. Y sabe que no debe poner freno a esas variables porque entonces obtendrá menos rentabilidad y sus dividendos también inferiores. El dueño de un activo, en la economía de mercado, busca obtener el máximo beneficio. Orientándose por esta lógica tan simple, sus ganancias aumentan y la empresa no entra en crisis por falta de inversiones.

El régimen castrista no puede lograr este objetivo porque el dueño de los activos, el pueblo cubano, calla y no puede ejercer sus derechos como titular de los mismos. Se mantiene en silencio, obedece y carece del poder de decisión que le otorga la libre empresa en la economía de mercado. Perdidos en la búsqueda de absurdos indicadores de “reservas para capital de trabajo, de amortización de créditos de inversiones, de la obligación de pago contraída, de los plazos de amortización, de proyectos de investigación o capacitación, etc, etc", las autoridades del régimen no sitúan la solución donde está realmente, que es en el ámbito del sistema institucional y jurídico para la toma de decisiones económicas. En un siguiente trabajo, trataré de exponer que las Juntas de Gobierno de las empresas tampoco son la solución.