Viviendas para todos: así de este modo, no

Elías Amor Bravo, economista

 

La política de vivienda en Cuba es un fracaso absoluto del régimen comunista. Los datos no engañan. No es extraño que en el cónclave del partido único celebrado hace unos días se dedicase atención a este problema, sujeto igualmente a las directrices de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución que fueron objeto del informe de Murillo.

Para analizar la vivienda y sus dificultades, el ministro de la construcción fue el encargado de presentar lo que denominó como una estrategia para “abordar el asunto de la vivienda de una forma diferente, utilizando todos los recursos con que cuenta el país y de manera ordenada”. Una más de las muchas que se han ensayado sin éxito a lo largo de los últimos años.

La realidad no admite cuestión. Las viviendas construidas que alcanzaron una cifra de 111.373 unidades en 2006, se desplomaron a las 22.106 en 2016, según datos de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba presentados en el Cuadro 1. Entre 1990 y 2005, años difíciles para la economía castrista, se construyó una media de 40.921 unidades. En todo caso, las viviendas construidas por el estado, en un proceso de ajuste sin precedentes, se redujeron a 9.257 en 2016 una cifra inferior a las 12.849 de manufactura no estatal, que sigue sin contar con un marco adecuado para su expansión y crecimiento.

Cuadro 1.- Construcción de viviendas en Cuba

Fuente: ONEI

La estrategia, según el ministro, plantea lograr detener el deterioro del parque de viviendas existente en el país, y después avanzar en su recuperación y solución. Un deterioro que afecta al 39% del parque de 3.824.000 viviendas que existen en el país. A su vez, se proyecta un horizonte de diez años para lograr la recuperación del fondo habitacional del país. Es decir, que habrá que esperar una década para que ese porcentaje descienda.

Lo curioso de este plan de actuación es su contenido. El ministro esbozó las iniciativas consistentes en “realizar importantes inversiones en la industria del cemento, con la remodelación de la planta de Siguaney, en Sancti Spíritus, la modernización de la planta de cerámica blanca de Holguín, que incrementará de manera sustancial la fabricación de azulejos y muebles sanitarios”

Igualmente, se planteó “un mayor desarrollo de la producción local de materiales, que en los últimos cinco años ha venido creciendo anualmente entre el 8 y 11%, a partir de las materias primas y reciclables de las localidades”, También se prevé la “instalación de 423 minindustrias en municipios y consejos populares”, aspecto sobre el que los comunistas asistentes al cónclave coincidieron otorgando a la “producción local de materiales un papel fundamental de la política de la vivienda pues acerca la solución a los territorios, permite la participación colectiva y fortalece el papel de los municipios en la solución de sus problemas habitacionales”.

En este plan tan importante anunciado por el ministro, ¿alguien ha oído algo relativo a la empresa privada constructora como elemento fundamental para las viviendas? Si, es cierto que “se pretende hacer participar a todos los actores posibles, entre ellos las familias, las organizaciones estatales de la Construcción, las cooperativas, las empresas constructoras subordinadas a los consejos de la Administración provinciales y las del sistema empresarial estatal del país”, pero si estas mismas estructuras han estado presentes en la economía castrista durante décadas sin ofrecer resultados positivos para la vivienda, ¿Por qué habría que pensar que ahora lo iban a hacer?

En el Gráfico 1 se puede observar cómo la construcción no estatal de viviendas en Cuba no ha tenido espacio para su crecimiento, desde el resultado alcanzado en 2006 cuando superó el 70% de las viviendas construidas en Cuba. Desde entonces, se desploma su porcentaje en el total y es solo a partir de 2013 cuando se recupera de forma tímida. El estado mantiene un peso relevante en la construcción de viviendas y en los años de aplicación de los llamados “lineamientos” más si cabe aún.

Gráfico 1.- Construcción estatal y no estatal de viviendas, en % sobre el total

No es difícil concluir, a la vista de lo expuesto, que lo que falta en Cuba para que la vivienda recupere sus dimensiones sociales es una empresa privada independiente capaz de liderar el proceso constructivo. Un escenario para dejar atrás definitivamente fórmulas absurdas y atrasadas, como el denominado “esfuerzo propio”, e incorporar el modelo de contratista que los cubanos del sur de la Florida conocen bien. Empresas privadas especializadas en la construcción de todo tipo de viviendas, en la rehabilitación de edificios singulares en las ciudades que aún puedan ser salvados con las modernas tecnologías importadas con “joint ventures” con socios extranjeros, todo ello liderado por empresas privadas de cubanos que puedan alcanzar dimensiones de escala suficientes para tirar de la producción de forma eficiente y racional.

Por supuesto que debe existir una planificación territorial y urbanística similar a la que rige en otros países. En eso le damos toda la razón a Castro que expuso esa necesidad en su discurso, pero el sector estatal tiene que dejar de producir viviendas en Cuba y retirarse a la regulación, control y evaluación, permitiendo que sea la iniciativa privada libre la que gestione el sector. La construcción de vivienda puede y debe funcionar como una industria privada, capaz, eficiente y solvente, adaptada a las necesidades de la población, a la que debe dar servicio. Y los colectivos sociales que precisen ayudas para el alquiler o la compra deben recibir el trato más esmerado del gobierno, y punto. Los cambios que se necesitan no tendrían que esperar una década, incluso cuando la industria cementera o de azulejos no levantase cabeza, siempre y cuando sea fácil el recurso a las licencias de importación.

Superar la escasez de vivienda y acometer la reforma integral del parque no es posible con los instrumentos de intervención estatal que se han utilizado durante 59 años en Cuba. Recuperando el sector privado de construcción en su totalidad y liberalizando plenamente su actividad en Cuba, es la única forma de atender esta demanda social y además, con los efectos de tirón que tiene la construcción sobre el resto de sectores de la economía, actuar como motor de empleo, renta y riqueza. Otro futuro es posible.