Sobre la distribución de utilidades en la economía castrista II

Elías Amor Bravo, economista

 

En un artículo anterior, expuse los motivos por los cuáles la actual política de distribución de utilidades en las empresas estatales cubanas es inadecuada y no sirve para lograr el objetivo de mejora de los niveles salariales y de vida de los cubanos. La realidad es que sin un cambio jurídico e institucional que asegure realmente que el pueblo cubano es el titular real de los activos que se utilizan para producir en el país, el estado gestor de estos activos seguirá sin dar solución a los problemas que se derivan de una creciente descapitalización e improductividad de las empresas. Y dada la irrelevancia de una propiedad colectiva, parece evidente que la situación continuará si no se dan los pasos necesarios por las autoridades para el establecimiento de un marco jurídico de derechos de propiedad.

Hoy toca hablar del papel de las Juntas de gobierno de las empresas y las autoridades facultadas para tomar decisiones que, sin autonomía alguna y bajo estricta obediencia al aparato del estado, deben comunicar las decisiones adoptadas sobre distribución de utilidades hasta el 30 de abril.

Nada que ver, ni en su naturaleza jurídica ni en su funcionamiento, tienen estas Juntas castristas con las que existen en los países de economía libre de mercado y con empresas privadas.

Su capacidad, como órganos que se supone que representan los intereses del estado en el control del sistema empresarial, para mejorar la rentabilidad de las empresas y garantizar un mejor reparto de utilidades, es bastante escasa.

Al margen de su reducido número, estas Juntas parecen más interesadas, desde su creación, en “aprobar la proyección estratégica de las OSDE, evaluar la pertinencia del plan de la economía, chequear trimestralmente el cumplimiento de los indicadores directivos y determinar la creación de reservas a partir de las utilidades”. Objetivos políticos e ideológicos que poco tienen que ver con la generación de valor y beneficio que es la actividad de las Juntas en las empresas privadas. En Cuba, se convierten en guardianes de la ortodoxia y controladores, por cuenta del régimen, del cumplimiento de los requisitos que la norma prevé. Más vigilancia, burocracia y control sobre la actividad empresarial, por si no fuera poca la que ya existe.

El problema como ya he señalado es que estas Juntas, y sus miembros integrantes, en vez de aportar negocios a las empresas, se dedican a controlar a los directivos; implementar las auditorías de deficiente o mal funcionamiento, y analizar, en particular, los requisitos que fundamentan cada propuesta de reservas. Todo ello bajo criterios burocráticos y sin capacidad para generar negocio.

Al final, las Juntas acaban siendo vigilantes de las OSDE en la proyección de las reservas, pero sin participación alguna en los procesos que están en el origen de la obtención del beneficio que es una de las misiones principales que cumplen los consejos de administración en las empresas de la economía de mercado libre.

Un buen ejemplo, es la operatoria que se establece para las mismas. Así, desde ahora a finales del mes de junio, todas las entidades están obligados a entregar al Ministerio de Finanzas y Precios un informe valorativo del proceso, fecha en la que no solo deben haberse aprobado las reservas, sino ejecutado, sobre todo las referidas a la distribución para el pago a los trabajadores.

Es decir, en solo unos pocos meses, los responsables de las empresas estatales, tienen que estar elaborando informes, previendo escenarios, proponiendo repartos de utilidades y atendiendo a cuestiones burocráticas que los apartan de lo que realmente tienen que hacer, que es gestionar las empresas y obtener la máxima rentabilidad de las mismas. A la vista de ello se puede concluir que al régimen castrista le preocupan más las dilaciones en los plazos, los incumplimientos de la norma, sin entender que muchas empresas, a lo largo de un ejercicio, generan su rentabilidad en momentos muy concretos del tiempo, que suponen una ruptura con el denominado cierre económico. Y que aún cuando existen fechas para la presentación de los resultados y el pago de dividendos, la libertad para organizar la actividad es condición necesaria, que no suficiente, para el éxito de la misma.

A la vista de los resultados, reducir la autonomía de los gestores y exigir que las empresas cumplan a rajatabla las órdenes de la cúpula, reforzar el control burocrático que ejerce el estado sobre las empresas, son el resultado de la aplicación de los llamados “lineamientos” sobre el sector empresarial cubano. Más de lo mismo de siempre, revestido de otra forma. En cualquier país, con un modelo económico diferente, actuaciones de este calibre no tendrían justificación y, a la larga, serán prescindibles en la economía cubana donde la prioridad de las empresas es ser más competitivas y rentables, por el bien del conjunto de la nación y no de unos pocos.