Argumentos económicos al NO a la constitución comunista o socialista

Elías Amor Bravo, economista

No. No hay nada que inventar en el socialismo, porque todo ya está escrito. Y además, conocidos son sus efectos allí donde se instaló e intentó funcionar, siempre a costa del pueblo y por métodos tiránicos e impuestos. El socialismo democrático es otra cosa, pero no creo que sea eso de lo que habla Ariel Terrero en su artículo de hoy en Granma.

Se pueden hacer algunas precisiones sobre dicho trabajo. Y para ello nada mejor que empezar con la valoración de una afirmación del texto, “la participación de los trabajadores en la planificación, regulación, gestión y control de la economía” no es un rasgo específico del socialismo. Se trata de una actuación ampliamente extendida en la economía de mercado que impera en la mayor parte de los países del mundo. Por lo tanto, no es un rasgo específico. Y tampoco garantiza descentralización alguna, y el ejemplo lo tenemos en Cuba.

La nueva constitución que se somete a consideración de los ciudadanos el próximo 24 de febrero, soslaya estas cuestiones y viene a reafirmar un modelo económico que durante los últimos 60 años ha sido una rémora para el desarrollo y la prosperidad de todos los cubanos. Esto es evidente si se comparan los registros de 1959 con los de 2019. Por eso, con una constitución inadecuada para la creación de un marco jurídico e institucional adecuado para el funcionamiento de los agentes económicos, el desarrollo posterior de las normas administrativas y la regulación subsiguiente no ayudará en mucho a lograr eficiencia y mejor funcionamiento de la economía. Digamos que el cerrojo comunista o socialista, porque los castristas suelen mezclar estos dos conceptos de forma irresponsable, no permitirá cambiar el “statu quo”, de modo que las cosas irán a peor. Profundizar la actualización, es una pérdida de tiempo, y de esto deben ser conscientes las autoridades antes que sea demasiado tarde.

Legislar a partir de un modelo inadecuado es arrojar gasolina al fuego, e impedir que las decisiones de los agentes económicos, públicos y privados, se adopten con eficiencia. Los cubanos tienen que saber que el texto constitucional del próximo referéndum no va a permitir la construcción de un sistema legal beneficioso para la economía, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en ningún lugar se habla de la empresa como elemento central del sistema. Eso si, se menciona a la empresa estatal, pero se culpa a estas entidades del deficiente funcionamiento de la economía. No creo que la descentralización sea la solución para ellas. El "perfeccionamiento empresarial" ya lo confirmó desde hace años. Por el contrario, la solución para las empresas estatales es un proceso de privatización, mediante convocatorias internacionales supervisadas por organismos especializados, que transfiera a los agentes privados la gestión de las empresas estatales. Lo privado funciona de forma más eficiente. Esta vía ha sido probada en la hotelería, y se debe extender al conjunto de las empresas estatales de la economía, sin las restricciones de la Ley 118 en relación con la inversión extranjera, ya que lo conveniente es que las empresas queden en manos de capital cubano. Existen fórmulas para ello.

Las empresas, privadas o estatales, tienen que ser reconocidas como agentes principales del sistema económico. Se tiene que reconocer a los cubanos el derecho a crear empresas, individuales o colectivas anónimas, para unir capitales, trabajo, talento y creatividad en el logro del beneficio. Se tiene que garantizar la acumulación de capital, de renta y de riqueza, y asegurar mediante políticas fiscales una distribución más equitativa de los ingresos de la población, pero bajo ningún concepto prohibir la acumulación de riqueza, como señala el texto constitucional. Las expropiaciones sometidas a límites rigurosos para evitar situaciones ya vividas en el pasado. Sostener dicho postulado es antieconómico, y puede hundir más aún la economía cubana de lo que está.

Pasa lo mismo que con el respeto a los derechos de propiedad. La tierra para quien la trabaja, pero no con fórmulas torticeras de arrendamiento a largo plazo, sino en régimen de propiedad. Propiciar el nacimiento de un mercado de la tierra que permita aumentar la dimensión de las parcelas para lograr economías de escala y producir con eficiencia. Acceder a la propiedad de varias viviendas, por aquellos que tengan capacidad para ahorrar ingresos de su trabajo, y con esas viviendas generar más ingresos en forma de alquileres, o mediante la creación de un amplio mercado de la vivienda y del suelo que de satisfacción a una demanda muy superior a la oferta. Y así, de sector en sector, buscando que existan, incluso en el ámbito de los servicios públicos, empresas privadas que colaboren con el gobierno en la provisión, porque no todo tiene por qué salir del exhausto presupuesto del estado.

E incluso, en la construcción de infraestructuras, y los grandes proyectos, que no solo deben estar abiertos a la inversión extranjera, sino también a la inversión de los cubanos. Este engranaje económico no se establece en la nueva constitución, de ahí que tiene poco sentido votar a favor de la misma. Insisto, como dice Terrero ese “camino hacia una economía con diversidad de formas de propiedad” que según su criterio se abre en la constitución, no es otra cosa que una vía muerta al servicio del régimen. Nada serio.

No es posible visualizar este modelo en la nueva constitución. Su diseño está concebido para que los cubanos sigan recibiendo salarios míseros con los que resulta imposible ahorrar para el futuro. La economía continuará atada por un complejo sistema burocrático dependiente del poder político que se reserva, siempre, la acción última cuando se trata de imponer sanciones o cualquier tipo de represión. Sin mercados competitivos de distribución mayorista que permitan incorporar las nuevas tecnologías y facilitar la adquisición de los insumos a todos los sectores productivos, y lo que es peor, sin entender que no es por la vía de la sustitución de importaciones como se desarrolla un país, sino justo lo contrario, los cubanos no verán mejoras en su situación económica. A todo ello se une la doble moneda en circulación, que ata las posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo de la economía.

La transformación del socialismo o comunismo cubano en otra cosa no es una somera cuestión de descentralización o de buena voluntad, sino de tener ideas claras y proyecto. Los “revolucionarios” que se instalaron en el poder a partir de 1959 publicaron una serie de normas alegales con las que se apropiaron del capital productivo del país y trastocaron la estructura económica cubana durante 60 años. Decisiones de ese calado, pero en la dirección contraria son las que se necesitan para que Cuba deje de estar en los actuales niveles de crisis estructural, superando los errores cometidos, y lo que es peor, los que aún no han llegado, que suelen ser los peores.

El problema es que los socialistas o comunistas cubanos siguen creyendo que “la riqueza es privilegio de pocos y anzuelo para muchos”, y eso es falso. La experiencia muestra cómo la riqueza es un factor de movilidad social, de progreso y de bienestar de las naciones. La experiencia la conocen bien los cubanos que abandonaron la isla en estos 60 años para instalarse en otros países. Y que igualar a la baja, como plantea el socialismo o comunismo castrista, ni es la solución, ni es sostenible, ni representa el futuro. Nadie piensa en el capitalismo como alternativa. Posiblemente los viejos industrialistas del siglo XIX estuvieran en esa onda, que todavía existe entre los socialistas y comunistas castristas, cuando quieren situar al régimen frente al espantajo de la propaganda. Por suerte en el siglo XXI el capitalismo ha quedado muy atrás, y existen otros conceptos que tal vez se deberían explorar por aquellos que atacan con intención malévola.

Los cubanos tienen que saber que la constitución que se somete a referéndum no plantea modelo de socialismo nuevo, sino una continuidad de lo que en materia económica existe actualmente, con los agravantes expuestos. En suma, supone santificar un sistema que arranca de mediados del siglo pasado, y que no tiene justificación en la sociedad global de la cuarta revolución industrial. La única respuesta sensata es decir NO.