La nueva ley de tierra agropecuaria forestal: otro experimento que va a fracasar

Elias Amor Bravo, economista

Otra gran falsedad se abre paso en la prensa oficial, formando parte del relato del régimen comunista cubano. Ahora pretenden convencer que con la aprobación de la nueva ley de Tierra agropecuaria forestal, por el Parlamento cubano,  "será seguro invertir en la tierra”. ¿Quién, cómo, de qué manera?

Hay tres artículos en la constitución comunista de 2019 que desmienten la afirmación anterior.

Primero, el artículo 18 establece que “en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basa do en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción (la tierra es uno de ellos) como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”.

Segundo, el artículo 23 deja claro que “son de propiedad socialista de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por esto” (…) estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

Tercero, el artículo 29 que señala que “la propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial. Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares. La compraventa o trasmisión onerosa de este bien solo podrá realizarse previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de su justo precio. Los actos traslativos de dominio no onerosos o de derechos de uso y disfrute sobre este bien se realizan previa autorización de la autoridad competente y de conformidad con lo establecido en la ley”.

¿Ha cambiado algo de todo esto con la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, antes citada? En absoluto. El Título II de la constitución comunista de 2019 no ha sido cambiado, sino que permanece como una espada de Damocles sobre la improductividad e ineficiencia del modelo económico. Si esos artículos relativos a la tierra no se modifican en 180º la inversión en el campo cubano seguirá siendo insuficiente, mal dirigida e impedirá lograr el objetivo de alimentar a toda la población.

Dicho lo anterior, el mensaje del titular de la Agricultura a los diputados en la Asamblea suena a coco vacío, y a un relato con el que se quiere convencer que “la aprobación de esta ley responde a la necesidad de actualizar las regulaciones sobre la tierra en correspondencia con la constitución de la República, los compromisos internacionales asumidos por Cuba y las transformaciones económicas y sociales en curso”. Difícil lo tienen si la constitución no cambia no solo de redacción, sino de espiritu.

Por eso, como no se va a modificar el sistema de derechos de propiedad de la tierra, la ley realiza un paseo de largo recorrido por las distintas formas de gestión de la tierra que autoriza el régimen comunista, como “la posesión, propiedad, herencia, usufructo y uso de estos bienes” introduciendo un elemento de control e intervención en el uso de la tierra que no va en la dirección que necesita el sector agropecuario cubano para superar sus trabas y alimentar a toda la población.

Y esa posición se descubre cuando el ministro reivindica que la ley regresa a los fundamentos de la “Ley de Reforma Agraria”, y señala abiertamente, para que a nadie le pueda quedar la menor duda, que la ley “no constituye un nuevo proceso de reforma agraria” sino que se mantienen los principios clásicos del modelo marxista, “como la prohibición de la concentración de tierras, el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios, así como el límite de la propiedad privada sobre la tierra hasta 67,10 hectáreas, equivalente a cinco caballerías, con las excepciones establecidas para los beneficiarios de la primera Ley de Reforma Agraria”. 

Más de lo mismo, con la perspectiva reaccionaria y equivocada de volver sobre los pasos de una normativa que se ha visto que es un completo desastre para el sector. Por lo tanto, si el modelo no cambia, tiene poco sentido pensar que puede haber más inversión y producción en el sector agropecuario. El fracaso volverá a estar predeterminado.

El titular de la Agricultura dio cuenta de cómo se ha llegado al texto de la ley, y al respecto, señaló que desde 2022 se creó un grupo de trabajo integrado por 53 especialistas que desarrolló las propuestas de políticas y normas jurídicas, contando con la participación de productores, cooperativistas, campesinos, dirigentes, instituciones académicas y organizaciones especializadas.

Al régimen castrista le gusta incluir en su relato estos esquemas de pseudodemocracia, pero las más de 300 personas que participaron de manera presencial y más de 19.000 que lo hicieron por medio de plataformas digitales no pueden haber coincidido en el mismo armazón decrépito e ineficiente de la ley. No cabe la menor duda que las opiniones alternativas fueron eliminadas de cualquier recuento, y es muy posible que ni hayan aparecido.

El ministro explicó los objetivos de la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal referidos al régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de las tierras y bienes agropecuarios. En ningún momento, esos objetivos fueron aumentar la producción y la productividad de la tierra, convertir el sector agropecuario en una actividad rentable y extender los procesos de producción y distribución que facilitan la actividad. Nada de eso. 

La ley define otros objetivos, de naturaleza burocrática y marxista, como la regulación del “uso sostenible” de la tierra, "la actualización de las normas sobre propiedad y usufructo, el establecimiento de disposiciones sobre transmisión de tierras, herencia y contratos agropecuarios, la regulación de la agricultura por contrato, el fortalecimiento de las comisiones de asuntos agrarios y la creación de procedimientos administrativos sancionadores y mecanismos para la solución de conflictos en materia agraria". Papeleo, burocracia y más carga administrativa para que los productores se sientan vigilados y controlados.

Entre las novedades de la ley, algunas llaman la atención. Por ejemplo, el ministro citó la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo rural, ecoturismo y agroturismo en tierras agropecuarias y forestales. Otro despropósito, aunque la combinación del turismo con el sector agropecuario puede tener sentido en algunas actividades tradicionales en Cuba, no parece que en el estado actual en que se encuentran los dos sectores, se pueda consolidar la relación de este diseño.

Otra novedad es el acceso a la vía judicial para la solución de conflictos agrarios, una posibilidad que actualmente se tramita fundamentalmente por la vía administrativa. Con tribunales dependientes del poder político y partidista como los que existen en Cuba, este tipo de acciones que son esenciales en un estado de derecho, suelen acabar en nada o en sentencias contrarias a los intereses que no coinciden con los del poder. Mala opción.

También se actualizan, cómo no, las infracciones relacionadas con el uso y protección de la tierra, porque el régimen, como siempre, no pierde ninguna oportunidad de acentuar su represión sobre los actores económicos. Asimismo, se introducen elementos que pretenden dar un supuesto apoyo a las decisiones colegiadas y la descentralización en los procesos vinculados con la entrega y control de tierras.

Otra novedad es la obligación de la inscripción gradual de las tierras en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles, y por si este nivel de control no fuera suficiente, se propone la creación de un registro de tierras destinado al control de su uso, posesión y entrega en usufructo.

Por otra parte, en ausencia de un marco jurídico respetable para los derechos de propiedad de la tierra, que sigue siendo del pueblo y no es susceptible de transacciones de mercado, la norma incorpora una serie de cambios relacionados con los mecanismos para la entrega de tierras que se mantiene como la única forma de explotación del sector agropecuario en Cuba.

Más de lo mismo que siempre, desde que se implementaron los primeros “lineamientos”. En esencia, la ley “flexibiliza los procedimientos para otorgar tierras en usufructo a personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, siempre que estén vinculadas a proyectos productivos, y permite la entrega a micro, pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas cubanas”.

Respecto a los proyectos productivos, ¿es que acaso cabe pensar en otro tipo de proyectos para explotación de la tierra y la producción de alimentos para la población? Lo único que hace el régimen con esta medida, es aumentar el número de potenciales arrendatarios de las tierras, y no sólo a los campesinos independientes, como venía siendo habitual.

Una decisión alocada, que puede tener consecuencias negativas en un entorno en que el mercado no es quien asigna el factor de producción (la tierra), sino los dirigentes comunistas locales, con sus gustos, fobias y preferencias personales e ideológicas. La medida, que está dirigida a tratar de entregar toda la tierra que sigue estando en manos del estado, y, por tanto, es absolutamente improductiva, a los actores económicos que la soliciten. ¿Habrá tierra para tanta gente?

Incluso, la medida autoriza a las cooperativas, sus asambleas generales y las empresas estatales a participar en la entrega de tierras bajo su administración, con la responsabilidad de garantizar posteriormente el control y explotación adecuada de esas áreas. Si, lo han entendido bien. Una empresa estatal que controla tierras que están yermas, ahora puede arrendarlas a sí misma para que se pongan en explotación, sometida a control. Pagar dos veces por lo mismo, no es muy atractivo.

El ministro pretende incorporar más personas al trabajo agrícola, a pesar de que en los registros de empleo el sector agropecuario sigue siendo de los que concentran más volumen de trabajadores, el 19% de la ocupación total de la economía se encuentra en la agricultura, y con ello lo que van a conseguir es reducir aún más la productividad del trabajo, que en la agricultura es la más baja de la economía (menos del 10% de la media de la economía), sin que se aprovechen mejor las tierras ociosas y deficientemente explotadas por el estado, e incrementar la producción de alimentos.

El drama del sector agropecuario cubano tiene una cifra que citó el ministro: aproximadamente el 80% de las tierras en Cuba son propiedad estatal socialista y se administran por empresas estatales, mientras que el 20% de la tierra corresponde a productores privados, un escenario que la nueva legislación pretende modificar, por medio de esa “actualización integral del marco jurídico”, que ni es actualización de ningún tipo, ni tampoco afecta al marco jurídico relevante (la constitución). La distribución de la tierra en el conjunto de países de América Latina es justo la contraria, el 80% privada, el 20% estatal. 

Las medidas que incorpora la nueva ley no van a servir para favorecer el uso eficiente de la tierra, ni tampoco para aumentar la producción nacional de alimentos y garantizar una gestión sostenible del patrimonio agropecuario y forestal del país. Otro experimento fracasado a la vista.