Cuba: más descentralización y sector privado

Elías Amor Bravo, economista

Los expertos reunidos en la ciudad de Miami durante el congreso de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE en inglés) han insistido en que “la economía cubana se encuentra estrangulada por su elevada centralización”. Una frase de estas características requiere una cierta explicación para ser comprendida, en su justo término, por las personas que no tienen los conocimientos de economía al uso.

En la sesión inaugural del congreso, que llevaba el título "Cuba: After Raúl?" (Cuba: ¿después de Raúl?) los tres participantes que intervinieron en la misma coincidieron en que las reformas impulsadas desde 2007 por el entonces presidente Raúl Castro han tenido “escaso calado para sacar al país adelante”, añadiendo que se encuentra ante una situación de "desequilibrio estructural".

Los datos ofrecidos por los expertos para ilustrar esta valoración son, entre otros, un bajo crecimiento económico, un elevado déficit fiscal y comercial, la ausencia de nuevos oficios, ni de un mercado mayorista, ni créditos; igualmente, los "bajos salarios" y su incidencia en la productividad; en concreto, la última zafra azucarera ha sido la menor de la historia (1.100.000 toneladas en 2017-2018) y solo 54 plantas o fábricas del sector están operativas; además, la escasez de alimentos, medicamentos y vivienda continúa "impactando en la vida cotidiana”. Todos estos datos esbozan un balance realmente pesimista de la economía cubana, agravado por el pésimo funcionamiento de sus instituciones.

Este es el quid de la cuestión. Los tres participantes coincidieron que los aspectos negativos se ven acrecentados por un “sistema empresarial burocrático, centralizado en exceso en la toma de decisiones y la rigidez de la planificación”. Además, este sector estatal se encuentra descapitalizado, sin que los diseños presupuestarios tiendan a corregir la situación: la participación de la formación bruta de capital fijo en el PIB sigue disminuyendo a expensas de un gasto corriente que no se puede financiar con los ingresos tributarios de las empresas.

Este análisis exige tener en cuenta en qué consiste la centralización de la economía. Esto nos lleva al largo período que transcurre entre las expropiaciones y confiscaciones de los primeros años del proceso revolucionario, hasta la “ofensiva” de 1968, en la que prácticamente todos los derechos de propiedad privada pasaron a pertenecer al estado, sin contraprestación a sus titulares. Ese fue el momento de máxima centralización de poder económico.

Todos los activos y recursos de la economía pasaron de manos privadas a estatales. Depósitos bancarios, fondos de inversión, acciones, viviendas, solares, edificios, almacenes, todo tipo de establecimientos productivos y comerciales, hasta la dotación de un limpiabotas, todo el capital productivo del país, los recursos necesarios para la producción, pasaron a ser de propiedad estatal.
Este trasvase de propiedad de lo privado (que fue anulado e incluso penalizado) a lo estatal trastocó completamente el funcionamiento de una economía que, desde sus orígenes, se había mostrado muy dinámica y productiva, gracias a la existencia de un marco jurídico para el respeto a la propiedad privada (ni siquiera los españoles fueron expropiados tras el final de la guerra de independencia), la libertad de contratación y de elección de consumo, inversión y producción.

En definitiva, la economía de mercado libre y de empresa privada había conseguido situar a Cuba hacia 1959 entre las primeras naciones del mundo en renta percápita, y por supuesto, una nación próspera y con grandes capacidades para dar un salto adelante, desapareció sin dejar rastro. Fidel Castro y con él las transformaciones agresivas que dispusieron que esa economía privada acabase en manos del estado y gestionada por planificadores que asumieron una posición de superioridad en la toma de decisiones económicas, por encima del papel que se atribuye a las personas, las empresas y las organizaciones, son directos responsables del caos.

Fue entonces que se culminó la creación de un férreo modelo económico centralizado y estatista, de inspiración marxista leninista y soviético, en el que los espacios para la actividad privada quedaban relegados a la economía sumergida o informal. Sin embargo, nada en la vida es eterno, y pocos años más tarde, durante el período especial, que supuso el fin de los sistemas socialistas en Europa del este, a Fidel Castro no le quedaba mas remedio que aflojar, y autorizar, muy en contra de su criterio, actividades privadas que enseguida demostraron una eficiencia superior a la del estado comunista para crear riqueza.

Tan pronto como el petróleo de Venezuela empezó a llegar a la isla, aquel proceso liberalizador de las fuerzas productivas de la economía fue cercenado y una nueva ola de recentralización mostró el peor rostro del régimen. Tras la salida de Fidel Castro, su hermano Raúl se empeñó en dar consistencia a las actividades privadas existentes en la isla, pero con escasa vocación de éxito y sin ninguna prisa ni idea de hacia dónde ir. El balance ha sido un fracaso, en el que solo un 12% de la población laboral se desempeña en el sector privado, en tanto que el 88% restante sigue dependiendo del estado comunista. La centralización se mantiene y las actividades privadas no consiguen despegar. En buena medida porque el régimen lo impide.

Es difícil poner fin a este modelo diseñado para servir a dos intereses claramente contrapuestos, pero que se apoyan entre sí: de un lado, el Partido comunista al que se otorga el carácter rector del país, y de otro lado, el conglomerado empresarial e industrial de empresas estatales dirigidas por el ejército y la seguridad del estado con fuertes vínculos con el comercio exterior y las inversiones.

Este pacto puede verse desbordado en cualquier momento por la incidencia de los desequilibrios internos y externos, pero hará todo cuanto sea necesario para conservar el modelo centralizado y estatista, la inamovilidad del partido comunista y del sistema económico y social. De hecho, la inspiración para la modificación de la constitución se encuentra en este pacto, que supone dejar al pueblo cubano una vez más como convidado de piedra ante los diseños políticos, económicos e institucionales de sus dirigentes. De los cubanos depende reconquistar el poder y transformar realmente a Cuba hacia la libertad, la democracia, los derechos de propiedad privada y la prosperidad. En definitiva, más descentralización y sector privado.