La reforma constitucional en Cuba y la propiedad privada: sin puntos de unión

Elías Amor Bravo, economista

Algunos medios han empezado a divulgar informaciones relativas a que la reforma constitucional en Cuba volverá a reconocer la propiedad privada y el mercado. Pero de lo poco que se conoce hasta ahora, divulgado en algún que otro artículo en el periódico oficial comunista, Granma, nada de eso es cierto. Todavía más, por si alguien no quiere creer lo inevitable, el dirigente comunista Díaz Canel reiteró este mismo martes que su gobierno mantendrá la línea del castrismo “y no permitirá en Cuba giros hacia el capitalismo”. La conclusión es evidente: la reforma constitucional no reconocerá "el papel del mercado" y de la propiedad privada tal y como la conocemos en el resto del mundo, y como funcionó en la economía cubana antes de la llamada revolución de 1959.

Díaz Canel, con ese tono monocorde que le caracteriza, heredado de su antecesor, Raúl Castro, dijo de forma muy clara que “en Cuba no hay ni habrá giros capitalistas ni concesiones de ningún tipo a los que de mil modos diferentes buscan alejarnos de las históricas posiciones internacionalistas de la Revolución". Esta frase lanzada en el contexto de la reunión que se celebra en La Habana del llamado Foro de Sao Paulo, que integra a las distintas organizaciones de izquierda de América Latina, deja muy claro que Cuba nunca volverá a ser una economía como las del resto del mundo.

De lo poco que ha trascendido del texto de reforma constitucional que se va a aprobar, prácticamente sin discusión, este próximo fin de semana por los parlamentarios castristas, se señala:

1.-Que el sistema económico mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección.

Es decir, la misma definición de las constituciones anteriores de 1976 y 1992 que sentaron las bases de lo que fue el diseño de la revolución en materia económica, con las expropiaciones sin compensación y la eliminación de cualquier vestigio de propiedad privada en la isla a partir de la llamada ofensiva revolucionaria de 1968. Toda la propiedad pertenece al estado. No existe un régimen jurídico que establezca la correspondiente relación para los particulares. Ni siquiera las empresas estatales son dueñas de sus activos. Todo recurso existente en la economía, variable o fijo, pertenece al estado que puede determinar su uso por los privados, como ocurre con la hotelería, por ejemplo. Pero los cubanos, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, se ven imposibilitados de ejercer sus derechos de propiedad, que se limitan a los pocos activos que autoriza el estado.

2.- A lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada.

Este acápite que ha sido difundido en Granma ha despertado la idea de que la propiedad privada y el mercado regresan a Cuba. En efecto, lo hacen en el papel, pero de forma limitada, restrictiva y bajo control de lo establecido en la llamada “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”, la estrategia raulista de largo nombre que incluye una serie de enunciados más o menos deslabazados que, en absoluto, se corresponden con un programa de política económica al uso.

Es evidente que con márgenes tan limitados, pensar que la propiedad privada y el mercado vuelven a la economía cubana, es una simple ilusión. En todo caso, ese papel marginal y subsidiario que se les otorga en este enunciado no permitirá una asignación eficiente de recursos en la economía por cuanto la mayor parte de actividades económicas quedarán al margen de cualquier proceso de liberalización. Subsistirán la distribución central bajo la forma de Acopio, y en todo caso, el reconocimiento del papel del mercado y las nuevas formas de propiedad (obsérvese que en ningún caso se habla de iniciativa privada o de empresas privadas) tan solo viene a dar cuerpo legal a lo que viene funcionando en el país desde los lejanos tiempos del período especial.

3.- El texto de la reforma destaca a la empresa estatal como sujeto principal de la economía nacional y se le reconoce su autonomía como principio esencial de funcionamiento.

Es decir, las empresas privadas ni se mencionan y por otra parte, este enunciado no supone cambio alguno con respecto al modelo actual que mantiene a la empresa estatal como eje de la economía. Tal vez la concesión de autonomía como principio de funcionamiento sea una novedad, si bien, la estrecha dependencia de los gestores de las empresas de los Grupos industriales creados por la burocracia comunista parta estrechar el cerco y controlar más su actividad, impedirá el ejercicio real de esa autonomía.

Una autonomía que tampoco resuelve el problema fundamental de estas empresas que es su pésimo funcionamiento y las pérdidas económicas que exigen al gobierno importantes subsidios. Pérdidas que se derivan, además de una inadecuada e ineficiente gestión, de la obligatoriedad de vender a unos precios que no se corresponden con los costes y que vienen impuestos por la burocracia comunista. Algunos empresarios extranjeros que han puesto en marcha proyectos para el mercado interno saben bien en qué consisten estas restricciones.

4.- El texto de la reforma asimismo ratifica constitucionalmente la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías.

El régimen sanciona así una inversión extranjera destinada a beneficiar al conglomerado de empresas del sector más abierto de la economía que son titularidad del ejército y seguridad del estado, con el objetivo de que pueden acceder a recursos financieros y tecnológicos que apuntalen su solvencia. En ese sentido, en ningún sitio se establece la posibilidad de que las inversiones extranjeras puedan ser dirigidas a los pequeños trabajadores por cuenta propia. Esto es prohibido.

5.- Por último, el texto señala que “respecto a la propiedad privada sobre la tierra se mantiene un régimen especial, con limitaciones para su transmisión y el derecho preferente del Estado a su adquisición mediante su justo precio”. Nada que venga a solucionar los problemas de los pequeños arrendatarios de tierras a los que nunca se les facilitará el acceso a la propiedad de las mismas, el crecimiento de la superficie para aumentar la escala de producción y obtener más rentabilidad. Todo esto está proscrito en la economía cubana.

Por todo ello, y para evitar confusiones, Díaz Canel ha hecho bien de despejar dudas. El Foro de Sao Paulo le ha venido bien, porque en este tipo de reuniones suelen ser aplaudidas este tipo de planteamientos. En América Latina, nadie quiere una economía cubana pujante, competitiva, capaz de generar recursos y exportar. Más o menos como la que había en 1959. Estas organizaciones de izquierdas, que a diferencia de lo que ocurre en Cuba donde solo existe un partido autorizado, el comunista, conviven en sus países de procedencia con otros partidos de distintas ideologías, prefieren creer que los cubanos viven bien, que defienden su “revolución” y las ideas que la amparan. Más o menos lo mismo que les dijo Díaz Canel a modo de arenga, “solo esperen de nosotros esfuerzos y decisiones al amparo de luchar, unir, sumar, multiplicar, organizar, combatir y triunfar. Jamás habrá espacio para dividir ni flaquear", para acabar de forma tajante "Cuba no cederá en sus posiciones antiimperialistas".

Lo que mejor reafirma el inmovilismo y el carácter reaccionario de la reforma de la constitución castrista es la frase siguiente “los fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario permanecen invariables y se incorporan dentro de sus fines esenciales, entre otros, la promoción de un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, trabajar por alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros de la Revolución”. Nada nuevo bajo el sol.