Notas básicas sobre la liquidación del presupuesto en Cuba (1)

Elías Amor Bravo, economista

Lina Pedraza dio a conocer la liquidación del presupuesto del estado correspondiente al año 2017 en la sesión de la Asamblea nacional del pasado día 22. Siete meses después del cierre del ejercicio fiscal, el gobierno cubano, de la mano de la responsable del ramo, esboza el análisis del proceso de rendición de cuentas sobre la administración de los recursos económicos obtenidos con la carga tributaria del país.
Siete meses para cerrar un presupuesto esconde un proceso lleno de no pocas complejidades y dificultades. Para justificar el retraso, la señora Pedraza explicó que la liquidación del presupuesto estatal ha exigido antes las respectivas liquidaciones en las asambleas provinciales y municipales “en las que no solo se reconocieron los avances logrados, sino que se evaluaron las deficiencias que estuvieron presentes, muchas no resueltas y que merecen un enfrentamiento decidido en el año que cursa”.
Cierto es que se pueden reconocer todos los avances que se quiera, pero siete meses para presentar unas cuentas se nos antoja un tiempo excesivamente largo, y tal vez de cara a futuros ejercicios sería conveniente acortar los plazos, si es que resulta posible.
Entrando en el asunto que nos atañe, la señora Pedraza inició su discurso diciendo que “el desempeño económico del año 2017 fue evaluado en la sesión final de la VIII Legislatura el pasado mes de diciembre”, por lo que en esta ocasión solo hablaría de las condiciones que más impactaron en la ejecución del presupuesto, a saber: “restricciones financieras, insuficiente disponibilidad de combustibles, impacto en la economía de tres años de sequía sostenida, afectaciones provocadas en 12 provincias por el huracán Irma e intensas lluvias posteriores; y por supuesto, por si alguien no lo había pensado, “los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero”.
Las mismas justificaciones de siempre. Un escenario que obligó a modificar algunos objetivos iniciales previstos en el presupuesto, "conduciendo parte de los recursos a sostener los servicios sociales básicos, asegurar la protección de la población, recuperar las destrucciones derivadas de los ciclones y a la vez estimular la producción de alimentos, sin abandonar los programas en que se pudiera avanzar".
Complejo escenario para la gestión presupuestaria en un país en que el déficit público, estimado en 8.284 millones de CUP, alrededor del 11% del PIB corriente, revela las enormes tensiones que se derivan del actual modelo económico basado en la propiedad de los medios de producción por el estado, la planificación e intervención en la economía y la prohibición del mercado como instrumento de asignación de recursos.
Los datos han confirmado, por ejemplo, que de nada sirvió que los ingresos recaudados se fueran por encima de las previsiones en un 3%, por importe de 55.618 millones de CUP, por cuanto “las necesidades” obligaron a una expansión de los gastos hasta 63.906 millones millones de CUP. Al final los gastos realmente ejecutados se quedaron al 98% de lo planificado, es decir, que todavía podría haberse producido un desfase en las cuentas un 2% adicional, lo que habría hecho del déficit una magnitud de difícil control.
El origen de los tributos, que representan el 74% del total de los ingresos, viene fundamentalmente de la actividad de las empresas, de sus ventas y de su producción. En una economía en la que el estado es el dueño de toda la actividad económica, este sistema permite reducir la presión tributaria directa sobre los trabajadores. Un modelo de financiación de inspiración comunista, que no tiene en cuenta los aspectos de equidad y progresividad, y que hace recaer el peso de la recaudación sobre las empresas, frenando la acumulación de riqueza necesaria para el crecimiento económico.
En tales condiciones, el sector estatal de la economía es el que aporta la mayor cantidad de ingresos al presupuesto, el 86% y le siguen a gran distancia, lo que llaman en Cuba las formas de gestión no estatal que ya han alcanzado un 11% de participación en los ingresos. Estas iniciativas ven aumentar su contribución en tres puntos porcentuales con relación al año precedente y aunque están lejos del peso que representa el estado en la economía, aparecen como las entidades más dinámicas, y el régimen lo sabe.
Pues bien, el efecto combinado de unos ingresos superiores a los esperados, y la ejecución de gastos menor de la esperada, con todo, dio como resultado que la magnitud del déficit quedase en la cifra antes citada de 8.284 millones de CUP que, si bien fue inferior a la aprobada en el Presupuesto, su dimensión en términos absolutos y relativos es desproporcionada, lo que plantea constantes desequilibrios a la gestión de la economía.
Más aún, cuando se informó que este resultado fue financiado con la emisión de bonos soberanos del Banco central de Cuba, en un proceso de monetización del déficit que es inadmisible en la gestión pública moderna, y que año tras año irá planteando dificultades estructurales a la economía cuya superación será muy difícil. El endeudamiento acumulado de la economía, cuya dimensión no se conoce, se ve nuevamente incrementado por un importe de 1.382 millones de CUP.
La justificación del gasto público tiene mucho que ver con su impacto en la sociedad. Cuando éste es positivo, los ciudadanos entonces valoran la importancia de contribuir a las arcas del gobierno con su esfuerzo. En Cuba, el estado detrae ingresos de las empresas porque de los trabajadores, salvo a los privados, poco más puede obtener con los bajos salarios que reciben. Es una fiscalidad que si bien no recae de forma directa en los ciudadanos, si que lo hace de manera indirecta sobre las empresas en las que trabajan que de no tener que pagar tantos impuestos, por ejemplo, podrían pagar mejores salarios o acumular más financiación para invertir en su modernización.
La distribución del gasto sigue los mismos patrones históricos, y el corriente adelanta de forma destacada al que se dirige a inversiones en infraestructuras de las que tan necesitadas está el país. Otro año más, la participación de la formación bruta de capital en el PIB de Cuba se habrá situado entre las más bajas del mundo y no parece que las autoridades quieran esforzarse en corregir esta situación.
Todo lo contrario, los gastos corrientes del presupuesto otorgan prioridad a los sectores de salud pública, asistencia social y educación, a los que se destinó el 51% de los gastos. A ello dedicaremos una segunda colaboración.

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