¿Para qué sirven las OSDEs, si es que sirven para algo?

Elías Amor Bravo, economista

Un reciente artículo en Cubadebate plantea una serie de preguntas sobre las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, las llamadas OSDES castristas, una agregación de empresas, que, a su vez, incorporan las denominadas “unidades empresariales de base”, con una estructura jerárquica y burocrática. Las preguntas a responder son “¿Para qué sirven las OSDE? ¿Hasta qué punto se han alejado de las funciones estatales a cargo de los ministerios? ¿Qué beneficios reportan para las empresas? ¿Cuánto deciden? ¿Es posible dirigir sin mandatar? ¿Son moldes para todos los sectores?”

Lógicamente, para alguien acostumbrado al funcionamiento de la economía de mercado libre, en la que las empresas son autónomas en sus decisiones que se adoptan con base a la racionalidad económica, la rentabilidad y la responsabilidad social, esta idea castrista de las OSDEs no es otra cosa que un laberinto sin salida, que carece de justificación alguna. Ni perfeccionamiento empresarial ni transformación en las entidades en busca de flexibilidad. El corsé de las OSDEs acaba siendo asfixiante, y tarde o temprano, su existencia, terminará siendo un problema más, de difícil solución.

¿En qué me baso para este argumento? Dando respuesta a las preguntas anteriores, trataré de centrar el mismo.

Las OSDEs aparecieron para ejercer una “tutela” sobre las empresas, y acabaron restringiendo la libertad de acción y autonomía de las mismas. Para empezar, la integración en las OSDEs no era facultativa, sino que venía impuesta, en la mayoría de los casos, por el titular único de las empresas que en la economía castrista, es el estado.

De ese modo, aparecía un nivel jerárquico inferior al ministerial para actuar de forma directa sobre empresas que, en muchos casos, presentaban resultados deficientes y se veían en la necesidad de obtener subsidios para no desaparecer, mientras que en otros, obtenían una cierta rentabilidad que les permitía sobrevivir no sin ciertas dificultades. Esa notable diversidad en los resultados de la gestión supuso, desde el primer momento, una complejidad para las OSDEs, por cuanto era imposible tratar igual a los diferentes. Las políticas que valían para unos, no servían con otros. Así que, ni cortos ni perezosos, la opción fue empezar a eliminar empresas no rentables.

Según datos de ONEI, el número de empresas en Cuba ha experimentado un descenso espectacular de 646 entre el año 2011 cuando se contabilizaron 2.422 unidades a las 1.776 de 2018, en concreto, un ajuste duro del 27% que confirma el proceso de contracción experimentado por la economía en estos años. Parece evidente que las OSDEs han estado detrás de este proceso de reducción del número de empresas, que a su vez, ha debido tener un impacto evidente sobre las plantilla dimensionadas en exceso, que tenían las mismas.

Los trabajadores cesantes de las empresas eliminadas han pasado a ocupar otros destinos, sin que ello haya supuesto una mejora de la productividad del trabajo de la economía. Este indicador, en términos de tasa media anual en el período 2012 a 2018 se ha situado en el 1,9%, con un crecimiento similar al del conjunto de la economía, lo que apunta a que los descensos del empleo en las empresas se han ajustado a los moderados aumentos del PIB.

No existe evidencia que la experiencia de las OSDEs haya servido para crear empleo de forma efectiva, sino que las autoridades han utilizado estas plataformas para reestructurar los puestos, de forma que las pérdidas en unas empresas se enjuaguen con las posibles ganancias en otras. Incluso algunos trabajadores han pasado a desempeñar sus puestos en las estructuras mismas de las OSDEs, lo que en términos de burocracia apunta a más empleo improductivo.

Las funciones de los ministerios se han ido trasladando a las OSDEs, conforme estas iban ganando peso, poder e influencia. Y en ese sentido, el contrapoder que han supuesto frente a la dirección política ha supuesto un reto que ha entorpecido la actividad de unos y otros, hasta que se han clarificado las correspondientes en cada caso. Así, por ejemplo, y con el objetivo de evitar posibles tensiones, algunas OSDEs han evitado crear estructuras provinciales, mientras que otros casos, sí que los han hecho, en función del grado de poder e influencia que iban adquiriendo.

Esto indica que la separación de funciones estatales en los ministerios y las empresariales, que era uno de los objetivos de las OSDEs, ha dejado mucho que desear. La experiencia indica que, ni lo uno ni lo otro, y que el marco de las relaciones entre los dos niveles jerárquicos ha servido de poco para ganar en flexibilidad, autonomía y capacidad de gestión para las empresas. Cierto es que muchos directivos de empresas denunciaban los problemas burocráticos asociados a tratar sus problemas en los ministerios, pero no parece que las OSDEs hayan sido la solución, sino que se han convertido en un "generador de más información", como se dice en Cubadebate.

Al final, la OSDE aparece como un organismo intermedio y burocrático que lejos de resolver problemas, en muchos casos, los complica, con la creación de direcciones específicas para cada actividad que acaban siendo pequeños ministerios donde se mantiene la misma problemática de antaño, sin facilitar la relación directa con los organismos. De modo que mientras algunos piensan que la experiencia necesita más tiempo (lleva funcionando una media de un lustro) otros abogan por la eliminación de estas entidades, dado el escaso cumplimiento de sus fines.

¿Han cumplido las OSDE, el objetivo de dedicarse a abordar las cuestiones estratégicas, y no los detalles de cómo funcionan o se administran las empresas? No lo parece. Las OSDEs ejercen un control absoluto sobre las empresas, sin respetar la autonomía, y destinan recursos para hacerse notar en el día a día de las mismas, aunque ese no sea el papel que le asigna la regulación, ciertamente amplia y compleja, con la que nadie parece estar a gusto. Pero de estrategia y futuro, poco. De modo que se reproducen prácticas perniciosas del pasado.

Ni los directivos de las empresas exigen autonomía de gestión, porque temen represalias, ni desde la OSDEs se les concede la pertinente autonomía, y al final todo acaba en un círculo vicioso de burocracia y papeleo, órdenes contradictorias, y vuelta a empezar. El martirio de lograr la aprobación de un contrato implica que muchos tiren la toalla antes de plantear siquiera la operación, y eso es lo que explica, en muchos casos, por qué la economía cubana no funciona.

Además, subsisten las dificultades para establecer una “correspondencia directa entre el desarrollo, la productividad y el salario de los trabajadores” y las restricciones con respecto al gasto de salario por peso de valor agregado bruto se imponen arbitrariamente desde las OSDEs sin tener en cuenta la situación concreta de cada empresa. Tampoco se liberan recursos para las inversiones en equipamientos o en el necesario I+D y mucho menos se atiende a los riesgos empresariales y los procesos de obsolescencia. Nadie se cree el plan, ni los indicadores objetivos, ni la implementación. La improvisación y la falta de consenso lastran el proceso de toma de decisiones y la gestión empresarial, ni siquiera en los grupos donde existe una cierta homogeneidad entre las empresas, lo que, por otra parte, es bastante difícil en la economía de conglomerados en que se ha acabado convirtiendo Cuba.

Desde esta perspectiva se comprende la desconfianza de los gestores en las OSDEs y se entiende que las mismas no tienen sentido ni justificación. En un momento en que la liquidez escasea, no sería mala idea eliminar estas estructuras y destinar sus recursos a actividades productivas y eficientes. Las OSDEs no son más que otro instrumento más de control, disciplina y burocracia, que lastra el funcionamiento de la economía, cada vez más necesitada de libertad, autonomía y derechos de propiedad privada.