Repartiendo la miseria de la vivienda en Cuba

Elías Amor Bravo, economista

Díaz-Canel cree que con acuerdos del consejo de ministros y disposiciones administrativas puede arreglar el desastre de la vivienda en Cuba. Está equivocado. No es un asunto de un reglamento para el “ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, y sobre el cambio de uso y traspaso de locales”, como se arregla el problema de la vivienda en Cuba. Hay que adoptar medidas mucho más eficaces y adecuadas. Hay que ser valiente y mirar al futuro con libertad. Este ha sido uno de los errores tradicionales de la burocracia comunista en Cuba: pensar que con disposiciones administrativas se puede hacer funcionar la economía. Gran error.

Ahora se les ha ocurrido hacer propietarios de vivienda, de la noche a la mañana, a "los arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal, los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias, convertidas en viviendas adecuadas o que puedan serlo, y las personas que residen en viviendas y locales terminados o en ejecución por el Estado o la población, sin cumplir las formalidades legales". A todos estos colectivos, del resto de la población nada se dice, se facilita el acceso a la propiedad de vivienda y las gestiones en los registros, con el ánimo de que tengan un patrimonio para conservar y hacer crecer. O algo así. Boberías. 

Si de verdad se quiere dar solución real al problema de la vivienda lo que realmente hay que hacer, para empezar, es suprimir el marco jurídico que existe en la actualidad y reestablecer el mismo que existía antes de 1959, cuando en Cuba los cubanos fueron expropiados de sus viviendas por el estado, que pasó a ser el titular de las mismas. 

No digo que haya que ir a otra Ley LIBERTAD para el tema de la vivienda. Eso también sería absurdo. Lo que el gobierno debe hacer, y cuanto antes, es fijar un marco jurídico estable para la tenencia de vivienda de todos los cubanos, flexibilizando la oferta y propiciando el nacimiento de un mercado para la demanda, que se regule vía precio. Los cubanos deben tener acceso real a la vivienda y dejar de vivir en habitaciones, cuartuchos, cuarterías y divisiones de divisiones de espacios semi derruidos a los que se accede por escaleras de madera, en lo que fueron las antiguas mansiones de la Habana colonial.

Un desastre como el que existe en Cuba actualmente en materia de vivienda, exige mucho más que parches y vendas, como las contenidas en el decreto castrista. Una vez reconocidos los derechos de propiedad privada, insisto para todos por igual, procede estimular la oferta. Es muy fácil. Libertad de empresa en el sector de construcción, en vez del actual “esfuerzo propio”, y facilitar acuerdos de estas empresas creadas por cubanos, con inversores extranjeros. Básicamente para incentivar la transferencia de capital y tecnología, así como materiales constructivos hasta que aparezcan fabricantes nacionales con capacidad para atender las necesidades del sector. De nada sirve que den flexibilidad y se amplíe la transferencia de propiedad, si no existen las viviendas objeto de las transacciones, tanto las que corresponden a propiedad como las que se encuentran en arrendamiento, rurales o urbanas. 

En concreto, se debe establecer una moratoria o incluso, una política de actualización para dar carta de naturaleza a todas las viviendas que se hayan construido ilegalmente, siempre y cuando la violación de las regulaciones urbanísticas y territoriales se puedan penalizar y gravar. Nadie dice que con la reforma que estamos proponiendo se incumplan las normas urbanas y territoriales. Sin embargo, es probable que se tengan que repensar, en la medida que muchas de esas disposiciones constituyen un freno real al crecimiento del sector, sobre todo, para atender las necesidades de la población.

Tampoco parece acertado que se diseñen medidas para beneficiar a determinados colectivos y no al conjunto de la población. De nada sirve que se desarrollen acciones concretas para los colectivos antes citados, cuando el problema afecta a todo el país. Además, la somera enumeración de las categorías beneficiadas por la normativa da una idea del lamentable estado de la vivienda en Cuba. Sin embargo, atender las necesidades de estos segmentos de población, y no las del conjunto, no solo genera peligrosas asimetrías, sino que impide realizar una ejecución eficiente de los gastos públicos, que en el caso de la economía castrista, son mayoritarios, al menos actualmente. Las políticas de vivienda que funcionan son las que se dirigen a todos por igual.

Nadie ha reparado tampoco en las pérdidas que asumirá el estado como consecuencia de adjudicar la propiedad de viviendas que eran suyas, y esto va a generar un agravio con respecto a aquellos ciudadanos que realmente han hecho un esfuerzo para adquirirlas, ya se trate por ejemplo de una ayuda procedente del exterior.

Muchas veces he intentado comprender cómo se establece el precio en las operaciones de compra venta de vivienda en Cuba, cuando los derechos de propiedad han sido conculcados, y donde es difícil estimar oferta y demanda. Si el cálculo se establece partiendo del valor del bien que se trasmite y se otorga, lo que denominan “valor del precio ideal de la vivienda en Cuba”, tal vez la razón de que no se construyan más viene motivado porque ese mecanismo de precio es ineficiente y debe ser sustituido por otro que surja del equilibrio oferta y demanda. Apostando por normativas de entrega de viviendas a la población, los ajustes vía mercado se dificultan más, creando condiciones muy inadecuadas para el desarrollo del mismo. Un ejemplo son los subsidios que afectan a la vivienda, y que en Cuba han actuado durante décadas, distorsionando el valor de mercado de la propiedad. Si el subsidio se estima entre un 60% y 80% del valor, es evidente que la distorsión del precio está garantizada.

Por todo lo expuesto, no estoy de acuerdo que las medidas anunciadas y publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria 33 vayan a servir para flexibilizar la regulación de la vivienda en Cuba, y mucho menos para mejorar la situación de la misma. Se está apostando por una legalización de situaciones de hecho que conculca, en cualquier caso, los derechos originarios que tenían los titulares de las viviendas que, en su momento, fueron confiscadas o expropiadas. Una inscripción en el registro de la propiedad de cualquier activo cuyo titular no es el que realmente figura en el título, no hace más que enmarañar una situación que, a la larga, acabará estallando. Por medio de este tipo de medidas, el régimen castrista vuelve a conculcar los derechos de propiedad, y lo que es peor, sigue sin ofrecer garantías de seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles y los derechos que recaigan sobre ellos.

Si de verdad se quiere recuperar en Cuba la disciplina inmobiliaria que el propio régimen destruyó a partir de 1959, hay que volver a aquella situación de partida, y no trastocar con artimañas regulatorias el desastre acaecido desde entonces. El marco jurídico existente en 1959 en materia de derechos de propiedad sobre inmuebles debe servir para construir el futuro, y no otro. Por mucho que el castrismo siga lanzando sus arengas a favor del orden, la disciplina, y control, los que saben para qué sirven los registros públicos son conscientes que existe un respeto a la propiedad privada que trasciende el tiempo y las veleidades políticas. La propiedad permanece, los sistemas políticos cambian. Se ha visto con la Ley LIBERTAD, y se verá también en algún momento con todos los activos de la economía cubana. 

Justificar como hace la responsable del ramo medidas como las anunciadas con el objetivo de que hayan “cada día más propietarios, donde antes hubo arrendamiento, siempre que cumplan los requisitos de planificación física y el Ministerio de la construcción” es faltar a la verdad y avanzar hacia procesos de legalización que no están correctamente diseñados porque conculcan la esencia de los derechos de propiedad.

Reconociendo estos derechos al modo castrista, las personas no percibirán que se produce la deseada construcción de un patrimonio y mucho menos la “posibilidad de ampliarlo, de adecuarlo, de acceder a los mecanismos legales para construir”. Pensarán que si a otros se les expropió en su día, por qué a ellos no les podría ocurrir otro tanto. Además, hay una cuestión de fondo, no menos importante, todos los cubanos que van a acceder a una titularidad de viviendas del estado, por medio de este decreto, saben que al final siempre podrá aparecer el legítimo propietario del inmueble o del solar, y exigirá unos derechos que los tribunales no tendrán más remedio que reconocer. Ha ocurrido en otros países comunistas que transitaron como Cuba por la senda de las expropiaciones, y ocurrirá también en Cuba. Han elegido la peor de las vías posibles. Las consecuencias, tarde o temprano, llegarán y entonces vendrán las lamentaciones.