¿Cómo lograr que las cooperativas no agrarias funcionen?

Elías Amor Bravo, economista

El movimiento cooperativo no agrario cubano, a pesar de sus características y limitaciones, es un torrente de aire fresco en la atmósfera enrarecida y mediocre que ha generado el régimen comunista en la economía de la isla. En realidad se trata de empresas que ofrecen productos y servicios de calidad a precios competitivos, en una amplia gama de actividades y sectores. Poco importa su forma organizativa.

Estas cooperativas, que surgieron hace un lustro, como una de las novedades raulistas en la actualización del modelo económico y social cubano, han ido ocupando posiciones destacadas en la economía. Sin duda, una buena noticia. Un artículo en Cubadebate sobre el movimiento cooperativo en Villa Clara, va más allá y afirma que “representan un buen acompañamiento para la empresa estatal socialista”, aunque reconoce “que restan elementos por mejorar para que el experimento aumente sus frutos, y a tono con la nueva constitución, pase a ser realidad fehaciente”. Lamento decir que no soy tan optimista, y creo que hace falta mucho más que eso. Lo que falta es voluntad política.

Lo cierto es que las cooperativas no agropecuarias, una de las pocas opciones que tienen los cubanos para desarrollar el espíritu empresarial, han empezado a funcionar en actividades tan distintas como la gastronomía, la comercialización de aves, la recogida de materias primas, los servicios contables o la producción de clavos para herrar. A pesar de la notoria variedad, a todas les unen problemas comunes. Uno de ellos, los proveedores.

Proveedores de todo tipo. Por ejemplo, para encargar los trabajos de mantenimiento que se necesitan en cualquier negocio cada cierto tiempo. Al parecer, nadie nos quiere prestar el servicio. Lo atribuyen a la palabra “cooperativa”, que consideran que genera trabas. En otros casos, los proveedores no están autorizados para actuar y deben consultar a sus órganos superiores. En la mayoría, ni responden. Y lo curioso es que las cooperativas presentan una situación financiera mejor que las empresas estatales, y son capaces de realizar inversiones no solo a corto plazo, sino a largo, para mejorar sus negocios.

En otros casos, los proveedores no son autorizados a vender sus productos a las cooperativas, porque lo prohíbe su dueño, el estado. Por ejemplo, La Concha se queja que Palmares no puede vender pintura, nylon retractilado para el servicio de meriendas o equipos de refrigeración. Por su parte, el Ministerio de Turismo tampoco facilita esos productos. Al final, las cooperativas se ven obligadas a recurrir a las tiendas minoristas. Y entonces se produce el lío.

¿Por qué las empresas estatales niegan sus servicios a las cooperativas? El absurdo llega a las cooperativas de servicios contables y auditoría que no consiguen que les vendan papel en los que realizar su trabajo diario. Ya están igual que Granma, sin papel. Además, les ponen zancadillas de todo tipo, como firmas, dictámenes de abogados o cambios en las proformas, cuando intentan llegar a acuerdos con establecimientos estatales, como Almacenes Universales para adquirir material de oficina.

Las cooperativas quieren convertirse en un cliente más para las empresas estatales y dejar de realizar prácticas que se perciben por las autoridades como acaparamiento de ciertas mercancías, cuando se ven obligados a comprar sus insumos en los mercados minoristas, ante la ausencia de mayoristas capacer de atender sus necesidades. Tontas son las empresas estatales por no aprovechar esta oportunidad de dar servicio a un segmento emergente del mercado.

La burocracia castrista prefiere limitar y frenar la capacidad de relación de las cooperativas no agrarias con las empresas estatales. Lo hacen para evitar que estas cooperativas crezcan. Siempre el mismo odio enfermizo hacia la libertad económica, la prosperidad y la riqueza. En cierto modo, las autoridades del régimen se vengan contra estas entidades, que se hicieron cargo hace unos años de empresas estatales moribundas e ineficientes. Que las han reflotado y convertido en proyectos dinámicos y prósperos, simplemente por sustituir sistemas de gestión comunistas, por otros similares a la empresa privada. Los obstáculos que ponen son de tal dimensión que, en algunos casos las cooperativas se ven obligadas a importar productos del exterior que en el interior no les sirven las empresas estatales. Y ello, a pesar de las consignas de sustitución de importaciones de Díaz-Canel y los suyos.

Es una lástima esa desconfianza hacia un sector nuevo en el país. Y buena parte procede de las autoridades empeñadas en prácticas burocráticas que restan agilidad a las cooperativas. Incluso, para situarlas por debajo de otras entidades a la hora de establecer relaciones comerciales, como hace el Mintur que prioriza a hoteles de Gaviota y empresas estatales en la venta de insumos de hostelería. El respeto a los contratos es necesario, pero no suficiente para el éxito empresarial. Las condiciones de la negociación exigen un dinamismo y una oportunidad que en muchas ocasiones es difícil de plasmar en los documentos jurídicos.

En otros países, donde el fenómeno del cooperativismo funciona normalmente, no existen estas incomprensiones, burocracias o planteamientos absurdos. La norma que regula el ejercicio empresarial es la misma, y las diferencias jurídicas se resuelven sin entorpecer los procedimientos y el funcionamiento operativo. La lógica del beneficio, individual o colectivo, sirve para establecer reglas comunes y eficientes.

La gestión de una cooperativa no tiene por qué ser diferente a la de cualquier empresa. Rentabilidad y planificación son los mismos ejes que definen el modelo de gestión empresarial. La falta de voluntad política de las autoridades frena esta posición, sobre la que parece existir amplio acuerdo. Nos encontramos ante una realidad en la que las cooperativas quieren dar pasos decisivos para fortalecer sus estructuras. Orientándose al mercado, proporcionando bienes y servicios acordes con las necesidades de los clientes y a precios competitivos.

Al parecer el régimen quiere que la solución esté en más burocracia. Anuncian la creación del Grupo de Atención a las cooperativas no agropecuarias, dependiente del Consejo de administración provincial de Villa Clara, como dice Cubadebate, "en el que confluyen las empresas, organismos arrendadores como Palmares o las Unidades Empresariales de Base, junto a instituciones como la ONAT, el Ministerio de Seguridad Social o el Banco Central de Cuba". Sinceramente, esa no es la solución al problema. Por muy buenas que sean las intenciones, "acercar posturas y buscar las mejores vías para solucionar los problemas entre cada entidad, y hacerlo en un entorno dominado por la complejidad económica", simplemente no garantiza que se resuelvan las carencias actuales.

La línea de acción que recomiendo debe ir dirigida, y en eso coincido con Cubadebate, “a trabajar en otros elementos como la política de precios, el control económico, el beneficio de la seguridad social o un aumento en la calidad y la estética de algunos productos y establecimientos”, en definitiva, y esto es de mi cosecha, trasladar lo que representa el espíritu empresarial moderno al ámbito de gestión de estas cooperativas/empresas, permitiendo que como formas de gestión liberalizadas/empresas puedan conseguir sus objetivos, abrir espacios para el desarrollo de sus actividades y ganar en rentabilidad y sostenibilidad. Todo eso será bueno para la economía.