A Murillo se le atragantan las gratuidades

Elías Amor Bravo, economista

Murillo sigue usando el twitter para defender sus decisiones relativas a la Tarea Ordenamiento. Luego la prensa oficial se hace eco de la información y no al revés. En esta ocasión, se ha referido a la transformación de los subsidios y gratuidades, uno de los cuatro ejes del ordenamiento, y posiblemente de los más complicados de alcanzar, porque las necesarias reformas estructurales previas no se han acometido. Y si bien no se puede estar en contra de esta propuesta de eliminar subsidios a los productos fabricados por las empresas, lo cierto es que la implementación de la medida habría exigido un enfoque distinto.

Tal vez convendría empezar por el principio. Las empresas cubanas, la mayoría estatales (alrededor del 80% pertenecen al gobierno) precisan subsidios para producir. La responsabilidad no es del gobierno, sino del modelo social comunista que existe en el país desde los tiempos revolucionarios. En aquellos años complejos, los comunistas decidieron, por ejemplo, que el mercado de los alquileres y la vivienda tenía que ser intervenido y aplicaron subsidios a las rentas para facilitar el acceso de las personas de bajos ingresos. De aquel golpe, que fue acompañado de la expropiación sin compensaciones del capital inmobiliario del país, nadie salió indemne, ni los propietarios privados de los activos, ni los nuevos inquilinos que, al nunca poder acceder a la propiedad de las viviendas, las abandonaron a su suerte. Y así, donde antes había palacios y residencias hermosas, con el paso de los años, la mugre, la destrucción y el desastre se adueñaron del entorno.

Este proceso de subsidios se extendió a la mayoría de productos y servicios que se obtenían en la economía. De un lado, el estado recaudaba directamente de sus empresas los ingresos no tributarios que precisaba para asumir los gastos presupuestarios crecientes. De otro, tenía que otorgar subsidios a las empresas porque con plantillas abultadas, elevados salarios y bajo nivel de inversiones que no aseguraba el aumento de la productividad, eran incapaces de producir a precios competitivos. Cuando llegó el subsidio exterior de la URSS el sistema quedó ajustado al 100%.

En tales condiciones, el subsidio se convirtió en el instrumento de control del estado comunista a sus empresas. En vez de facilitar el crecimiento de la producción y la gestión competitiva, los dirigentes amarraron el control gubernamental de las empresas, convirtiéndolas en instrumento recaudatorio de ingresos, haciendo que sus gerentes pasaran a ser obedientes servidores de los ministerios. Y claro, esa no es la forma de gestionar una economía empresarial. Por ello, en cuanto se dijo que uno de los principales objetivos de la Tarea Ordenamiento iba a ser la transformación del sistema de subsidios y gratuidades, la noticia fue acogida favorablemente.

El motivo es que se pensó que el gobierno iba a acometer mediante reformas estructurales, las actuaciones necesarias para liberar a las empresas de las cadenas de la extracción de ingresos no tributarios y otorgamiento de subsidios. Claro que es una decisión correcta eliminar los subsidios a la producción y en su caso, convertirlos en instrumentos financieros de apoyo a la actividad empresarial, si es necesario. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es dejar de vaciar la cuenta de explotación de sus empresas y permitir que los ingresos de la actividad empresarial se destinen libre y de forma autónoma a los fines que precise la empresa. Al gobierno se le pide que actúe como un consejo de administración privado, que participa solo de los beneficios de la empresa, después del pago de impuestos. Ni más ni menos. Ni un solo centavo debe salir de vías no tributarias. Este es el paso fundamental y necesario, pero no suficiente, para reducir los subsidios y gratuidades.

Y no es suficiente porque las empresas deben ser capaces de generar más valor añadido con los ingresos que el estado no les detrae, y para ello, se necesita una gestión independiente y competitiva, no sometida a decisiones políticas sino técnicas. Las empresas deben ser dirigidas por profesionales de la gestión que actúen con absoluta independencia, y que solo respondan a los propietarios (el estado, si no hace lo correcto que sería privatizar el capital productivo) por los beneficios y dividendos generados, una vez pagados los impuestos.

De modo que tan solo al eliminar la presión extractiva sobre los ingresos de las empresas, el estado puede avanzar en la eliminación de los subsidios generales a la producción, ya que los precios se establecerán con criterios competitivos y los ajustes necesarios en la estructura de los costes de producción servirán a las empresas para mantener sus márgenes, ser rentables y vender a precios más bajos, mayores cantidades de productos. Eliminar los subsidios sin previamente reducir la presión sobre las empresas, provoca los efectos que estamos viendo y las tribulaciones de Murillo.

Si se consigue dicho objetivo, después, se puede hacer lo que crea conveniente, y fijar subsidios a las personas vulnerables y aquellos que realmente los necesiten. No cabe duda que esta medida será muy positiva, básicamente porque supondrá un notable descenso en el presupuesto estatal de gastos, una magnífica noticia, ya que con ello, no solo se podrá reducir el déficit público, sino que incluso, cabría la posibilidad de dirigir los fondos disponibles a programas de estímulo al sector privado, actualmente diezmado por culpa de la grave pandemia. Ahorrar gastos públicos siempre es positivo, y genera confianza y credibilidad. Más aún en una economía en la que el estado absorbe alrededor del 75% del PIB producido. Es una estrategia correcta.

Por ello, el tira y afloja en que se encuentra Murillo, un día defendiendo la reducción de subsidios y gratuidades, y al otro, anunciando lo contrario, como que se destinan unos 700 millones de pesos para atender a las personas vulnerables, el mantenimiento de los subsidios millonarios al servicio de electricidad y numerosos artículos y productos de la alimentación de los niños, entre otros. Mensajes que no contribuyen precisamente al objetivo de credibilidad asociado a las reformas. 

El dilema se produce por no hacer bien las cosas, por no haber reducido previamente la extracción de ingresos del estado a las empresas, por no haber concedido plena autonomía a la gestión empresarial y no haber liberalizado la oferta. Resulta que ahora Murillo se encuentra en medio de una guerra en la que los comunistas, ante el próximo congreso, no se quieren presentar como los autores del desmonte parcial del sistema intervencionista de la economía cubana.

Por ello, Murillo se ve obligado a dar una de cal y otra de arena. Y lo hace el solo, sin Díaz Canel ni Marrero, y usando el twitter. Sus argumentos son válidos y no admiten crítica. Por supuesto, que el denominado SAF, sistema de atención a la familia, atiende a personas que no son vulnerables desde el punto de vista económico, pero es que nadie se ha preocupado antes de ello. Ahora sí. Y ese esfuerzo de perfeccionamiento de las prestaciones del SAF es una buena cosa, y se debería extender a otros muchos subsidios y gratuidades, e incluso a los servicios que se entregan gratis a toda la población. Hay mucha gente, en efecto, en Cuba que vive de los bienes subsidiados, porque sus rentas son muy bajas y los necesita, pero también es cierto que quien cobra 9.000 pesos al mes, no está necesitado de estas gratuidades como una familia que ingresa 2.100 pesos con 4 miembros.

Murillo tiene razón, la vulnerabilidad económica es un asunto clave en el diseño de políticas públicas, pero no es complicado. Tan solo requiere contar con un buen sistema informático y poco más. Lo realmente difícil es implementar las medidas trastocando la estructura de precios relativos, cuando no existe una economía privada capaz de complementar la acción pública del estado. Y esas son las reformas que habría que haber acometido antes de lanzarse a las aguas complicadas de la Tarea Ordenamiento. Y no se han acometido.

Murillo duda de la efectividad de las medidas. La transformación de la política de subsidios y gratuidades dejará fuera del control del estado a amplios sectores de la población, que entenderán que lo que tienen que hacer es “·buscarse la vida” porque el estado los ha abandonado. No es malo. Si no se han reducido los subsidios a todos los productos, como establece la Tarea Ordenamiento, no es por que exista una determinada conciencia social o porque las instituciones no estaban preparadas para abordar un análisis de todas las familias. No creo ni lo uno ni lo otro. Tiempo ha habido de sobra para realizar dicho análisis y determinar cómo proceder en un ámbito tan importante y estratégico como este. 

La definición precisa de quién necesita ayuda y quién no, a través de mecanismos adecuados de identificación de personas vulnerables y colectivos más necesitados, es solo una parte de lo que se tiene que hacer, y en todo caso llegará cuando las empresas consigan producir de forma competitiva a precios bajos y ganar dinero, gracias a la libertad de oferta de la gestión independiente. Lástima que la Tarea Ordenamiento no haya previsto las resistencias asociadas a esta medida. Desde luego, habrá que perseverar, pero tal vez, Murillo no lo vea al final.

Comentarios

  1. Estamos presenciando un desastre económico esperado por los economistas. Alguien lo puede dudar?

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