Créditos y comercialización de alimentos: una posible solución?

Elias Amor Bravo, economista

En principio parece que estamos de acuerdo en algo. Si el régimen castrista pretende reducir los precios de los alimentos, es necesario incrementar la producción. Esto es evidente. Sin embargo, a pesar de que se trata de un primer paso, con ello no se resuelve el problema. También estamos de acuerdo. Sin embargo, discrepo de forma rotunda con la afirmación, según la cuál, “urge buscar, además, mecanismos que frenen el desvío de lo producido hacia otros destinos que únicamente buscan el enriquecimiento personal”.

En cualquier economía lo primero que se tendría que analizar es por qué se produce ese “desvío” de la producción hacia otros destinos. Qué aspectos, factores o circunstancias llevan a que algunos agentes económicos persigan un “pretendido enriquecimiento personal” al desviar la producción de alimentos y no llevarla al mercado para que sea destinada a los consumidores.

Tengo la impresión que muchas de las iniciativas que se adoptan en la economía castrista van precisamente en contra de lograr ese objetivo. Por ejemplo, qué sentido tiene promover “el fortalecimiento de las estructuras de acopio, encargadas de contratar y comercializar la mayor cantidad posible de alimentos” cuando es precisamente esa posición de monopolio que tiene el estado en la distribución comercial, lo que está en el origen del deficiente funcionamiento de los mercados, las alzas de precios y la escasez.

Lo que el régimen castrista tiene que preguntarse es por qué aparecen “revendedores y especuladores” y qué sentido tiene seguir persiguiéndolos como si se tratase de delincuentes. En cualquier economía de mercado libre, en la que los consumidores pueden realizar sus compras sin restricciones, salvo las rentas que poseen y los gustos, las prácticas de reventa o la especulación, simplemente no existen. Solo aparecen en grandes eventos deportivos cuando la demanda supera de forma descomunal a la oferta. En la economía castrista, el revendedor aparece porque se dan de forma continua en el tiempo, las condiciones para su actividad, a saber, una demanda muy superior a la oferta. Racionamiento, escasez, falta de bienes y servicios, llevan a los ciudadanos a dirigirse a estos agentes que fijan unos precios muy superiores a los que se producen del juego libre oferta y demanda.

Ahora vienen con el cuento de que agilizar el pago a los productores, por medio de la política crediticia del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), será “un paso esencial que contribuirá a rebajar los precios y a enfrentar el desvío de la comida que necesita el pueblo”. Otro error.

El estímulo de la producción por medio del crédito a corto plazo puede ser una solución, pero no es la definitiva, ni mucho menos es la más adecuada para resolver la deficiente distribución comercial que soportan los cubanos durante 57 años. Facilitando el pago inmediato a los productores, se pretende conseguir que entreguen al Estado la mayor parte de lo producido, en lugar de vender su oferta libremente a los intermediarios y especuladores. Argumento que se cae por su propio peso.

Si los agricultores siguen entregando su producción a la empresa estatal, que por su ineficiencia es incapaz de suministrar los alimentos en los mercados a precios competitivos para los productores y los clientes, lo único que va a ocurrir es que caerán en impagos. Porque la disminución de los precios en los mercados agropecuarios estatales (MAE) trasladará hacia el origen los precios más bajos al siguiente ejercicio, y como no es posible alcanzar economías de escala por el aumento de la extensión de cultivo o la innovación tecnológica, los márgenes de beneficio caerán. Muchos productores devolverán las tierras y se olvidarán de una experiencia que les ha perjudicado, y además, endeudado.

En una nota en Granma de Ángel Freddy Pérez Cabrera, señala que “la iniciativa ha venido extendiéndose por toda la provincia, ante las facilidades creadas a las cooperativas para implementar el propósito”, lo que nos parece indicar que estamos ante una “burbuja castrista” cuyo desenlace puede ser fatal.

Y pese a que en un principio, el buen juicio de los productores produjo cierta resistencia a acceder a los créditos para la comercialización de productos agropecuarios pensando que el pago del interés los podría perjudicar la realidad es que la nueva política se ha disparado entre los productores de las cooperativas en Villa Clara.

Nada de interés bajo. El tipo es del 5%. Más del doble de la tasa de crecimiento del PIB de la economía cubana, lo que puede suponer dificultades para la devolución de los préstamos. Funciona como una línea de crédito y su desembolso se produce a partir de la cantidad de dinero ejecutado, no por la totalidad del monto aprobado. En la medida que la cooperativa venda mayor cantidad de productos, puede amortizar la deuda y recibe más dinero para comprar, manteniendo sus posiciones de liquidez. No deja de ser asombroso que prácticas como la descrita sean una novedad en el primitivo sistema financiero castrista, en el que los bancos, propiedad del estado y carentes de cualquier estímulo de competitiva, actúan como agencias al servicio de los intereses de su propietario.

Hay algo que preocupa en el modelo. El campesino entrega la producción obtenida a la cooperativa y ésta materializa el pago de manera inmediata. Después, la producción obtenida de todos los campesinos, se entrega al monopolio estatal de distribución, acopio, que satisface el pago con la cooperativa, que procede entonces a realizar la amortización de la deuda contraída con el banco. La existencia de posibles, y casi seguras, discrepancias entre el precio pagado al agricultor por la cooperativa y el que ésta recibe de acopio, está en el origen de la debilidad de este procedimiento, sobre todo, si el funcionamiento del agente intermediario es ineficiente y, como ha venido ocurriendo en el pasado, deja sin abastecer los mercados. Con esto no quiero decir que la cooperativa no pueda actuar en la distribución. De hecho, sería mucho más eficiente. Y habría que apostar por ello.

¿Estamos ante el nacimiento de un sector nuevo?

La cooperativa puede y debe actuar con celeridad. El campesino ne­cesita recursos económicos para funcionar, obtener un buen precio por su producción es fundamental. Si existen alternativas al estado, a acopio, las utilizará siempre que los precios sean los más convenientes. Su objetivo es ganar dinero. Si no lo consigue, abandonará la actividad. La creación de canales cortos en la distribución comercial es fundamental para que mejore la atención a los consumidores en la economía de mercado.

Las cooperativas pueden obtener así una vía alternativa de recursos, al trasladar las producciones a los mercados de consumo. Por medio de los créditos para la comercialización de productos agropecuarios se puede conseguir que llegue más producto a los mercados de consumo, con mayor competencia en la escala de la distribución. Si los precios no son muy elevados y compensan el esfuerzo realizado, los consumidores podrán satisfacer su demanda de cantidad, calidad y variedad, sin que se produzcan las temidas roturas en la cadena, es decir, la ausencia de producto en los mercados.

Las cooperativas comerciales pueden ayudar a que los productos no se pudran en los campos, esperando que alguien los traslade a las ciudades. Y sobre todo, reducir el peso asfixiante de las estructuras estatales en la distribución. Volviendo de nuevo a la frase con la que empezaba este post “urge buscar, además, mecanismos que frenen el desvío de lo producido hacia otros destinos que únicamente buscan el enriquecimiento personal”. Ya los tienen. Las cooperativas de distribución pueden contribuir a mejorar la canalización de la oferta a los mercados, y por supuesto, aceptando el enriquecimiento. Nada hay de anormal en ello. La iniciativa privada empresarial, las cooperativas, deben orientarse por la lógica del beneficio para poder mantenerse y crecer. Si no lo hacen pueden desaparecer. Y entonces, sería mucho peor. Es la historia de los últimos 57 años.

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