Los auditores no deben ser represores

Elías Amor Bravo, economista

Ayer se dieron a conocer los resultados de la X Com­pro­bación Nacional al Control Interno emprendida por el régimen castrista, a cargo de la Con­traloría General de la República. Una actividad que se realiza en todos los países del mundo, porque los mecanismos de control y auditoria de las empresas son fundamentales para garantizar la solvencia de la información utilizada por los agentes y con ello adoptar las decisiones más adecuadas para afrontar los escenarios complejos en que se desarrolla la actividad productiva.

En el régimen castrista, los objetivos de la controvertida Contraloría suelen ser bien distintos. Este año, en concreto, se han empleado a fondo, según una nota en Granma, en “revisar el impacto de la descentralización de facultades al sector empresarial, las me­didas implementadas para enfrentar el envejecimiento poblacional, así como el otorgamiento de subsidios a la población”. La conclusión de los responsables se puede calificar de lamentable. Por un lado, se insiste en que “falta mucho por andar en el camino de la eficiencia”.

Por otro, las acciones mostraron 20 presuntos hechos delictivos y 7 de corrupción, a la vez que se han aplicado 1.119 medidas disciplinarias a responsables directos y colaterales. Entre el empeño por alcanzar eficiencia y la labor de castigo a los gestores, parece evidente que la actuación de la Contraloría castrista va mucho más allá de lo que las normas de auditoría internacional establecen al respecto, convirtiéndose en un órgano más de represión estatal.

Durante el ejercicio fueron evaluadas 396 entidades. La prioridad de la Contraloría ha sido determinar la correcta aplicación de 35 Lineamientos y la realización de 123 auditorías especiales, de las cuales solo un 42% obtuvo calificación de aceptable, mientras que el 58% restante fue evaluado como deficiente y mal.

¿Qué nos están diciendo estos resultados?

Primero, que son controvertidos. Por un lado, se constatan los avances del sector em­pre­sarial tras el proceso de descentralización de fa­cul­ta­des, en busca de una mayor eficiencia, pero por otro, el informe revela la “persistencia, en algunos casos, de los planes esquemáticos, los incumplimientos del en­cargo estatal (fundamentalmente en entidades agropecuarias), así como fichas de costo mal elaboradas y tratamientos contables incorrectos”, sin preguntarse sobre el por qué de estos hechos.

Por otra parte, respecto a las medidas para afrontar el envejecimiento poblacional, se destacó “su impacto positivo en el bienestar de este grupo de edad, no así en el control ad­ministrativo, contable y jurídico de las entidades municipales que intervienen en su aplicación”. En la misma línea, el informe destacó “insuficiencias en los procesos inversionistas y los mantenimientos de las casas de abuelos y hogares de ancianos y se observaron vulnerabilidades en la base legislativa de los ministerios de salud pública y de trabajo y seguridad social”. Al final, las inversiones siguen dando problemas de organización, y sobre todo su cuantificación y registro queda postergada en la agenda estatal por la ejecución de los gastos corrientes y de consumo, que alcanzan en la economía castrista un porcentaje muy superior al de otros países.

Finalmente, el informe se centró en el control de la “concesión de subsidios a per­sonas para la adquisición de ma­teriales de la construcción, un asunto que las autoridades dicen que va alcanzando un mejor control y satisfacción en la población, si bien se mantienen las dificultades con los medios de pesaje, el de­sa­bastecimiento de productos como el acero y los áridos y el descontrol en los puntos de venta”. Una distribución más flexible y abierta podría dar solución a estos problemas administrativos que no se producen en otros países.

Además, los programas complementarios examinados, donde se ha concentrado la actividad penal, “reiteraron irregularidades en los contratos, pagos indebidos a trabajadores por cuenta propia, inventarios con faltas y sobras, así como descontrol en los combustibles y cuentas por cobrar y pagar con saldos envejecidos y sin conciliar. Por estos conceptos se determinaron cuantiosos daños al presupuesto del Estado y al de las entidades”.

¿Cuál es la gravedad de estos resultados obtenidos por la Contraloría?

El mismo informe lo ha destacado. Las acciones develaron 20 presuntos hechos delictivos y 7 de corrupción, al tiempo que han sido aplicadas 1.119 medidas disciplinarias a responsables directos y colaterales.

Ese empeño por controlar y fiscalizar la actividad empresarial, difícil de ejecutar en la economía castrista, por la maraña de normas absurdas que el modelo estalinista ha ido creando durante 58 años, vicia de contenido y valor el esfuerzo por mejorar la calidad de la información empresarial, y se centra en la acción penal contra los responsables de las empresas, a los que se pide expresamente, “trabajar más con las normas”, al tiempo que se reivindica como modelo, “el papel determinante de la empresa estatal socialista en el desarrollo de la economía”. Insisto, ese empeño no está en el ADN de los órganos especializados de auditoría y control empresarial que, como ya se indicó, cumplen otras finalidades.

Asombroso, realmente, un anacronismo que pone de manifiesto el intenso debate que existe en este momento dentro de la dirigencia castrista sobre si profundizar en el proceso de reformas o mantenerse fieles a la línea histórica de la llamada revolución con todos sus esquemas, planes y procedimientos de mediados del siglo pasado. Lo cierto es que cada vez queda menos tiempo para resolver estas cuestiones, y lo peor es que parece que no quieran darse cuenta.