Con el comercio no se juega

Elias Amor Bravo, economista

Lejos de conseguir sus objetivos, mucho me temo que las normas jurídicas, que acaban de anunciarse por la viceministra primera del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), Oda­lis Escandell García, sobre el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agrarias CNA, que entran en vigor a partir del 2 de mayo próximo, no van a hacer otra cosa que generar más confusión y distorsiones en el funcionamiento de la economía castrista. Y si no, tiempo al tiempo.

Las seis disposiciones legales vinculadas al funcionamiento de lo que llaman “las formas no estatales”, negando así el carácter emprendedor de las mismas, en las actividades de gastronomía y comercio, tienen como principal objetivo que "los precios de los productos ajusten su funcionamiento a las leyes de oferta y demanda", si bien, una de cal y otra de arena, se mantienen excepciones en determinados productos calificados “de sensible impacto para la población”. Precisamente, esta convivencia entre precios libres y topados es uno de los factores que apuntan a que este conjunto de medidas será otro fracaso anunciado.

A partir de la entrada en vigor de las nuevas normas, las cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia en sistema de arrendamiento (los otros, no, sin saber por qué) reciben autorización del régimen para realizar las compras de sus insumos directamente a las entidades productoras y empresas mayoristas. Este conato de redes logísticas en la economía castrista, en la que los intermediarios históricamente fueron penalizados y eliminados por la llamada "revolución", con las consecuencias de todos conocidas, nace mal diseñado y con un grave error de concepto que cualquier estudiante de primer curso de Economía podría explicar.

¿Por qué no reconocer abiertamente la necesidad de empresas de distribución e intermediarios? ¿Por qué ese rechazo visceral a la actividad empresarial privada en la intermediación comercial? Por supuesto que la rehabilitación de los canales comerciales en Cuba resulta esencial para que los consumidores puedan elegir productos y servicios libremente, y a los precios más competitivos, de modo que todos ganen. Es condición necesaria, pero no suficiente. Quienes piensen que el problema se resuelve solo en el ámbito de la comercialización, no son conscientes que en el origen, precisamente en las condiciones de la producción y la oferta, es cómo se puede mejorar el funcionamiento del mercado de demanda y oferta, despejando incertidumbres en los canales de acceso a los suministros y ejerciendo un efecto positivo sobre las relaciones coste beneficio a la vez que se evitan las prácticas especulativas que afectan negativamente a la población.

Sin ese esfuerzo previo en el ámbito de las condiciones de producción de la economía, las reformas comerciales, por muy necesarias que sean y aun cuando queden a medio camino de lo que se tiene que hacer, no llegan a ningún sitio. Más bien todo lo contrario. Tengo la impresión que estas medidas se orientan, principalmente, a que las corporaciones estatales ineficientes del régimen, como Cimex, Copex­tel, Seisa, Acinox, fuertemente integradas en sus procesos, puedan dirigir sus operaciones de venta a los nuevos actores de la economía nacional, los trabajadores por cuenta propia, que son los únicos que tienen capacidad de generar valor añadido.

Además, las zancadillas continúan. Como ya se ha señalado, la norma solo permite a los trabajadores por cuenta propia en situación de arrendamiento aprovisionarse de forma directa de sus insumos. Ahora bien, para que estos emprendedores puedan arrendar al estado locales para realizar sus actividades de gastronomía y servicios comerciales, el Mincin, exige que dicha actividad solo sea posible en aquellos establecimientos donde no existan condiciones para el funcionamiento de una CNA. Una excepcionalidad más. Las prioridades están claras. Los emprendedores, los últimos en elegir.

Pero además, aquellos trabajadores por cuenta propia que consigan que el estado les arrienden espacios para sus actividades (evidentemente, locales que nunca serán de su propiedad) se verán obligados a asumir la reparación de los mismos. Y si lo hacen, serán exonerados del pago del arrendamiento hasta dos años. Algunos analistas han querido comparar esta nueva medida con el desbroce de los campos de marabú por parte de los arrendatarios de tierras. Medidas que, realmente, vistas en perspectiva, no han dado tampoco los resultados previstos. Con los derechos de propiedad no se juega, y el régimen debe entender, de una vez por todas, que el emprendedor por cuenta propia quiere que su negocio sea de su propiedad. Hacerlo crecer, ganar dinero y aumentar la escala, está entre las funciones de todo buen empresario. Con medidas como las anunciadas, no hay nada que hacer a este respecto.

Ni se consigue la implicación de los emprendedores con la calidad y oferta de sus servicios, ni tampoco con las condiciones estructurales de unos locales que nunca serán de su propiedad. Y qué se puede decir de un arrendatario que entrega los espacios en condiciones inadecuadas que exigen la intervención y el mantenimiento por los inquilinos. El estado castrista, dueño de toda la riqueza nacional, no atiende las necesidades de reparación de los activos físicos de su propiedad, ni siquiera los que alquila previo pago de un precio, y así está el paisaje urbano de la Isla, cercano a la destrucción.

Por otra parte, con estas normas, las autoridades introducen más distorsiones en el funcionamiento de los mercados, al fijar una serie de actividades o “programas priorizados”, como ahorro energético, reparación de calzado ortopédico, merienda escolar y sistema de atención a la familia que podrán adquirir los insumos con los descuentos que establecerá el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). El por qué estas actividades y no otras, es una cuestión que no se puede comprender.

La carga tributaria que recae sobre las CNA, independientemente de las actividades que estas realicen, se mantiene con el amplio abanico de impuestos sobre ventas y servicios, por los impuestos sobre la utilización de la fuerza de trabajo, sobre utilidades, la contribución a la seguridad social, y la contribución territorial para el desarrollo local. El régimen debería saber que cuantas más tasas graven la formación de los precios de los productos y servicios que venden los emprendedores por cuenta propia y las CNA, mayor será la tensión a incrementar sus precios, por mucho que se intente controlar y reducir sus márgenes.

En ocasiones, ya he señalado las graves consecuencias que se derivan de los precios topados: una demanda superior a la oferta, que provoca escasez. Productos con precios topados a partir de ahora, como los refrescos gaseados, la cerveza y el ron de producción nacional, así como los cigarros, los tabacos y productos elaborados como el pollo, empezarán a escasear muy pronto.


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