Javier de Burgos es reivindicado en la Cuba castrista

Elías Amor Bravo, economista

Si todo este proceso de reforma constitucional se dirige solo a prestar atención a la separación de funciones en los órganos locales del Poder popular del régimen comunista, entonces, apaga y vámonos. Si separar en dos personas distintas las direcciones institucionales de las asambleas de la gestión de sus órganos de administración exige un cambio en la constitución, uno se puede dar una idea bastante aproximada del daño institucional que la llamada “revolución” ha hecho a la economía y sociedad cubana. Pero vaya por delante que bien acaba lo que bien empieza.

La administración colonial española legó sus estructuras intactas a la joven república, que inició su andadura en 1902 con un modelo de organización peninsular que venía de los tiempos liberales. En 1833, Javier de Burgos creó la red de ayuntamientos y diputaciones “de la España peninsular e islas adyacentes” que algún tiempo después se implantó en Cuba. En aquella reforma surgieron los alcaldes en los ayuntamientos y los presidentes de las instituciones provinciales (diputaciones) como figuras independientes de las entidades, organizaciones y administraciones de titularidad local o provincial. La idea era, en aquella vieja España del antiguo régimen que los liberales querían transformar, reducir el poder de los poderosos señores locales y modernizar el país.

Este modelo fue arrasado por la llamada “revolución” a partir de 1959 como otras muchas instituciones que habían funcionado razonablemente bien en Cuba, y sustituido por un sistema asambleario estalinista basado en una notable concentración de poder jerárquico que resultaba esencial para la cúpula dirigente y el modelo económico de planificación central y control de la economía. Los que salieron perdiendo con ello fueron los cubanos, que durante seis décadas no han sido capaces de saber quién es quién en la ordenación política existente en el país. Solo un mando: el que procede de Fidel o Rául Castro. Sólo un partido autorizado. La pluralidad política es inexistente.

Por ello, desde el primer momento, vi que el “experimento” de separar funciones, autorizado por el régimen en Artemisa y Mayabeque, lanzado en 2011 y prorrogado en otras tres ocasiones, 2012, 2014 y 2016, no era otra cosa que recuperar el viejo esquema de separación de poderes entre lo institucional y la gestión de la administración, dándole otros nombres. En cierto modo, era recuperar a Javier de Burgos para que los poderosos locales de mando absoluto dejaran de serlo, y aparecieran nuevas figuras de gestión. La historia da este tipo de sorpresas.

Los responsables del experimento han dicho que el balance ha sido positivo. No es extraño. A los diputados se les ofrecieron datos que mostraban un “crecimiento sostenido de la producción agropecuaria, el incremento de las ventas y utilidades del sistema empresarial, así como mejores indicadores en la liquidación del presupuesto (…) y resultados positivos en salud, educación, deporte y cultura, unido al mejoramiento gradual de la infraestructura”. Y ello pese a las deficiencias detectadas en las administraciones provinciales y municipales, sobre las que se prevé continuar trabajando.

Por si lo anterior no fuera poco, el “experimento” de la separación de las direcciones de las asambleas y sus órganos de la administración en Mayabeque y Artemisa ha dado otros resultados igualmente positivos, como “es el crecimiento del número de sesiones de las asambleas, y de la atención a los delegados y a los planteamientos de la población”, sin olvidarse datos de participación en elecciones. En suma, una mayor proyección política de los "presidentes" alcaldes, en busca de un mayor contacto con la ciudadanía.

El experimento, que en cierto modo supone regresar a la organización que existía en Cuba antes de 1959, presenta un balance final positivo, dando lugar incluso a una mayor importancia del “cargo de vicepresidente para el órgano de la administración (el teniente de alcalde en los ayuntamientos que sustituye al alcalde) determinado recientemente en todas las provincias, paso vital para la posterior generalización de la separación de funciones, si así se considera pertinente”.

Los resultados de Artemisa y Mayabeque, en términos de gestión, han sido suficientes para que en la reforma constitucional se plantee “la pertinencia de separar, en personas distintas, las funciones de estas y sus respectivas administraciones”, una separación que se pretende que otorgue “mayor estabilidad y profesionalidad a las administraciones, designadas por las asambleas, y hace más eficiente su gestión pública”. Sin duda, la vuelta al pasado será mucho mejor. Lástima que no se hayan dado cuenta hasta 60 años después.

El informe jurídico que sustenta la propuesta de reforma constitucional no admite cuestión. Y señala, por ejemplo, “a los presidentes de asambleas (los alcaldes y presidentes de diputaciones) por su parte, les permite ejercer con mayor eficacia el control sobre la actividad administrativa y, a su vez, dedicar mayor tiempo a las funciones de la asamblea, sus comisiones permanentes y consejos populares, así como a la atención directa y oportuna a delegados y a la población”. Normal, esa es la función política del cargo institucional que se encuentra mucho más cercana a las necesidades sociales, que los gestores, encargados de otras actividades distintas de la operativa del día a día.

El dictamen reconoce que “en estas condiciones se fortalece la administración local y la atención a las necesidades de los territorios, y se incrementa la eficiencia en la misión fundamental de las asambleas: servir al pueblo”, y pregunto, ¿cómo no se dieron cuenta antes?¿cómo han podido funcionar durante 60 años unificando funciones representativas y de gestión en las administraciones?
Todo esto para modificar el artículo 117 de la Constitución con la idea de generalizar el modelo en el resto del país.

Mi consejo, que no se paren en las funciones locales y provinciales y que tiren para arriba. La gobernanza del régimen comunista pide a gritos esa separación de funciones en los órganos de la administración del estado, en las empresas estatales y los conglomerados burocráticos que las rigen. En definitiva, en todo el aparato institucional que se ha construido durante décadas para mantener una jerarquía estalinista de naturaleza seudomilitar.

Perfeccionar el Poder popular en Mayabeque y Artemisa no es solo cambiar los nombres para que diputaciones y ayuntamientos, alcaldes y concejales, vuelvan a la realidad cotidiana de los cubanos, en plena coherencia con su historia, pisoteada después de 1959. Estos cambios permitirán a los responsables políticos responder a las demandas sociales y orientar su gestión por las mismas mientras que los gestores podrán mejorar su profesionalidad y especialización para intentar que las organizaciones funcionen con la máxima eficacia. El siguiente paso es la cooperación público y privada, que llegará. El sistema comunista se irá desmontando poco a poco. Es todo cuestión de tiempo.