Derecho a nacionalizar frente a derecho a confiscar

Elías Amor Bravo, economista

Lázaro Barredo se explaya en un artículo contra los “camajanes”, colonialistas y no sé que más epítetos vergonzantes para analizar las nacionalizaciones castristas. Sin llegar a la descalificación personal, mi punto de vista no puede ser más contrario. Muchas mentiras se han escrito sobre las confiscaciones, que no expropiaciones ni nacionalizaciones, del régimen castrista a partir de 1959 y hasta 1968 cuando se consumó la denominada “ofensiva revolucionaria”. Ríos de tinta de propaganda demagógica que han intentado confundir y crear un estado de opinión contrario a los dueños legítimos de los activos y derechos de propiedad, que son los realmente perjudicados en esta historia.

¿Cómo si no valorar el proceso de robo sistemático y organizado a los patrimonios, grandes, medianos y pequeños, de todos los cubanos a partir del comienzo de la revolución? ¿Con base a qué razones o justificaciones racionales se acometió aquella transformación estructural de la economía, que supuso su decadencia y pérdida de valor, como ha quedado evidente en estos 60 años?

Ni siquiera los mambises libertadores se portaron de ese modo con los españoles, que eran los dueños de todos los activos en Cuba en el momento de la independencia en 1898. Todo lo contrario. La joven república que nació entonces, fue honesta y generosa con todos sus hijos, y tuvo suficiente visión de futuro para respetar el marco jurídico de derechos de propiedad existente en la colonia desde cuatro siglos antes, para sentar las bases para el desarrollo de aquella gran nación que hemos perdido para siempre en la oscura noche del castrismo.

La política de respeto a la propiedad privada y los derechos de propiedad responde a un Derecho humano de la Declaración de Naciones Unidas, en concreto, el 17, donde queda establecido que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y además, que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El respeto a este derecho habría supuesto muchas ventajas, y muy pocos inconvenientes, a la evolución de la economía cubana desde 1959. La vulneración de este derecho por el régimen comunista provocó unos perjudicados, que nunca pudieron recuperarse de las pérdidas porque no hubo por parte del castrismo la menor intención de pago por las propiedades, por mucho que ahora se esfuercen en decir lo contrario.

No existía razón alguna para una acción tan desproporcionada contra el derecho a la propiedad salvo la ambición comunista totalitaria y el deseo de transformar a Cuba en dirección al caos. Ni estaba justificado confiscar los derechos de propiedad “malversados”, ni tampoco los de los extranjeros y los ciudadanos de EEUU que tenían negocios en Cuba, porque eso representaba abrir frentes de conflicto que, por parte de aquel país sus dirigentes quisieron reconducir sin éxito. Ahí están en las hemerotecas los intentos iniciales de mediación de Eisenhower con el embajador argentino para lograr alguna compensación por el capital confiscado. Lo importante es que al final también los cubanos, y en mayor número que los estadounidenses y extranjeros, fueron confiscados por su gobierno, expulsados del país y condenados a una existencia miserable en el exilio, justo cuando muchos iban a empezar a disfrutar de un merecido descanso tras una vida de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Así que, primero que todo, ni “ataques frenéticos, fuera de control, como si la bilis acumulada durante tantos años por tantos fracasos los hiciera más rabiosos” porque lo que está ocurriendo en Cuba, con la entrada en vigor del Título III de la Ley LIBERTAD, no es ni más ni menos que un proceso que se preveía que iba a ocurrir y que, si se dilató en el tiempo, fue por razones que ahora no interesan. Un proceso que conduce a la justicia, no a la venganza.

Y segundo, nada de infundir miedo a los inversionistas extranjeros. Ojalá que pudieran desarrollar sus proyectos en Cuba con total libertad y hacia aquellos sectores que decidieran, por no estar intervenidos por derechos de propiedad que fueron confiscados. Oportunidades existen, pero el régimen comunista no las ofrece. ¿Por qué será?

Tampoco voy a discutir sobre las capacidades de los gobiernos para nacionalizar. Por supuesto que existen y se practican habitualmente, pero se basan en procedimientos jurídicos ordenados que tienen como principal objetivo respetar la propiedad privada que, por motivos sociales o excepcionales, pasa a la titularidad del estado. ¿Cómo si no construir autopistas, telecomunicaciones, aeropuertos, vías férreas, presas hidráulicas, estaciones de renovables, etc?

Por medio de las expropiaciones, el estado se asegura la titularidad de activos, generalmente inmuebles, que facilitan la escala para asumir estos proyectos, esenciales para el país, por ello, la Carta de Naciones Unidas de 1974 lo reconoce, por supuesto. Pero ante todo, se precisa que se debe pagar a justiprecio, y en las condiciones oportunas de tiempo y forma lo expropiado. En cambio, lo que se hizo en Cuba a partir de 1959 no tiene que ver con las normas internacionales al uso, por ello, más que nacionalizaciones o expropiaciones, el término que se tiene que usar es confiscación. Una práctica que, sin duda alguna, pretendía instaurar un conflicto con EEUU, que no ha llevado a ningún sitio con el objetivo malvado de trasladar al estado toda la propiedad del país, sin coste, para luego gestionar esos activos con métodos estalinistas basados en la planificación e intervención de la economía. El resultado en Cuba es perfectamente visible.

Una negociación en condiciones transparentes y públicas de los valores confiscados a EEUU, sin acompañamiento de estudios adhocráticos e impresentables sobre los costes de un presunto “bloqueo o embargo”, y con un pago real y actual de los valores debidamente actualizados por organismos internacionales independientes (y no con aquellos ridículos bonos “basura” castristas de la reforma agraria, a 20 años al 4,5% que eran papel mojado y en los que nadie creía) habría supuesto, como mínimo, un punto de partida razonable para encauzar las relaciones entre los dos países. No es extraño que ante aquel ofrecimiento, EEUU procediera a cancelar la cuota azucarera para el resto de 1960. Cualquier otro acreedor habría hecho lo mismo en su caso.

Pero en realidad Fidel Castro nunca tuvo el menor interés de arreglar el conflicto, sino hacerlo crecer, y estructurar su poder político sobre la base de un vacío que ahora se pretende recuperar para la justicia. Falso es que el régimen comunista haya formulado propuesta alguna de compensación real y objetiva. Y el ejemplo fue la vergonzosa negociación con el gobierno socialista de Felipe González en 1986 en relación con los activos confiscados de los españoles. Mejor ni acordarse.

El Título III de la Helms-Burton representa un ejercicio de justicia, que no de venganza, hacia la confiscación de los derechos de propiedad en Cuba a partir de 1959, y es bueno que esta Ley entre en vigor porque su mensaje es nítido y transparente a cualquier gobierno, régimen o dictadura, de cualquier ideología, que se crea en el derecho absoluto de confiscar los bienes y activos de los ciudadanos. La Ley trasmite no solo la permanencia del derecho humano a la propiedad en el tiempo, sino la primacía de lo privado sobre lo público cuando se actúa al margen de la legalidad, como hicieron los comunistas cubanos a partir de 1959.

No existe razón alguna para justificar lo hecho. Pero la historia sigue, y es imposible mantener un país encerrado en una cápsula del tiempo, como si se estuviera aún en tiempos de la “guerra fría”. En los tiempos de la globalización y la cuarta revolución industrial, los países tienen que demostrar credibilidad y confianza para ser atractivos y captar inversiones, capital y talento. En Cuba nada de eso es posible, porque el régimen político bloquea con su apuesta intervencionista y totalitaria cualquier acción para la libertad económica, la racionalidad y la mejora y prosperidad de los ciudadanos que son las claves para el desarrollo de las naciones. El régimen mantiene una posición suicida que, carente de subsidios y apoyos económicos externos, no tardará en estallar, porque es inviable y carece de sostenibilidad.

Y por último, si las confiscaciones se hicieron realmente con la mejor intención, para “dotar al pueblo cubano de un modo y calidad de vida dignos”, es más que evidente que el resultado no ha sido el buscado. A pesar de las proclamas de "educación y sanidad gratuitas" (que se pagan y bien pagadas con los ingresos tributarios y no tributarios que representan casi el 70% del PIB), y otras estadísticas manipuladoras, los cubanos que recuerdan como era la patria antes de 1959 saben que no existen muchos países en el mundo que hayan evolucionado justamente hacia atrás. 

Y Cuba es el caso más significativo de involución económica, no solo por unos salarios ínfimos, la persistencia del racionamiento y la falta de libertad de elección, y un patrimonio inmueble destruido, sino porque 60 años después, la aspiración de cualquier cubano es salir del país y desarrollar una vida diferente en el exterior, basada en el progreso y el bienestar. 

Nada de eso es posible en Cuba y por ello, los que se oponen a la Ley LIBERTAD y exigen al gobierno castrista firmeza ante las reclamaciones, deberían reflexionar si vale la pena enrocarse en esas posiciones, y no cambiar. Lo único que tienen es que mirar a su alrededor. La conclusión no puede ser más evidente. La vocación "patriótica e independentista" de los cubanos se trabaja mejor desde la libertad, la elección y los derechos de propiedad. Que lo prueben.