La política energética castrista en la encrucijada

Elías Amor Bravo, economista

Los comunistas que dicen estar al frente de la economía cubana no dan pie con bola. Granma se hace eco hoy de sendos artículos sobre el problema de la energía en Cuba. En el primero se presentan las oportunidades de negocio en el sector, que según las autoridades, quiere “lograr la seguridad energética para Cuba antes de 2030 a fin de disminuir la dependencia, de forma sostenible, de combustibles fósiles importados”.

En el segundo, se aborda la entrada en vigor del Decreto-Ley 345, sobre el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, que va a permitir, entre otras cosas, que los cubanos instalen paneles solares en sus casas y el exceso de energía lo puedan “comercializar”a la red.

Poner en relación las dos noticias es un buen ejercicio para observar las profundas contradicciones que existen en la dirección económica de la Isla, que parece que no tiene ni pies ni cabeza, y ofrece una idea bastante exacta de cómo anda la economía, lo mismo que un pato al que se corta la cabeza. Sin rumbo.

Está muy bien organizar la tercera edición de una feria, la Cuba Energy Oil and Gas 2019, durante dos días en el hotel Meliá Cohiba, de La Habana, pero cuando en un país escasea el dinero, este tipo de cosas tienen que ser justificadas ante los ciudadanos que se ven obligados a resolver frente a la permanente escasez. En todo caso, este evento, como dice Granma, “tiene entre sus objetivos concluir la primera ronda de licitaciones de Cupet, correspondiente a este año”. Es decir, negocio y más negocio. Ahí se cuecen inversiones que, hasta cierto punto, podrían haber tenido algún éxito para reducir la dependencia energética, como la exploración de yacimientos con tecnologías de recuperación mejorada en las zonas del Golfo de México y el centro oriente de la Isla, pero que han resultado en un gran fracaso. Y además, se han empeñado importantes recursos económicos que se podrían haber destinado a otras cosas, tal vez más urgentes y prioritarias.

Al parecer, los responsables de estos asuntos se conforman con echar las culpas de los fracasos en las exploraciones de yacimientos “al contexto y la presencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Isla”, como si este fuera el culpable de que Cuba no tenga reservas de petróleo en su subsuelo. Todo es posible.

En todo caso, este evento con la participación de empresarios, líderes, expertos e inversores de un gran número de países (en total 20, según Granma) y vuelvo a insistir, ¿en dónde está el bloqueo?, concluyó afirmando que “Cuba ofrece grandes oportunidades y reconocemos la voluntad del país para desarrollarse en este sector, que se refleja en su nuevo marco regulatorio. Estamos dispuestos a encontrar nuevas formas para trabajar con Cuba”, y dicho esto, todos se fueron tan contentos, hasta el año que viene, que se vuelve a celebrar una nueva edición del Cuba Energy Oil and Gas. Esto de que otros paguen la fiesta, y si puede ser en La Habana, empieza a gustar a mucha gente, aunque luego no sirva para gran cosa.

Y entonces, ¿por qué no sirven estas iniciativas para atraer inversores en el campo de la energía a pesar de la escasez pertinaz que tiene la Isla? Por un lado, porque al parecer ni siquiera con las tecnologías más avanzadas de exploración de subsuelo, Cuba tiene reservas mínimas de petróleo o combustibles sólidos. Esto hay que asumirlo como un hecho real, y apostar por otras vías. No es problema. Otros países sin fuentes de energía han prosperado y mejorado sus condiciones de vida y desarrollo.

El problema es lo que viene después. Y en el otro artículo de Granma encontramos la respuesta. Las políticas que adopta el régimen comunista en materia de energía. En concreto, las nuevas medidas del Decreto-Ley 345, sobre el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, al que hemos hecho referencia.

Pues bien, estas medidas quieren lograr “dar un salto en la matriz energética de la Isla a favor de la producción mediante fuentes renovables de energía, con el fin de reducir toneladas de diésel y otros carburantes imprescindibles para mantener la vitalidad del sistema eléctrico de la Mayor de las Antillas”. Gran enunciado.

Bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas, el estado comunista, se fija como meta “lograr que, en el año 2030, el 24% de la generación eléctrica del país esté cubierta por las fuentes renovables de energía de la Isla (bioeléctrica, tecnología solar fotovoltaica, parques eólicos y centrales hidroeléctricas)”. Insisto. Objetivo importante, que a la vista de la ausencia de combustibles fósiles en el subsuelo, supone una apuesta por un sector en el que Cuba presenta un atraso más que evidente, pero cuenta con notables potencialidades, por su clima y geografía.

Lograr este objetivo, exige inversiones. Posiblemente elevadas y, sobre todo, la colaboración del capital tecnológico internacional, porque es evidente que cualquier aporte de know how del exterior puede y debe ser bien recibido. La tecnología de renovables es costosa y exige movilizar importantes recursos, pero las fórmulas de colaboración público y privada podrían contribuir a poner encima de la mesa proyectos de futuro. No veo al Ministerio castrista interesado en ello.

El régimen desatiende estas consideraciones y declara su intención de “plantear el impulso de la industria nacional de producción de equipos, medios y piezas destinados al desarrollo del sector de energía renovable”. La pregunta es ¿serán capaces de lograrlo, o volverán a culpar al embargo cuando en 2030 no se alcancen los objetivos?

Las autoridades estiman que “cuando se termine el programa, y se instalen todas las tecnologías pertinentes concebidas para el año 2030, se obtendrá una generación energética en el país de 7.000 gigawatt-hora, que permitiría ahorrar un millón 800.000 toneladas de combustible, aproximadamente”. La cuestión es ¿cómo se llega a ese resultado? Al margen de ese desarrollo que se pretende conseguir de la industria nacional, al régimen no se le ocurre otra cosa que facilitar la producción de energía por “productores independientes”, si el común de los ciudadanos.

A tal fin, se pretende ofrecer “incentivos y beneficios arancelarios y fiscales para que las personas naturales y jurídicas puedan adquirir equipos, que utilizan las fuentes renovables de energía y que permitan el uso eficiente de la energía a precios no recaudatorios y con la oportunidad de acogerse a crédito bancario”. Pregunta: ¿estamos ante el próximo negocio de las “mulas”, o se habilitarán tiendas para la venta con tarjeta electrónica de estos dispositivos por parte de cualquier ciudadano?

Lo mejor de todo es que las medidas autorizan al cubano que con sus paneles solares en el techo de su casa produzca más energía de la que necesita a vender al monopolio, la empresa estatal, la Unión Eléctrica de Cuba, el excedente de la energía generada a partir de esa fuente renovable. Pues bien, aquí viene lo sorprendente. El régimen autoriza a los cubanos, que carecen de derechos de propiedad sobre la mayoría de bienes y servicios que constituyen el capital productivo de la economía, a ser propietarios de la energía que producen en los techos de sus casas y poder comercializarla al estado comunista.

Habrá alguien que se habrá llevado las manos a la cabeza en este momento, o estará preparando una botella de sidra el gaitero para celebrar la ocasión, pero cuidado, hay letra pequeña. Si, y confusa. La tecnología renovable es muy cara, y su despliegue no es una cuestión de unos cuantos miles de dólares, sino de bastante más dinero. Nunca será una alternativa rentable para los particulares, ni lo es siquiera en los países avanzados donde existen, desde hace años, estas opciones de comercialización. Además, el monopolio estatal comunista no pagará precios compensatorios a los productores con excedentes,

Lo grave en Cuba es que al apostar por esta fórmula, y hacerlo público, el régimen lo único que puede conseguir es provocar la lógica estampida de los inversores extranjeros en renovables en Cuba. Pensemos que si en el país se estableciera una amplia red de productores privados que suministran excedentes a la red estatal, ¿qué sentido tendría invertir en plantas, como las solares o las bioeléctricas, que van orientadas precisamente a conseguir economías de escala, basadas en altos volúmenes de producción que reducen el coste unitario de la energía que se incorpora a la red? Además con los avances que cabe esperar en los próximos años en materia de almacenamiento de la energía renovable, lo suyo es apostar por los proyectos de cierta envergadura que faciliten la producción a unos precios competitivos.

Contradicciones en las políticas del régimen, en este caso, las de energía que son fundamentales para evitar que se paralice la economía y que los ciudadanos tengan servicios adecuados, y no se vean en la obligación de soportar apagones continuos. La política energética de una nación exige mucho más que ferias de inversores y de apuestas intuitivas. Exige consenso, participación y luces largas para ver el futuro con claridad.