La obligación de informar sobre la situación de la economía

Elías Amor Bravo, economista

La mayor irresponsabilidad de los dirigentes de la economía cubana es no informar de manera adecuada sobre el estado actual y perspectivas de la misma. Se sabe que la economía cubana se encuentra colapsada, atendiendo a las informaciones procedentes de la isla relativas a inflación, tipo de cambio informal, pérdidas continua de poder adquisitivo, insolvencias empresariales, reducción de subsidios y caída de la producción, sobre todo de alimentos. 

Pero este cuadro económico negativo es todavía peor si se añaden la escasez de divisas por la baja entrada de turistas, la caída de las remesas, de las inversiones extranjeras, de las exportaciones de bienes y servicios, la menor llegada de suministros de petróleo venezolano, y todo ello, adornado por un déficit público que se estima superior al 20% del PIB y una expansión monetaria sin control inducida por el cambio de CUC a CUP a la ratio de 1 por 24. 

Un escenario como el descrito confirma tantos números rojos de la economía, a lo que se suma las dificultades para el control de la pandemia, que las autoridades deberían informar sobre la situación económica y, además, hacerlo cuanto antes.

Se ha perdido una oportunidad para hacerlo durante el cónclave comunista, donde los temas económicos se han resuelto con apelaciones a la "actualización de la conceptualización del modelo y los lineamientos", sin que nadie sepa muy bien de qué va todo eso. Y el mismo Díaz Canel en una de sus primeras intervenciones internacionales, tras acceder al mando superior comunista en Cuba, ha perdido la ocasión de presentar algunos datos, y en su lugar, ha caído en la tentación, bastante recurrente, de tratar de diluir la mala evolución de la economía cubana con referencias al deterioro general experimentado por el resto de las economías.

Lo cierto es que no existe información oficial sobre las constantes vitales de la economía cubana, y esta ausencia preocupa y, sobre todo, crea importantes incertidumbres y sobre todo falta de credibilidad internacional. Un país como Cuba, altamente endeudado y en situación técnica de default en sus cuentas externas, debería dedicar más atención a los indicadores del estado de la economía. A veces, incluso, las autoridades sorprenden cuando ofrecen los datos. Es lo ocurrido en 2019 y 2020. 

Mientras que CEPAL, por ejemplo, asignaba a la economía cubana en 2019 un crecimiento del PIB, eso sí modesto, de un 0,4%, el régimen anunció de forma oficial una caída del -0,2% en dicho año, aportando evidencias de un segundo semestre muy complicado. De igual modo, CEPAL insistió que en 2020 la caída del PIB en Cuba fue de un -8,5%, y, sin embargo, las autoridades confirmaron el descenso de un 11%. Estas discrepancias en los datos oficiales se combinan con la “ausencia” de Cuba de determinados estudios realizados por organismos internacionales, como uno más reciente de CEPAL referido a las políticas fiscales de América Latina en 2020, donde Cuba ha quedado excluida del análisis. 

Si las autoridades no informan de las tendencias a corto plazo de la economía no hacen otra cosa que alimentar interpretaciones y análisis tentativos que, lejos de contribuir a una valoración adecuada de la realidad, la distorsionan. Por ejemplo, los datos de déficit y deuda, son fundamentales para determinar los niveles de solvencia. Si la economía cubana presenta un mayor desequilibrio entre ingresos y gastos que otras economías, las posibilidades de reforzar el comportamiento de los agentes económicos con más expansión del gasto se verán comprometidas. 

Si el déficit del sector público cubano aumentó del 6,9% del PIB a cierre de 2019 al 20% en 2020, y continúa creciendo en una situación de deterioro generalizado, sus opciones serán escasas y no tendrá más remedio que orientar las políticas económicas hacia un ajuste, en el momento en que más necesaria resulta la expansión fiscal. Si se cree que ocultar los datos puede servir para actuar de forma irresponsable, lo único que se puede conseguir es una valoración de alto nivel de desconfianza que agrave más aún el acceso a las limitadas oportunidades financieras de la economía a nivel internacional. Si el déficit y la deuda continuasen aumentando sin parar, la situación podría agravarse más aún, exigiendo actuaciones drásticas.

Los números rojos de la economía cubana, escondidos por las autoridades de forma inexplicable, tienen mucho que ver con la expansión de los gastos para hacer frente a la pandemia, y esto ha ocurrido en numerosos países, de modo que existe una comprensión internacional hacia estos esfuerzos sobrevenidos por la crisis. Pero en Cuba, a diferencia de lo ocurrido en otros países, existe otra componente del gasto y déficit que tiene su origen en la irresponsable decisión de las autoridades de lanzar la Tarea Ordenamiento, experimentar sus efectos sobre los precios, y después aceptar el error compensando vía mayores gastos en subsidios los aumentos de precios. 

Cuba entró en 2021 en grave crisis por culpa de la Tarea Ordenamiento, que ha sido el elemento diferencial que, acumulado a los efectos de la pandemia arrastrados desde 2020, ha llevado a la economía al escenario actual. Un escenario dominado por un descontrol de los gastos públicos que impide plantear cualquier necesario proceso de consolidación fiscal y, sobre todo, no aceptar la necesidad de abordar las reformas estructurales que necesita la economía para producir más y mejor. Disponer de información resulta esencial.

La estrategia económica y social, planteada como hoja de ruta para sacar a la economía cubana de la postración provocada por la pandemia del COVID-19 establece una serie de medidas que difícilmente logren su objetivo, teniendo en cuenta los efectos negativos de la Tarea Ordenamiento, que seguirán afectando a la economía en los próximos meses. El paso necesario hacia las reformas estructurales no se acomete, y la voluntad política del régimen, como se ha visto en el congreso comunista, es reafirma el mantenimiento del modelo social comunista que ha fracasado de forma rotunda. 

No existe un calendario de compromisos y medidas para reactivar la economía, sobre todo el sector empresarial, estatal y no estatal, que atraviesa un escenario de insolvencia que puede acabar en sonadas quiebras, como consecuencia de las alzas distorsionadas de costes y precios. Las decisiones de las autoridades económicas, además de ocultar la información coyuntural, están siendo inexistentes o demasiado lentas para reaccionar ante una crisis que se puede calificar de histórica solo comparable en su dimensión al "periodo especial". Nadie en el gobierno, ni en el partido, ha entendido la urgencia de trasmitir a los mercados internacionales señales inequívocas de que las cosas se pueden hacer de otro modo.


 

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