A vueltas con el crédito bancario a la producción agropecuaria en Cuba.

Elías Amor Bravo economista

Si se tiene la costumbre de revisar la prensa estatal cubana, se puede comprobar que las mismas noticias tienden a reproducirse de año en año, como si el tiempo no pasara realmente. Un reciente artículo en Granma, titulado "Incentivan créditos bancarios para la producción agrícola" detalla un contenido informativo prácticamente similar al de otro publicado el 21 de mayo del pasado año, con el título "¿Cómo incide el Banco de Crédito y Comercio en la producción de alimentos?". Si se quiere comparar ambos, se verá que prácticamente dicen lo mismo, pero con casi un año de diferencia.

Cuando hace apenas un año el régimen comunista dio vía libre a las “63 medidas” para promover la producción agropecuaria, observando los estragos que la Tarea Ordenamiento estaba causando en dicho sector, se creyó conveniente “constituir fondos en los bancos, por parte de las cooperativas con capacidad financiera, para otorgar a sus asociados garantías de financiamiento para el capital de trabajo y su desarrollo”.

Fue entonces que el Banco Central de Cuba (BCC), siguiendo instrucciones del régimen y partido, anunció un cambio en la política crediticia hacia el sector agropecuario que se venía desarrollando desde 2016, y ahí surgió la idea de anticipar el ingreso futuro que debe ser demostrado por el receptor del crédito, por medio de documentos. Y teniendo en cuenta el impacto de la Tarea Ordenamiento en la política crediticia, el BCC decidió aumentar la financiación, los llamados fondos de desarrollo, ante las numerosas quejas de los productores.

Este fue un primer paso que, poco tiempo después, se vio complementado por actuaciones del sistema bancario, en su conjunto, para respaldar la producción agrícola. Entre estas actuaciones se incluyeron, de la nada, la ampliación de los beneficios en los créditos bancarios, la flexibilización de las garantías, la bancarización y la puesta en marcha de la Banca de Fomento y Desarrollo, calificadas como de máxima urgencia.

Y así llegamos al momento presente, conociendo que el impacto de aquellas medidas financieras sobre la producción agropecuaria ha sido bastante limitado, a partir de los datos disponibles relativos a cosechas, que, si bien no han sido publicados aún por la ONEI, se conocen porque el ministro Gil los citó en una reciente comparecencia pública.

Sumándose a la iniciativa financiera, ahora el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), al igual que el año pasado, ha decidido ofrecer a los productores agropecuarios diferentes modalidades de financiación a través de créditos bancarios que varían en correspondencia de las especificidades de cada cultivo.

En esencia, del conjunto de gastos que el productor asume para obtener una producción y comercializarla, el Banco financia hasta el 80% de los ingresos futuros que va a alcanzar. Por ejemplo, si piensa obtener 100.000 pesos por la producción, el campesino puede conseguir un crédito por 80.000 pesos, de acuerdo con la ficha de costo.

Y dado que la banca es propiedad del estado, los fondos que se destinan a financiar esta campaña salen del presupuesto estatal, que ha decidido asumir el 50% de los intereses, con tasas que, para el fondo de fomento agrícola, son el 1,5% para los créditos de producción y del 2% para las inversiones.

¿Tiene sentido esta medida? En absoluto. ¿Se podría gestionar de forma alternativa y mucho más eficiente? Por supuesto que sí. Hay que pensar, en primer lugar, que el presupuesto de Bandec para los créditos tiene su origen en el presupuesto del estado que, por otra parte, se nutre de los impuestos que pagan los productores agropecuarios, que son elevados y crecen año tras año, convirtiéndose en un lastre para la expansión de las cosechas.

Si en vez de detraer los recursos al campesino, se le reducen los impuestos en la misma cuantía de los créditos que se le van a entregar, y después se rebaja la cuota tributaria por el mismo importe, el dinero no estaría dando vueltas ociosas y reiterativas del agricultor al estado, y del estado a Bandec, para volver, si acaso, al agricultor.

Es un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer de otro modo, y más eficiente. Sin embargo, para ello, hay que despojarse de los complejos ideológicos y optar por soluciones técnicas viables que realmente sirvan para estimular la producción. Si el campesino pide un crédito y se endeuda con vistas a un futuro bastante incierto, ¿Qué ocurre si no se cumplen las previsiones y no puede hacer frente a los pagos del préstamo?

Además, por muy bajo que sea el tipo de interés de las operaciones, siempre la financiación tendrá un coste, algo que por el mecanismo antes descrito no ocurre, ya que el campesino puede dedicar el fruto de su esfuerzo y trabajo a aquellos capítulos que considere prioritarios, en términos de coste de oportunidad.

De hecho, los intereses aplicados por Bandec son elevados, para créditos de hasta 18 meses, la tasa de interés es 4,5% en el año y cuando se trata de créditos a mediano y largo plazo la tasa de interés puede rondar alrededor del 7 al 9%. El coste de la financiación puede actuar como un desincentivo para solicitar los créditos. Pero luego están los requisitos formales.

Las operaciones exigen diversos requisitos que algunos productores tal vez no puedan cumplir, como determinadas formalidades relativas al modelo de solicitud del crédito, donde debe explicar con detalle para qué lo quiere y la cantidad de tierra que va a utilizar; además, si el cultivo lleva seguro se le exige la póliza de seguro; y la ficha de costo, es decir, cuánto va a gastar para producir una hectárea y así poder calcular el monto de dinero que se le puede otorgar, un proceso excesivamente burocrático que se ha establecido de la misma forma para todos los actores económicos que operan en el ámbito agropecuario, el usufructuario, campesino independiente, cooperativa o UBPC. 

De todos los requisitos, tal vez “la tenencia de la tierra” que no la propiedad, sea el más interesante y, a la vez, controvertido. Desvincular un crédito del derecho de propiedad de la tierra es un desincentivo para cualquier productor, porque la financiación debe tener un fin, y ese no es otro que acumular, aumentar la escala técnica de producción y obtener más rentabilidad. Con la mera tenencia de la tierra, ese proceso virtuoso queda cortocircuitado por el régimen comunista, y por ello, es lógico que nadie pida prestado. ¿Para qué?

Conviene pensar lo que puede ocurrir en el caso alternativo en que el campesino no pueda pagar el crédito, por el motivo que sea, y entonces el banco tendrá que asumir el quebranto trasladando esa operación fallida a sus balances, lo que a su vez representa un agujero para el presupuesto del estado origen de la financiación. Por donde quiera que se mire, la mejor opción, la más eficiente, es dejar el dinero en manos del campesino en forma de reducción de impuestos.

De momento, al parecer han sido el arroz, la ganadería, el plátano, la yuca y el boniato los productos que más créditos han solicitado, pero el impacto ya es conocido. Ninguna de estas producciones ha presentado resultados significativos en términos de cumplimiento del plan y las quejas de los cubanos por la falta de alimentos, se han acentuado. La financiación castrista del sector agropecuario, junto a las 63 medidas, no sirve para aumentar la oferta de alimentos.