Las ilegalidades en el consumo de energía: otro instrumento de represión

Elías Amor Bravo economista

El colmo de los colmos. El régimen dice ahora que la electricidad en Cuba no abunda, pero tiene quien la derroche y a resultas se denuncia la existencia de 6.857 entidades “violadoras de las indicaciones relacionadas con el ahorro de la energía eléctrica”.

De modo que entre “picos y valles” y las anodinas y aburridas notas diarias de la empresa eléctrica sobre la existencia de apagones en la red, ahora resulta que el régimen inicia una batalla particular contra los derrochadores de energía, a los que califica de “violadores de las indicaciones” impuestas obligatoriamente en la tesitura actual. Conviene tener en cuenta que estas “indicaciones” se aplican a todos los sectores y actores de la economía del país, como consecuencia de la falta de energía, lo que ha llevado a los dirigentes a paralizar sectores completos. 

Las autoridades imponen una reducción del consumo de energía eléctrica en horarios de máxima demanda diurna y nocturna y en el informativo de la televisión se dio amplia información de los incumplimientos y violaciones, despertando la alarma en los afectados. El proceder del régimen es siempre el mismo: establecer normas rígidas de control, paralizar la actividad económica y perseguir a los “incumplidores” que no son otra cosa que actores que se resisten a verse paralizados.

¿A qué cree el amable lector que se refieren estas infracciones denunciadas por el régimen? No. No se piensen lo peor. Se trata de cuestiones relacionadas con el uso de aires acondicionados, iluminación, y equipos encendidos en horarios pico. Además, han denunciado otros aspectos de ilegalidades, como el robo de corriente y el fraude energético, sin duda más difíciles de acotar y sancionar.

De forma asombrosa, los dirigentes han estimado que estas prácticas ilegales representan una cuota superior al 10% de la energía que se produce “más del 23% (en total) de la que está en barra”. Parece difícil que estos datos sean ciertos, pero ante la ausencia de otras fuentes de información, si ello fuera así, en el régimen deberían estar más que preocupados porque es evidente que se trata de una clara respuesta de oposición y enfrentamiento social a las normas y restricciones impuestas por el régimen con un porcentaje destacado. Un porcentaje significativo de los cubanos le está diciendo al régimen comunista que por ahí no.

De momento las autoridades quieren hacer frente a las ilegalidades desde las oficinas comerciales de cada territorio, sobre todo echando mano de las funciones de las supervisoras, y para ello dicen que se está formando a los trabajadores que visitan los hogares en cada municipio, para que puedan identificar posibles ilegalidades.

Las prácticas delatorias habituales del régimen castrista trasladadas ahora al ámbito del consumo de electricidad. Al parecer, también están preparando una modificación del sistema de pago a las supervisoras, “de modo que, en cada caso, la remuneración responda a los resultados de su labor”. ¿A alguien le suena qué es esto?

Al parecer esta retribución complementaria tendrá que ver con la calidad de la supervisión; “de modo que, cuando la supervisora revisa con calidad, obliga a que los lectores (de metrocontadores) hagan lo mismo”. Obviamente, la pregunta es simple: ¿pero es que los lectores y los “supervisores” no miden correctamente los consumos? ¿Por qué se tiene que incentivar su trabajo para que lo hagan “bien”? ¿Qué está pasando en Cuba?

Mientras tanto desde el régimen siguen realizando análisis sesudos sobre cómo aprovechar mejor las “reservas de ahorro no explotadas aún” para disminuir demandas. Un camino que difícilmente lleva a ningún sitio teniendo en cuenta que esas “reservas de ahorro” no son tales. ¿Dónde las van a ir buscar? ¿Qué son esas reservas?

Todo esto es consecuencia de la acuciante falta de combustible para producir energía. Un país tiene que tener unas reservas energéticas para afrontar situaciones de escasez en los mercados o de falta de suministro, pero en Cuba, ni eso existe. Un país debe tener solvencia internacional suficiente para acudir a los mercados mundiales de petróleo y comprar a los precios corrientes, pero Cuba es insolvente por su data de impago de deuda desde tiempos de Fidel Castro.

Se vive al día también en consumos energéticos, y por eso, el régimen tiene que lanzar esta campaña de represión de consumos contra entidades y actores económicos que inciden en la problemática. Apretando a los operadores de la economía y reduciendo sus márgenes de actuación no solo paralizan el funcionamiento del sistema económico, sino que crean un abanico de “ilegalidades” que ponen en guardia a los mecanismos de vigilancia y represión. Más de lo mismo de siempre.