El desastre del modelo comercial comunista en Cuba
Elías Amor Bravo economista
En un programa reciente de Mesa redonda se ha abordado la cuestión de la relación de la canasta normada con la bancarización, a cargo de la ministra de comercio Interior, Betsy Díaz, quien comenzó hablando del aumento de la autonomía del sector empresarial desde 2010, especialmente en el sector de la gastronomía, pero que, tras el impacto de la Covid, la crisis económica internacional, las limitaciones propias de la economía cubana y los efectos del bloqueo, debe afrontar nuevos retos.
El principal es la autogestión. La ministra reconoció que la gastronomía ha funcionado principalmente mediante la autogestión con otros actores, no solo las mipymes o cooperativas, sino también los productores agropecuarios y las empresas estatales que realizan producciones en el mercado cambiario, pero que no es suficiente.
El segundo reto es la autonomía de los empresarios, con el desarrollo de unidades de gastronomía de primera y segunda categoría, que se refieren a la red popular con productos de línea económica y comida rápida. Un proceso truncado y a golpes.
El tercero es el impulso a la red de bodegas, que deben convertirse en unidades comerciales del barrio, incorporando otras alternativas y servicios para cubrir en cierta medida el vacío existente en la red de comercio estatal. Difícil será que las bodegas actuales lleguen a eso.
Cualquier planteamiento tiene sentido, menos economía de mercado, libre empresa y derechos de propiedad. Los comunistas ensayan distintas fórmulas, pero se niegan a reconducir la economía cubana al modelo que existe en la mayoría de los países del mundo.
Por eso, este modelo comunista del comercio cubano genera insatisfacciones, que según reconoció la ministra, se concentran en la calidad de los servicios, especialmente en la atención al cliente, lo que afecta a la oferta y la forma de prestar el servicio. Si solo fuera eso.
A continuación, la ministra se dedicó a explicar la evolución del proceso de licitación en el sector comercio que despertó tanto interés en su momento.
En 2014 se licitaron por el Mincin establecimientos que ofrecían servicios de belleza, barbería, peluquería y una parte de la gastronomía, pero como otros tantos experimentos del régimen, el proceso se detuvo por motivos políticos. No fue hasta 2021, que comenzó de nuevo con una participación directa de las Asambleas Municipales controladas por los comunistas, lo que dio al partido único el control del proceso, desde qué locales serían objeto de licitación hasta las actividades concretas a desarrollar.
El partido comunista se hizo con el control y según dicen se ha alcanzado un 78,6% de la meta, de la que tampoco se ofreció información. Se citó como ejemplo las 11 empresas de gestión inmobiliaria especializadas en el arrendamiento, que supervisan y garantizan el cumplimiento de los proyectos presentados. Una cifra realmente baja para un país de la población de Cuba.
Sorprendentemente, la ministra se mostró más satisfecha por el control realizado por el partido a través de las asambleas, que, por la actividad de su propio ministerio, y señaló que la clave está en cómo aprovechar mejor la infraestructura y trabajar con los actores económicos, evitando que realicen comercio en lugares inadecuados, reconociendo la preeminencia del partido en todo el proceso.
Para el refuerzo máximo del control, se creó un Registro Central Comercial, responsable de otorgar los permisos para la actividad comercial. Todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividad comercial tienen la obligación de inscribirse en el registro, incluidas las mipymes.
Hechas estas previsiones iniciales, la ministra explicó la relación del proceso de transformación digital con las actividades del comercio. Cuesta creer que un sector comercio como el que existe en Cuba, atrasado, obsoleto e ineficiente, pueda tener sentido alguno la informatización o digitalización y mucho menos el uso de los pagos electrónicos. Pero la consigna jerárquica es de obligado cumplimiento, y la ministra se las vio para explicar esta cuestión.
En primer lugar, sostuvo que, por increíble que pueda parecer, a pesar de no tener todo el equipamiento y la infraestructura desde el punto de vista tecnológica, los trabajadores han aportado incluso sus medios, sus recursos para impulsar esta actividad. Con relación a la bancarización, se concibió el pago por código QR, empezando por los terminales de punto de venta o los POS en las tiendas de materiales de la construcción, un proceso difícil “porque supuso un cambio cultural en un sector que ha estado 64 años cobrando en efectivo”.
La ministra dijo que, al cierre del mes de junio, antes que se emitiera la Resolución 111, que representa la decisión de bancarizar prácticamente todas las operaciones, existían en la red de comercio 14.369 establecimientos con el código QR en tanto que el mes de septiembre había 20.762 establecimientos, y aunque se creció en 6.000, quedan todavía otros tantos por asegurar este pago. La distancia que queda por recorrer es larga y compleja, pero la ministra aprovechó para dar algunos datos. Tan larga es la distancia, que en septiembre el 4,1% de las ventas del comercio fuera por canales de pago electrónicos.
Ya no se trata de zonas privilegiadas con tecnología sino de provincias donde lo que ha existido es el empeño y el propósito de avanzar en los cobros electrónicos y por ello la ministra reconoció que los dependientes están usando sus celulares bajo un principio de voluntariedad si bien reconoció la existencia de errores en el diseño de las actuaciones de bonificación, por ejemplo.
Habló del papel de las bodegas como agente bancario, una fórmula según la cual el banco asigna a ese agente bancario un peso por cada operación. Un establecimiento, que haya hecho 297.000 operaciones tiene un ingreso no relacionado con su gestión, ni la oferta de productos, por valor de 297.000 pesos, un ingreso financiero que tiene que convertirse en un sistema de pago. Y citó algunos ejemplos, como en La Rampa, en el municipio Plaza donde se penaliza el depósito en efectivo y bonifica el pago electrónico. En el primer caso, hubo trabajadores que ganaron desde 300 hasta 2.000 pesos de incentivos.
La ministra cree que cuando todas las nóminas del país estén bancarizadas una norma jurídica exigirá que todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividad comercial, y que están sujetas a esa inscripción en el registro central comercial, aporten un canal de pago electrónico a los consumidores. Y a esto no lo llama obligar. Al final, todas las actividades comerciales de cualquier subordinación, de cualquier organismo, deben asegurar que estén los canales de pago electrónicos. Ordeno y mando.
En ese sentido, la ministra dijo que se trata de bancarizar la mayor cantidad de flujo financiero, manteniendo el efectivo, pero todo el que realiza actividad comercial tiene que garantizar el medio de pago electrónico. Y aseguró que se dará un plazo a ese proceso. Los sujetos inscritos en el registro comercial tendrán un periodo de tiempo para validar que garanticen ese medio de pago a la población, incluso en los lugares de difícil acceso, y dijo que todas las cabeceras de provincia tienen condiciones para el despliegue de lo que se está planteando.
La ministra cree que existe un proceso de cambio de mentalidad, cultura, donde hay muchas cosas que han cambiado también en el comercio. Y señaló que antes con 20 pesos se compraba la canasta básica, pero hoy la canasta cuesta 180 pesos. En un mercado agropecuario, cualquier producto puede superar las dos libras los 100 pesos, reconociendo el grave problema de inflación que existe en la economía cubana que condiciona el éxito de la bancarización en el comercio.
En este punto señaló que en la transformación digital hay dos ámbitos fundamentales: uno es el comercio electrónico y el otro el gobierno electrónico.
Tan solo el pago por medio de estos canales de pagos electrónicos no es comercio electrónico. En el comercio electrónico existe una deuda con la población ya que reconoció que en el sistema estatal no ha logrado tener estabilidad en las tiendas virtuales que empezaron a funcionar cuando la covid, por déficit de productos, porque no han sido estables las plataformas; pero no se ha renunciado a ello.
En el ámbito del gobierno electrónico, por un llamado del presidente Díaz-Canel en la Asamblea Nacional de diciembre del 2018, relativo a la informatización de las oficodas, comenzó un proceso que ha servido para demostrar cuánto se puede crecer. Es un proceso que se ha hecho sobre la infraestructura de los Joven Club, sobre la infraestructura de contratación de medios informáticos, pero hoy el Registro de Consumidores está digitalizado al 93%. Los casos que quedan pendientes a veces responden a la coincidencia entre lo que dice la ficha única del ciudadano y lo que tiene el libro de la Oficoda, libros además que datan de 60 años donde la caligrafía y demás… Pero es un proceso que se debe concluir en los próximos días y tener digitalizado todo.
Dicha digitalización permitió una depuración efectiva, o sea las personas que salen del país por más de noventa días se les da que baja del registro de consumidores. En este registro también se apuesta por no quedar fuera del sello digital. Hoy todas las Oficodas timbran los documentos, los trámites que se hacen, a través del sello digital.
Y anunció que no se renuncia a que cuando se tenga todo el registro digital y los medios, integrar toda esa base de datos con la base de datos que tiene en el Instituto de Seguridad y Salud del Trabajo, vincularlas para hablar también de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y hacer el trámite en línea, pero hacen falta medios para lograr este objetivo.
Con relación a la multiplicación de los núcleos de más de diez personas, a partir de una caracterización de esos núcleos, la ministra dijo que al cierre del mes de septiembre se han creado 20.062 nuevos núcleos. Para ello no es un requisito tener vivienda y es por decisión y voluntariedad. El 62% de los núcleos que podían hacerlo, lo hicieron. Señaló que en Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud concurrieron todos los núcleos previstos mientras que donde se hicieron la menor cantidad de solicitudes para el desglose de estos núcleos fue en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba.
La ministra dijo que durante meses se ha estado revisando con el Ministerio de Salud Pública las dietas médicas. El sistema de la Oficoda registra las dietas médicas y respalda después los productos. No reconoció la existencia de problemas en el aseguramiento de las dietas médicas, que se sustenta en una norma jurídica que fue emitida en el año 1992. A esa norma jurídica se le hizo una revisión, para eliminar el requisito de renovación de las dietas para las enfermedades crónicas y se estableció su carácter vitalicio. Y ofreció la cifra de 837.980 consumidores: el 76% por ciento de las personas que reciben dieta médica.
En otro momento de la Mesa Redonda, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se refirió a la canasta básica de la población del mes de octubre, y reconoció que en el Mincin se atienden muchos programas, pero la canasta básica familiar normada tiene un seguimiento diario, desde diferentes mecanismos de control. Sin embargo, su funcionamiento deja mucho que desear y es origen de buena parte de las quejas de la población.
Señaló al respecto que el ministro de Economía, Alejandro Gil, explicaba recientemente cuánta dependencia tiene esa canasta de las importaciones y el costo que tienen hoy los combustibles, y así se refirió a la llegada el 29 de septiembre del primer buque de arroz correspondiente al mes de octubre, que coincidió con un déficit de combustible diésel, que es con lo que fundamentalmente se mueve el transporte de carga. Se aseguró por todos los territorios, como prioridad, poder iniciar una distribución fraccionada del producto arroz, con un esfuerzo extraordinario. Pero ¿es que no llega otro buque de arroz en todo el mes?
En total 12.187 bodegas en el país, incluyendo zonas montañosas y de difícil acceso no han recibido el producto arroz, de las cuáles 88 bodegas en la provincia de Granma debido a las lluvias.
Informó que en términos de distribución hay problema con el aceite, que tuvo una afectación de dos meses (julio y agosto). Se está completando el aceite que se empezó a distribuir en septiembre. Hoy está pendiente completar su distribución en Pinar del Río, Matanzas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. El resto de las provincias concluyó la distribución del producto.
También hay problemas con la distribución del azúcar, con la disminución de una libra por consumidor, que va a tener un impacto en los meses de septiembre, octubre y noviembre y señaló que se está completando el producto en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Camagüey, Santiago de Cuba.
Dijo que se estabilizó el producto compota, pese a las muchas afectaciones a inicios de año.
En cuanto a los granos, que también se han tenido que suplir por chícharos, hay un barco en estos momentos operando en Cienfuegos y se asegura el completamiento del grano del mes de septiembre y el correspondiente al del mes de octubre.
Explicó que la situación con los fertilizantes ha obligado a tener que importar más granos. En 2018, por ejemplo, la canasta familiar normada se cubría con frijol de producción nacional, y además se vendía también frijol liberado. Hoy la dependencia de las importaciones es total.
Sobre el café, la ministra del Mincin dijo que ocho provincias entregaron la producción al sistema mayorista y se está haciendo la distribución hacia las fábricas.
En cuanto a la leche, dijo que se está dando fraccionada e incluso con un aporte importante de la leche fluida. Se han dividido los grupos etarios, priorizando los niños de cero a seis meses, los de seis mesas a un año. Aunque a veces desfasados unos días, se ha ido garantizando la leche de los niños. Afectadas las dietas y las embarazadas que no se han podido cubrir.
La ministra dijo que los productos más complejos de la canasta siguen siendo las proteínas. Se ofreció pollo correspondiente a los meses de julio y agosto. La Habana el pollo de agosto lo recibió en el mes de septiembre.
En cuanto al huevo, informó que se corrió en términos de tiempo, pero que está garantizada su distribución en el mes de octubre.
Más adelante, la ministra se refirió a la atención a las personas vulnerables en clave de demagogia. Explicó que el país ha recibido por donaciones un volumen de alimentos que se ha distribuido a toda la población, comprendiendo productos como arroz, pastas alimenticias, granos, azúcar y en algunos casos sardinas y aceite. En un momento determinado, se decidió destinar estos módulos a las familias y las personas en situación de vulnerabilidad, a las embarazadas y a los niños bajo peso.
Por tanto, con alimento donado por países amigos y del Programa Mundial de Alimentos, se han hecho cuatro distribuciones de alimentos que complementan la canasta familiar normada a todos los núcleos del país desde julio del 2021 hasta la fecha.
La ministra dijo que en el sistema de atención a la familia se atiende a más de 56.000 beneficiados, que reciben la canasta familiar normada, y 18.000 de ellos son atendidos por la asistencia social, por tanto, también son personas en situación de vulnerabilidad y en esa coincidencia reciben alimentos por tres vías.
En cuanto a los uniformes escolares y la canastilla, la ministra del Mincin dijo que son dos programas muy dependientes de las importaciones. En los uniformes se priorizaron los grados iniciales y prácticamente está financiado todo el tejido para los uniformes y eso ha permitido continuar entregando los uniformes gradualmente.
La canastilla ha estado un poco más afectada ya que desde agosto de 2022 hubo déficit de los módulos textiles, de los colchones. La situación es de tal gravedad que Marrero hizo un llamado para buscar alternativas, poner en su máxima capacidad los atelieres, los actores económicos que se dedican a la actividad de confección que puedan participar con responsabilidad social en ese programa y poder cubrir tanto las cunas como los colchones y la canastilla.
Ave Maria purísima
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