Sin estado de derecho liberal occidental, el asesoramiento jurídico y empresarial no funciona

Elías Amor Bravo economista

Estando como están las cosas, a los dirigentes comunistas cubanos no se les ocurre otra cosa que anunciar un proceso de actualización de las normas jurídicas para los actores económicos. La idea, al parecer, ha surgido en un simposio sobre asesoramiento jurídico y derecho empresarial que durante tres días sesionó en La Habana.  

La iniciativa llega justo a dos años del nacimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y al parecer, en medio de una polémica cada vez más intensa sobre lo que representan estas entidades para la economía. Frente a la presión absorbente del régimen comunista, que trata de frenar y controlar las mipymes, hay un sector que identifica a las mismas con intereses ocultos, y no tan ocultos, de la seguridad del estado y del ejército, para salvar las limitaciones del contencioso con Estados Unidos. Y de ese modo, con la economía sufriendo las consecuencias nefastas de la estanflación y la ruptura de equilibrios interno y externo, los dirigentes comunistas han decidido, por sorpresa, lanzar un proceso de revisión y actualización de las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de los actores económicos, incluidas las mipymes. Una iniciativa que algunos sitúan al máximo nivel del régimen, en manos de Marrero.

La prensa estatal informa que el cónclave donde se presentó esta iniciativa, reunió en el Palacio de Convenciones a más de 470 asesores jurídicos, consultores y abogados, entre otros profesionales del sector, a los que el régimen les otorga la función de “actuar prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad” lo cual no es cierto y puede ser mal interpretado. Marrero apuntó que esta circunstancia está en “correspondencia con lo que establecieron las propias normas jurídicas, y en ese encargo labora un grupo de trabajo multidisciplinario”.

Al parecer, dicen que hay voluntad política con la decisión de reformar las normas jurídicas, e incluso Marrero anunció que “existe un consenso en avanzar a partir del incremento de los actores económicos en el país”.  El eterno consenso del régimen con ellos mismos, la presunción errónea de homogeneidad y uniformidad en la sociedad cubana, que tanto daño ha hecho a la economía nacional.

Según Marrero, en este proceso de actualización de las normas jurídicas siempre habrá “distorsiones que arreglar y conducir” sin hacer mención de cuáles son, por otra parte, bien conocidas de todos los que en estos dos años han intentado sacar adelante una mipyme con todas las trabas y obstáculos existentes. Sorprendentemente, Marrero señaló algunas cuestiones relacionadas que deben cambiar, como por ejemplo, el nivel de aprobación de las mipymes, que actualmente está en manos de la jerarquía comunista al ser autorizadas por el ministerio de economía y los plazos de tiempo en que se realiza. Al parecer, las quejas por la tardanza del proceso empiezan a ser muy numerosas.

Otro ámbito en el que también se trabajan, según informó Marrero, es la actualización de la lista de las actividades prohibidas para todos los actores económicos, que fue uno de los aspectos más cuestionados en su momento. Y por otro lado, dijo que se estudia la creación de dos instituciones: una para atender los actores económicos no estatales, y otra para la empresa estatal socialista, sancionando así la distribución que los comunistas mantienen en la economía cubana y que no son capaces de superar por motivos ideológicos. 

De hecho, Marrero dijo al respecto que “estamos convencidos de que será para bien de todos; y eso lleva, por supuesto, una gran participación de ustedes, por la responsabilidad en la implementación y control de las normas” dirigiéndose a los asistentes al cónclave.

Y aquí fue donde Marrero centró su intervención, según informa la prensa, al señalar que “el asesoramiento jurídico a los nuevos actores económicos es uno de los grandes retos que existen en el país”. Un mensaje que despertó no poco interés entre los asistentes, al pensar la apertura al ejercicio privado del derecho y de otras profesiones de consultoría. Apenas duró un instante, porque a continuación Marrero volvió sobre sus pasos y dijo que, “si algo siempre vamos a defender, es lo que expresamente está en la Constitución de la República: que el ente principal de nuestra economía es y será la empresa estatal socialista”. 

Un gran chaparrón cayó sobre los asistentes al simposio que pensaron en la normalización progresiva de la economía cubana, estando por allí de invitado el presidente del consejo de gestores administrativos de España, representante de una profesión ejercida por decenas de miles de profesionales que resuelven no pocas situaciones derivadas del marco económico. Pero que nadie se llame a engaño, el modelo comunista cubano está amarrado y bien amarrado. Quienes crean que pueden producirse cambios, están equivocados.

¿Ejemplos? Presten atención a qué quiere Marrero que se dediquen estos profesionales. Por ejemplo, “el asesoramiento a los gobiernos municipales y provinciales, en el perfeccionamiento de los proyectos locales, de la contratación económica, la inversión extranjera, la administración pública, así como los servicios legales a las sociedades mercantiles”. 

Burocracia y trámites. Nada nuevo bajo el sol. Marrero dijo algo tan simplón y en clave de arenga barata, como que “los asesores jurídicos deben estar bien preparados profesionalmente, y actuar con ética”. ¿Es que acaso existe otro modo de proceder? Y después, añadió que “se les reconoce su protagonismo, participación y apoyo a los procesos de perfeccionamiento de nuestra sociedad, en lo que estamos comprometidos todos. El papel de ustedes en estos momentos complejos es clave”. Increíble que en estas estamos 64 años después.

Y claro, como en el régimen comunista cubano no hay dos sin tres, Marrero finalizó su discurso a los asistentes al simposio pidiéndoles que “continúen trabajando en la informatización de la actividad jurídica para lograr agilidad, transparencia, control y reducción de los trámites de la población”. ¿A qué les suena? Bancarización de los pagos de los servicios prestados por estos profesionales, se acabó lo de pagar en efectivo. Cualquier oportunidad sirve, aunque sea inoportuna, para dar traslado del ordeno y mando de la jerarquía comunista. Así están las cosas.

Luego, llegó el momento del esparcimiento cuando el dirigente comunista cubano Marrero se entrevistó con Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, que según dijo la prensa estatal andaba por la Isla “en cumplimiento de una agenda de trabajo con el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de nuestro país”. Curiosamente, el apellido Santiago es bien conocido y apreciado por los dirigentes comunistas cubanos, no en vano, Enrique Santiago dirigente comunista español suele viajar a la Isla con frecuencia, donde es recibido como lo que es, amigo y defensor del régimen de los Castro. No parece que exista parentesco entre ambos, de modo que la coincidencia de apellidos es intrascendente.

Lo que no es baladí es la sarta de desinformaciones que Marrero ofrecio al representante de los gestores administrativos de España al señalar que en Cuba “se labora para garantizar la transformación digital del Registro del Estado Civil, el de la Propiedad de Inmuebles, el Mercantil y la Actividad Notarial”, una  labor desconocida, de la que no se conoce resultado alguno y que no se corresponde con la realidad. Por otro lado, en esa búsqueda incesante de financiación en cualquier sitio, Marrero pidió al español apoyo al “trabajo de conjunto en la cooperación técnica para el desarrollo de softwares y aplicaciones informáticas”. Dinero contante y sonante.

En este punto, una llamada de atención resulta necesaria y conveniente. 

La primera es conocer qué ocurrió con los gestores administrativos que existían en Cuba antes de 1959 y como la revolución comunista, el mismo régimen que existe ahora en la Isla, los expropió, nacionalizó y confiscó, obligando a muchos de ellos a huir del país. Por cierto, un número destacado se estableció en España, donde el marco de la actividad era similar al de Cuba y pudieron organizar sus vidas en la madre patria cuando se vieron obligados a huir de Cuba. 

Segunda, una advertencia, hay que ser cautos con la interpretación de lo que se entiende por voluntad política de los comunistas cubanos “para impulsar la gestión de las instituciones que prestan servicios legales y la preparación de los profesionales del sector”. Básicamente, porque, en realidad, ni hay esa voluntad política de hacer nada, ni el menor interés que no sea obtener alguna financiación para llegar a fin de mes. 

En suma, poco o nada pueden sacar los gestores administrativos españoles, una profesión de reconocido prestigio en España, de la colaboración con los comunistas cubanos. Nada. Lo mejor es no caer en las redes que se tejen por los dirigentes del régimen, y que luego acaban dando muy malos resultados.

Este III simposio nacional de asesoramiento jurídico y derecho empresarial ha pasado sin pena ni gloria con mensajes inquietantes y mucha verborrea. El sistema comunista cubano tiene mucho que avanzar para situarse en plano de igualdad con el que existe en otros países. Donde no funciona el estado de derecho liberal occidental, defender intereses jurídicos y empresariales, es caso perdido. Los gestores administrativos de todos los países de mundo, lo saben.